No era la semana pasada, sino en abril del año 2003, cuando en el Parlamento Vasco el portavoz parlamentario de EA, Rafael Larraina, ofrecía a Batasuna las listas de EA para burlar la Ley de partidos. Larraina señalaba como condición del acuerdo que Batasuna admitiera que «es inadmisible cualquier violación de derechos humanos en general y en concreto» y que «no admitimos la interferencia en la voluntad de la sociedad vasca ni de ETA ni de Aznar».
Otegi tomó la palabra a continuación para afirmar que la izquierda abertzale «recoge el guante lanzado en los términos en los que exactamente» los planteó el representante de EA. Otegi se mostró partidario de mantener una reunión oficial entre los representantes de la izquierda abertzale y EA con el fin de «explorar» las posibilidades que, en los términos que se ha planteado la propuesta de Larreina, «hicieran posible un acuerdo que permitiera a los abertzales y progresistas de este país garantizar su presencia en el conjunto de territorios y de pueblos de nuestro país». Otegi tenía claro ya entonces que «la posición de Larreina no es personal sino que es de EA».
Lo significativo del caso es que ya en 2003 encontramos los mismos elementos que se repiten idénticos en la situación actual: oferta de asociación de EA, condicionamiento al respeto a los derechos humanos por parte de Batasuna, exigencia de que ETA no interfiera, y aceptación de Batasuna “exactamente” en esos términos. Por consiguiente, se puede afirmar con absoluta rotundidad que el acuerdo firmado entre Batasuna y EA no responde a ninguna novedad ni a ninguna evolución ni en los planteamiento de EA ni en los planteamientos de Batasuna.
El problema es que nos hemos molestado en hacer la cuenta y, desde entonces, ETA-Batasuna ha asesinado a 15 personas. Ello da idea del historial de firmeza y sinceridad de unos al establecer supuestas exigencias, y de la voluntad real de los otros a la hora de cumplir con ellas.