La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona, imitando al Parlamento de Navarra la semana pasada (lo que evidencia que el cuatripartito se encuentra en plena campaña para influir sobre la Justicia), aprobó ayer una declaración de solidaridad con Clemente Bernad y Carolina Martínez, los acusados de instalar un sistema de espionaje con cámaras y micros ilegales en la cripta de uso privado del Monumento a Los Caídos.
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El texto, casi idéntico al del Parlamento, asimismo fue aprobado por puntos.
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El primer y el quinto punto fueron apoyados por Bildu, Geroa Bai, PSN, Aranzadi e IE y rechazados por UPN. En el primer punto, el Ayuntamiento «manifiesta su solidaridad con Carolina Martínez y Clemente Bernad, cuya labor de investigación se ha visto criminalizada, anteponiendo la protección de la intimidad de los verdugos al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, la historia, así como la sociología de la ciudad de Pamplona«. En el quinto punto, se recoge que el Ayuntamiento «iniciará con carácter inmediato el proceso para recuperar para el Ayuntamiento el uso de la cripta del Monumento a los Caídos, actualmente cedida al Arzobispado de Pamplona, para proceder a su clausura, impidiendo así los continuos actos de enaltecimiento del franquismo y humillación de sus víctimas«.
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El segundo y tercer puntos se aprobaron con los votos a favor de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e IE, el voto en contra de UPN y la abstención del PSN. En ellos el Ayuntamiento «se opone a la persecución judicial de quienes realizan su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión«. Además se rechaza que la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz tenga legitimidad para presentar la denuncia y reclama su ilegalización.
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La Comisión de Presidencia aprobó por unanimidad el cuarto punto de la propuesta, en le que el Ayuntamiento de Pamplona «expresa su compromiso con el cumplimiento de las leyes de memoria histórica que garanticen la verdad, justicia y reparación de la ciudadanía navarra y la no-connivencia con cualquier tipo de acto de enaltecimiento del franquismo que suponga un ataque de la dignidad de sus víctimas».
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Una vez más nos encontramos ante un hecho de extrema gravedad porque nos encontramos con que tanto el Ayuntamiento de Pamplona, como el Parlamento de Navarra, justifican escuchas ilegales y violaciones de derechos según la ideología de la victima.
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La declaración aprobada por el cuatripartito pone de manifiesto que cuando a la extrema izquierda y al nacionalismo le estorban los derechos de la gente, se los saltan.
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Los mismos partidos que homenajean a personas, aunque fueran terroristas, porque el estado o sus funcionarios conculcaron sus derechos, ahora resulta que, cuando depende de ellos, apoyan que se conculquen los derechos de personas en función de su ideología.
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Los espiados, cuyo delito es que simplemente acudían a una misa o rezaban un Via Crucis en la cripta, por personas, acaso familiares, muertos hace 80 años, son calificados en la nota del Ayuntamiento como “verdugos”. Es decir, como personas que han matado a alguien. Y ante esa calificación del Ayuntamiento sin juicio, sin derecho a la defensa y sin posibilidad de apelación, el consistorio anula sus derechos.
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A colocar microcámaras y micrófonos ocultos para el espionaje en una zona de uso privado, el Ayuntamiento lo considera legítimo, sin esperar el pronunciamiento de los tribunales, o tratando de interferir en el pronunciamiento de los tribunales, considerando que realizar un documental justifica el espionaje la colocación de cámaras ocultas. Como si un documental sobre el Ayuntamiento de Pamplona justificara la colocación de micros y cámaras ocultas en el despacho de Asirón. Con la llegada al poder de Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU, se ha normalizado la anormalidad de que, cada vez que alguien de ideología afín a ellos es acusado de un delito, las instituciones del ejecutivo y el legislativo se manifiestan diciéndole a la Justicia que tiene que rebajarles la pena o declararlos inocentes.
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Al expresar su intención de recuperar el uso de la cripta, el Ayuntamiento reconoce que el uso de la cripta no le corresponde, por lo que mina el argumento de los acusados de que estaban autorizados por el Ayuntamiento para hacer lo que quisieran en todo el edificio. Obviamente, además, el Ayuntamiento no puede autorizar una ilegalidad y, aunque lo hiciera, no serviría de nada a efectos legales esa autorización.
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El Ayuntamiento, al decidir ahora quitarle al Arzobispado el uso de la cripta, cosa que habría que ver si puede hacer unilateralmente (salvo en el ejercicio de esa filosofía en virtud de la cual las personas tienen o no derechos según su afinidad con el Ayuntamiento), por otra parte viene a reconocer que este acto sería una venganza desencadenada por la denuncia de los espiados, lo mismo que la amenaza de ilegalizar su Hermandad, al punto que si no hubieran denunciado nada no se habrían anunciado aquí y ahora estas represalias.
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En el mismo sentido, la nota del Ayuntamiento viene a determinar que en la cripta se estaban llevando a cabo continuos actos de exaltación del franquismo que se hubieran seguido tolerando si no se hubiera denunciado a los espías. O que esos actos de exaltación no se consideraban como tales hasta la denuncia contra los acusados. Esos continuos actos de exaltación del franquismo básicamente consostirían en rezar por los muertos, también los del otro bando, lo cual ha decidido el Ayuntamiento que son actos de exaltación de nuevo de forma sumarísima, extrajudicial, unilateral y sin derecho a defensa.
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Los que han manifestado un comportamiento fascista son quienes, presuntamente, se dedican a denunciar el fascismo
Aunque a muchas personas todo esto les pueda parecer una cuestión menor, en realidad se trata de algo muy preocupante por el tipo de principios que están en juego y porque quienes los amenazan no son un grupo de ultras que le rayan el coche a una persona, sino cinco fuerzas políticas con mayoría en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Navarra. Mientras los demás defendemos los mismos derechos para todo el mundo, hasta para los etarras, el cuatripartito y el PSN defienden unos derechos para los suyos y otros para el resto. O más bien, quienes no piensan como ellos no tienen derechos y el resto sólo tiene derecho a pensar como ellos, cosa de la que se dará cuenta de la peor manera en cuanto dejen de hacerlo.
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3 respuestas
yo también creo que sería correcto espiar con cámaras a esas POBRES GENTES del mundo ABERTZALE, para ver, y como segun parece por las caras que tienen, SOLO TIENEN SEXO EN SOLITARIO…., y poder sacar conclusiones si estoy en lo cierto o no jajajajaja…..
Supongo que el Ayuntamiento y el Parlamento, en aras de no preservar la intimidad de los verdugos, será también partidario de colocar cámaras en servicios, vestuarios y probadores de ropa que pudieran ser usados (o que, de hecho, sean usados) por verdugos, familiares y otras personas igualmente despreciables entre las que no se encuentran, obviamente, las que han ejercido realmente de verdugos, familiares y otras personas igualmente despreciables durante los últimos cuarenta años. (Claro que, en este último caso, a veces no sabrían si colocar cámaras o espejos)
Bildu es el que debiera ser ilegalizado por no condenar a los auténticos verdugos, a los etarras, y no unos pacíficos ciudadanos que tienen derecho a rezar por quien quieran.
El resto de partidos está demostrando también ser bastante antidemocrático. La ley de Memoria histérica impone una versión falsa y totalitaria de la historia. Debe ser suprimida cuanto antes. Por mantenerla en vigor estamos padeciendo una política basada en la falacia, que aspira a imponer un pensamiento único, fraudulento y que aprueba la comisión de delitos, como la violación de la intimidad.
El cuatripartito ofende el recuerdo y la dignidad de la gran mayoría de nuestros antepasados: los que defendieron España y su fe, los carlistas.