Ayer les explicábamos cómo la promotora pública del Gobierno de Navarra, VINSA, puede hacerse con una cartera de suelo sin ninguna de las dificultades que encara una empresa privada. Cada vez que una promotora privada adquiere un terreno, la ley le obliga a ceder gratuitamente el 10% al ayuntamiento. Posteriormente, el ayuntamiento puede vender a VINSA el terreno a un 17,5% del precio de mercado de la VPO (el porcentaje del valor del suelo que se puede repercutir en el precio de la VPO). Pero el ayuntamiento no sólo puede vender a VINSA. Otras dos alternativas de progreso son las promotoras ligadas a UGT y CCOO: Plazaola y VITRA.
Promoviendo a costa del diezmo y al 17,5%.
El boom inmobiliario ha permitido a los ayuntamientos navarros acumular grandes cantidades de suelo a base de recalificar terrenos. De cada terreno que pretende urbanizar un promotor privado, empeñando para ello su propio patrimonio, la ley atribuye un diezmo (literalmente) al ayuntamiento. El terreno así conseguido, el ayuntamiento puede venderlo a los sindicatos para que se encarguen ellos de la promoción de vivienda protegida. A diferencia de los empresas promotoras del sector privado, ni siquiera tienen que acudir a un concurso para recibir el encargo. El precio que pagan los sindicatos por los terrenos que les venden los ayuntamientos, al igual que VINSA, es el 17,5% del precio de la VPO. Es decir, justo el 17,5% que pueden repercutir en el precio. Las cooperativas promotoras ligadas a los sindicatos UGT y CCOO son Plazaola y VITRA. En los últimos años han promovido, compitiendo con ventaja contra el sector privado, pero también como hemos visto a costa de él, miles de viviendas protegidas en Navarra.
Soto de Lezkairu.
Como les hemos venido explicando, la VPO tiene al menos dos claros efectos negativos. Por un lado, conforme aumenta el porcentaje de vivienda destinada a VPO, disminuye el porcentaje de vivienda libre que sale al mercado. Al disminuir la oferta, sube el precio de la vivienda libre haciéndola más inaccesible y creando un círculo vicioso. El segundo efecto es que la VPO, al venderse por un precio limitado y por debajo del precio de mercado, obliga al promotor privado a repercutir sus costes sobre la vivienda libre, creando un nuevo mecanismo que reincide en su encarecimiento. Para que se hagan una idea podemos ofrecerles el dato de que, en Soto de Lezkairu, la repercusión del precio del suelo en una VPO es de unos 4 millones de las antiguas pesetas. En el caso de la vivienda libre, la repercusión es de unos 30 millones. La diferencia resulta escandalosa y los promotores privados asumen que la vivienda libre que se pudiera construir allí resultaría invendible.
La guinda de la tarta: que las VPO de los sindicatos no se adjudiquen por convocatoria pública.
Una vez explicada no sólo la existencia de estas promotoras “de progreso”, sino las condiciones de ventaja con las que operan respecto al sector privado, podemos entender mejor su interés por adjudicar las VPO que promueven sin previa convocatoria pública. La iniciativa la presentó el PSN intentado que se incluyera en la nueva e inminente Ley de Vivienda. De momento la propuesta ha tropezado con la oposición del resto de los grupos. Si sumamos las condiciones de ventaja de la promoción pública, un ayuntamiento de un determinado color político, una promotora “de progreso”, más una adjudicación de las VPO al margen de la convocatoria pública, tenemos la integración vertical del negocio perfecto. Menos mal que existen estas promotoras para defendernos del sector privado.
