El COVID nos ha permitido conocer hasta dónde puede llegar el gobierno saltándose la ley, multando ilegalmente, abusando de su poder y atropellando los derechos fundamentales, para combatir de forma totalmente ineficaz una emergencia sanitaria. Sin que al gobierno le pase nada.
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Desde luego esto sienta el precedente de que ante otra emergencia el gobierno vuelva a responder con medidas no sólo totalmente ilegales, sino absolutamente abusivas y lesivas de los derechos fundamentales. Pero no sólo en terreno de la salud, sino en cualquier otro terreno. En el terreno económico, por ejemplo.
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De si vamos a vivir o no futuras pandemias podemos tener dudas, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que vamos a vivir futuras emergencias económicas. Por un lado porque las emergencias económicas llegan más tarde o más temprano como poco desde los tiempos bíblicos, que tengamos constancia, y por otro porque estamos gobernados por el tipo de gobiernos y de políticas que no podrían llevarnos más que de emergencia económica en emergencia económica. Que más pronto que tarde nos vamos a tener que enfrentar a una emergencia económica es por tanto una cosa segura, la cuestión es hasta dónde podrían llegar los atropellos del gobierno para tratar de afrontarla.
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Haremos bien entonces en preguntarnos, por si de ese modo podemos prepararnos de alguna forma contra ello, qué tipo de atropellos equivalentes a los de la pandemia podría dar a luz el gobierno en una emergencia económica, y lamentablemente se nos ocurren unos cuantos.
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Para empezar, ya que parece el último globo sonda lanzado por las terminales mediáticas de PODEMOS-PSOE, podríamos encontrarnos con la confiscación de las herencias. Por supuesto a esto la propaganda izquierdista no lo llama robo sino justicia. La herencia, como institución, sería una forma de perpetuar la desigualdad. La única forma de combatir la desigualdad es volver a repartir las cartas cada vez que alguien se muere, para que sus hijos no queden en una situación ventajosa sobre los hijos de los demás.
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¿Son justas las herencias? ¿Existe la igualdad de oportunidades mientras existan estos legados? @antoniomaestre lo tiene claro en @lasextacolumna https://t.co/Itqe4lUimm
— laSexta (@laSextaTV) June 3, 2022
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Otro atropello concebible sería la confiscación de los planes de pensiones privados. En primer lugar porque sabemos que va a haber un problemas con las pensiones públicas futuras, porque el gobierno está extendiendo cheques sobre las pensiones que de ninguna forma va a poder pagar y porque de hecho esto es algo que ya se ha visto y ya se ha hecho en Argentina, y no sólo se ha hecho sino que se hizo sin que pasara nada. No resulta inconcebible por tanto que eso mismo pudiera pasar en cualquier otro lugar con un gobierno con igual desprecio por la propiedad.
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En Argentina ya sucedió en 2008:
El Gobierno argentino nacionaliza por sorpresa el sistema privado de pensiones https://t.co/x2EFCS9HFi vía @elpais_america
— El Observador (@GersinB) June 1, 2021
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Finalmente, el FMI en uno de sus informes barajó ya en 2013 que ante un estado de alarma económico los gobiernos pudieran proceder a una confiscación general del 10% del patrimonio de cada persona. Ya no hablamos por tanto de un globo sonda del PSOE y Podemos, o de una medida kirchneriana, sino de algo contemplado por el propio Fondo Mundial Internacional, el FMI.
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Que el gobierno quiera quitarnos todo lo que tenemos no es algo que debamos contemplar como una hipótesis descabellado. Todo lo contrario, en realidad es la ambición de todo gobierno, casi por naturaleza, no digamos si hablamos de gobiernos socialistas, ya que el socialismo y la igualdad por definición no pueden imponerse si existen la libertad y la propiedad. No puede haber gente que haga cosas distintas y tenga resultados distintos y pueda disfrutar de ellos si todo el mundo tiene que ser igual. La cuestión por tanto no es si al gobierno se le puede pasar por la cabeza intentar quitarnos todo lo que tenemos para salvar una crisis, sino cómo lo justifica y qué tipo de barreras legales para hacer eso se puede encontrar.
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Respecto a la justificación, las emergencias siempre son el mejor marco para posibilitar cualquier atropello, como hemos visto con el COVID. Aquí al amparo de una emergencia sanitaria no sólo se han suspendido ilegalmente derechos fundamentales, se ha cerrado el Parlamento o se han declarado estados de alarma ilegales, sino que al gobierno no le ha pasado nada por hacerlo. Naturalmente cerrar el Parlamento, declarar estados de alarma ilegales o suspender derechos fundamentales no ha tenido ningún efecto sobre la pandemia. Es decir, poner el país en toque de queda o impedir el derecho de circulación no se ha visto que disminuyera las muertes y contagios respecto a cuando no han existido esas limitaciones. Por supuesto cerrar el Parlamento, aparte de dejar al gobierno sin oposición y sin tener que dar explicaciones, no tuvo ninguna trascendencia sanitaria. Y en cuanto a las cosas que sí podían tener trascendencia sanitaria, se violentaron nuestros derechos fundamentales con la excusa de nuestra salud mientras al mismo tiempo se nos desaconsejaba la mascarilla en plena primera ola. En el momento en que se produzca una emergencia económica, por consiguiente, el gobierno tendrá una excusa perfecta para tomar las medidas que quiera diciendo que son para salvarnos, sean respetuosas de nuestros derechos o no.
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En cuanto a las barreras legales que el gobierno pueda encontrar para pulverizar por ejemplo el derecho a la propiedad, no está claro que podamos ser más optimistas que con otras ilegalidades cometidas por este gobierno. Por un lado el gobierno no tiene ahora un objetivo más prioritario (ya medio conseguido) que el de intentar controlar por completo al poder judicial. Por otro lado, hemos visto que los tribunales han declarado ilegales los estados de alarma o el cierre del parlamento, o han condenado a los separatistas golpistas catalanes, pero eso al final no ha tenido ninguna trascendencia. Las mayores ilegalidades y atropellos de los derechos quedan impunes, incluso aunque los tribunales mostrando cierta independencia residual los declaren. Desde luego no hemos asistido a ninguna consecuencia más allá del ámbito declarativo. Los tribunales no impidieron los atropellos en el momento de producirse y tampoco ha habido consecuencias posteriores para los responsables de aquellos actos. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Cómo estar entonces seguros de que no podamos ver algo parecido en el momento en que se declarara algo así como un estado de emergencia económica si el estado de derecho hace tiempo ya que es una entelequia? Si nosotros somos conscientes de semejante brecha cómo no lo va a ver el poder y, sobre todo, llegado el momento, cómo va a resistir a la tentación de intentar aprovecharla sabedor de su impunidad.
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