Presentado a menudo como un derecho de la mujer o un servicio público, el aborto en España es un negocio privado. Las cifras no dejan lugar a dudas. El 98% de los abortos se realiza en clínicas privadas. Paralelamente, el 98% de los abortos se acogen al vidrioso supuesto de riesgo para la salud física o psicológica de la madre, carente de plazo máximo. Es por ello que los médicos de los centros públicos se sacuden este 98% derivándolo hacia las clínicas privadas. Cuando se habla de que en Navarra no se realizan abortos en la sanidad pública, suele olvidarse este dato. El caso de Navarra tampoco es extraordinario. Según los último datos disponibles, en 2007 tampoco se practicaron abortos en Extremadura, Murcia, Castilla-León ni Castilla-La Mancha. Huelga decir que alguna de estas comunidades ostenta desde tiempo inveterado un gobierno socialista. El aborto, datos en mano, no es por tanto un asunto de la sanidad pública sino un negocio privado. El 98% de los abortos los médicos los derivan a abortistas profesionales. Lo único claro respecto a estas clínicas es la relación aborto-beneficio: más abortos, más beneficios.
45 millones de euros.
En 2007, se acabó en España mediante el aborto con la vida de 112.138 niños. En el 88% de los casos se produjeron en los tres primeros meses de embarazo. Acudiendo a las tarifas de una clínica abortista cualquiera, podemos cuantificar en unos 350 euros el ingreso medio por cada uno de esos 98.000 abortos practicados. En el resto de casos, hasta los 112.138, el precio medio por aborto puede rondar los 800 ó 900 euros. En total, hablamos de un negocio que mueve anualmente en España unos 45,5 millones de euros.
El caso navarro: 700 abortos anuales.
En los últimos tiempos se ha venido especulando con la posibilidad de que se instalara en Pamplona una clínica abortista privada. Como revelan las cifras anteriores, la razón de que se instale o no una clínica de esta especie no se encuentra relacionada con el hecho de que se practiquen o no abortos en la sanidad pública. Recordemos de nuevo que el 98% de los abortos en toda España se cometen en centros privados. La razón, por tanto, es más probable que se encuentre en las perspectivas económicas del negocio. Los 700 abortos navarros anuales suponen sólo alrededor de un 0,6% del total de abortos nacionales. Según el baremo de precios anteriormente aplicado, los ingresos de una clínica abortista en Navarra rondarían los 280.000 euros. Probablemente existen todavía regiones con una proyección empresarial mucho más apetitosa. Sin embargo, resulta difícil excluir cualquier posibilidad ante políticas de información y prevención que, en la práctica, en vez de reducir los embarazos no deseados dan lugar a aumentos de la tasa anual del número de abortos del 10%. Una tasa que muy probablemente replica el crecimiento de los beneficios.
Cifras y letras.
Pasamos por último de las cifras a las letras. Concretamente a las leyes. En los últimos tiempos han confluido dos movimientos paralelos. Por una lado, el Tribunal Supremo ha dado un golpe de gracia a la objeción de conciencia en España. Por otro lado, el gobierno prepara una reforma legal que cambiará totalmente la naturaleza del aborto. El aborto, que en este momento es un delito no penalizado en ciertos supuestos, pasará a ser un derecho limitado a ciertos plazos. Los médicos que no quieren ser obligados a practicar abortos ya han advertido una amenaza ante este movimiento.
