A la hora de hacer el balance de legislatura sobre cómo ha sido la gestión del cuatripartito, la corrupción tiene que ser uno de los principales elementos.
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Distraídos con otras cosas, como la demolición de Pío XII y la amabilización del Monumento a los Caídos, quizá el pamplonés de a pie no retenga en su memoria la ristra de irregularidades que sacuden el historial del cuatripartito desde que empezó a controlar el ayuntamiento.
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Tan poco tardaron en empezar a aparecer irregularidades en el Ayuntamiento de Pamplona que ya en el otoño de 2016 UPN denunciaba que el área de Participación Ciudadana (controlada por Aranzadi-Podemos), se había contratado irregularmente al ex alcalde de Barañáin (Nafarroa Bai), Floren Luqui, dándose la circunstancia de que este era ex compañero del director del Área, Axel Moreno, y ex socio de Andoni Iso, los cuales eran el presidente y uno de los vocales del tribunal que procedió a la contratación de Luqui. El Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Pamplona confirmó posteriormente la total irregularidad del proceso de contratación.
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Apenas unos meses después, en febrero de 2017, volvió a evidenciarse el hedor a corrupción cuando el Tribunal Administrativo de Navarra tumbó la adjudicación a la empresa Nommad de un contrato de 27.164,50 euros por el llamado “proceso participativo sobre movilidad en el Casco Antiguo”. El presidente de la mesa de contratación era Axel Moreno, cuyo nombre también aparecía en el caso anterior, ex socio de una de las dos personas que forman la empresa Nommad. Significativamente el contrato no se había adjudicado a la empresa que más puntos había obtenido en el proceso de valoración, sino que se excluyó a ésta por un supuesto defecto de forma, para otorgárselo a Nommad.
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Tras los rotundos pronunciamientos del TAN y el Juzgado Contencioso Administrativo, tanto Axel Moreno como Alberto Labarga abandonaron sus cargos, pero alegando supuestas razones personales y sin reconocer sus responsabilidades políticas ni el cuatripartito señalárselas. En realidad, aunque hemos escrito “tras” los pronunciamientos de los tribunales, Moreno y Labarga abandonaron sus cargos con ocasión de esos pronunciamientos, al conocerse el sentido que iban a tener al hacerse públicos, pero no tras ellos, evitando en lo posible y hasta con cierto éxito el eco mediático.
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En la cronología de la corrupción en Pamplona, ayer se produjo un nuevo hito al dictaminar el TAN que Asirón también se saltó la ley para ceder el Palacio Redín y Cruzat a entidades afines. El TAN llega a afirmar que “pese a la ingeniería dialéctica vertida por el Ayuntamiento para defender la legalidad del acto impugnado no podemos estimar las alegaciones vertidas al respecto” y que la participación que pregona el Consistorio de Asirón “no es tan abierta como se pretende defender”.
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De este modo, el TAN descubre que el mismo día de la aprobación del Decreto de Alcaldía, 19 de enero, ya se publicó que se iba a celebrar la primera asamblea del centro, y que con fechas 20 y 25 de enero se hizo entrega de las llaves del Palacio a varias personas como representantes de dicha asamblea, cuando hasta el 19 de febrero no se publicaron en el Portal de Contratación las instrucciones de utilización del edificio, “cuando ya estaba constituida la asamblea y sus únicos efectos son, como decimos, de información pública, y no implica ningún acto de inicio de licitación, concurrencia, etc…”.
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Asirón cedió irregularmente un edificio público para ensuciar la Javierada a costa de todos
Cabe recordar que la cesión, ahora se ve que totalmente irregular, del Palacio Redín y Cruzat a Plazara, fue la que sirvió para acoger la exposición en la que un cuadro relacionaba las Javieradas con Franco y con Hitler. UPN señaló además cuando se desató aquel escándalo que llevaba tiempo pidiendo información sobre el proyecto Plazara y los responsables de su grupo motor, porque había pasado por él hasta el antiguo concejal de Participación Ciudadana, Alberto Labarga, que vuelve a aparecer una vez más en esta cronología de la corrupción, y porque en general se veían en Plazara “caras muy conocidas de gente muy afín a miembros del equipo de gobierno municipal”. Todo esto adquiere especial gravedad ahora que el TAN determina que la cesión a estas personas del Palacio Redín y Cruzat fue irregular.
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Reparto de patrimonio público entre colectivos afines
A todo lo anterior podríamos sumar la decisión del TAN en junio de tumbar también la cesión del edificio Antzara en Mendillorri, aunque según denuncia UPN “ahí siguen los mismos que lo usaban, sin regularizarse la cesión, sin dar la oportunidad a otros colectivos a utilizarlo y organizando fiestas hasta altas horas de la mañana, donde según denuncias vecinales se vende alcohol a menores”.
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La lista no puede excluir tampoco a los okupas del Chalet Caparroso, o a los del Palacio de Rozalejos, otro inmueble público, propiedad de todos los navarros, que ha sido graciosamente entregado a los okupas para montar una herriko taberna al margen de toda legalidad fiscal, laboral, sanitaria o de seguridad, lo cual a su vez puede dar lugar a otra irregularidad más cuando, como parece previsible, se les permute Rozalejos por el Oscus, otro edificio aparentemente mejor preparado para pasar el invierno.
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De todo lo anterior se desprende que la gestión del cuatripartito en el Ayuntamiento de Pamplona se ha caracterizado durante toda esta legislatura, al margen de cuestiones como la amabilización, la expulsión ilegal de las familias castellanopoarlantes de las escuelas municipales, o tantas otras cosas que podrían añadirse al balance, por la utilización del dinero y el patrimonio de todos para beneficiar irregularmente a colectivos afines. ¿Cómo llamamos a eso?
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