Corrupción. Este es el problema político más recurrente y complejo de resolver en las naciones modernas. El Diccionario de la Real Academia Española la define como la “práctica en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”, aunque esto reduce a la corrupción como fenómeno al uso indebido de recursos que se entenderían como públicos, al ser estatales, para el beneficio e interés propio de quien los usa, aunque también incluye delitos generalmente tipificados y penados en las legislaciones nacionales, como coima, extorsión, nepotismo, tráfico de influencias, abuso de poder, malversación de fondos, así como ciertos fenómenos menos condenados socialmente, como el lobbying.

Ahora bien, uno puede entender al problema de la corrupción como una consecuencia natural de la democracia liberal, y un breve análisis histórico puede demostrarlo, al ser un fenómeno que se desarrolla en los Estados que surgen de procesos revolucionarios influidos por el pensamiento ilustrado.

Antes del Estado moderno, no había corrupción de bienes públicos

Una comparación necesaria en este aspecto sería la del orden feudal frente al Estado moderno, como distinguió Hans-Hermann Hoppe en Democracia, el Dios que fracasó, planteando que las monarquías, y proyectadas en feudos personales descentralizados, basándose en la propiedad privada y su mantenimiento para siguientes generaciones, no contemplaba corrupción respecto a bienes públicos, ya que estos no existían y la responsabilidad de la correcta administración del feudo recaía quien lo poseía, y cuya cultura lo orientaba a preservarlo para sí mismo, sus descendientes, y aquellos que se beneficiaran de él, como vasallos y siervos de la gleba.

Innegablemente, otros modelos históricos también sufrieron de corrupción, siendo ejemplo de ello la decadencia del Imperio Romano, en la que las magistraturas eran fácilmente desorientadas por la extorsión iniciada por líderes barbaros, que solía terminar, al menos temporalmente, mediante coimas.

Pero para nuestro orden contemporáneo, la democracia liberal, el problema de corrupción resulta en círculos viciosos, no porque correspondan a series de actividades prohibidas y castigadas por la ley, sino porque corresponde a una contradicción del sistema mismo, que promueve el interés propio del individuo, entendiendo al bien común como suma de intereses individuales y condiciones para conseguirlos, pero reniega de ellos al ser disruptivos en la labor de gobierno y la administración pública, ya que elevan el provecho personal de una sola persona por el de toda la comunidad organizada políticamente.

Estas contradicciones llevan a buscar enfrentar a la corrupción disuasivamente con un derecho penal más severo, pero generan las condiciones políticas necesarias para que este fenómeno sea incluso más recurrente, centralizando funciones y administración de recursos, y promoviendo una mentalidad hiper-individualista, con una moral subjetiva en la que todo es relativo.

Así como la corrupción es intrínseca al modelo liberal porque depende del estímulo económico que representa (que refleja esa mentalidad liberal de la primacía del interés propio), también es uno de sus aspectos más característicos ya que depende de otro aspecto propio de las revoluciones liberales, la centralización de poder en la estructura del Estado moderno.

Centralismo y corrupción

Un Estado centralizado tiene mayores potestades de gobierno y regulatorias sobre poblaciones más grandes, y además ejerce mayor capacidad impositiva y recaudatoria, exigiendo tributos a mayor escala. Esta concentración de poder en una sola institución atrae a personas con mucha ambición personal, escasa ética, y con buena capacidad de observación de la arquitectura y flujo del poder.

La conocida frase de Lord Acton, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” no habría de referir a monarcas, cuya capacidad material es reducida, sino a políticos deshonestos, que acceden a un poder institucionalizado únicamente para satisfacer su interés propio.

Pensadores en la propia derecha liberal han intentado entender el fenómeno de la corrupción fuera de la política, desde el análisis económico del derecho, como el peruano Enrique Ghersi, que en su ensayo sobre la Economía de la Corrupción plantea que esta “es un efecto del alto costo de la legalidad”, un “error de percepción [que] deriva de otro no menos frecuente: creer que las leyes son gratuitas; que el derecho es neutral” y “tiene costos y beneficios. Altera la forma cómo las personas se comportan. Modifica los medios puestos a disposición de las personas para tomar decisiones en los mercados.”

La corrupción dista de ser algo de automática solución legal

Su postura es interesante porque se acerca al realismo político para observar y atacar esta cuestión, considerando que la ley es tecnología política, una herramienta de imposición de la voluntad del grupo con poder y potestad de gobierno. Sin embargo, no es una postura completa, y esto se debe a que la corrupción no es algo que se pueda resolver únicamente a nivel legal, sino que es en esencia un problema institucional integral.

Las posturas libertarias no sirven para explicar el problema de la corrupción, pero una tendencia estatista puede servir. Tanto Mencius Moldbug como en quien se inspira, James Burnham, aportan al entendimiento de la esencia institucional del Estado, tanto a nivel económico como legal, que se manifiesta en las democracias liberales (y especialmente en las dinámicas de la corrupción).

En The Managerial Revolution, Burnham plantea que el sistema se vuelva una suerte de totalitarismo liberal para compensar el poder futuro de los empresarios en la política, incorporándolos como clase gobernante para que no lo corrompan externamente, es decir, formalizando los comportamientos propios de la corrupción a la propia normativa vigente, regulándolos dentro del sistema, y otorgando así soberanía a la casta de administradores bajo sus propias reglas.

En esta perspectiva, el problema de la corrupción no es que exista, sino que esté informatizada, y la única forma de detenerla es incorporarla al sistema mismo. Esta es la postura más difundida con la incorporación del lobbying a la política diaria como conducta socialmente aceptada, regulada y promovida frente a legisladores o ministros.

Por otra parte, Moldbug recupera en su Open Letter to Open Minded Progressives la idea de la formalización para identificar las estructuras de poder social y económico en el Estado, y se percata que eso solo conduce al mismo punto anterior, tener que incorporar políticamente a los empresarios como soberanos para evitar la degradación del sistema político vigente por su propia incoherencia.

Pero Moldbug, inspirado en Hoppe, propone una alternativa: mediante la descentralización absoluta del poder político, se puede conseguir que el poder económico se reduzca a su espacio físico de influencia y que el ciudadano afectado por ello pueda contrastarlo con su migración, una suerte de voto con los pies.

Así, las dos soluciones planteadas son descentralizarlo todo hasta la anarquía, destruyendo la institución promotora de la corrupción, el Estado, o formalizarlo hasta el totalitarismo, incorporando legalmente la corrupción al sistema político, aunque si el sistema lo incentiva y no logra solucionarlo ni siquiera formalizándolo, entonces el sistema mismo es el problema, y esta parece ser la situación actual.

En todo caso, cualquier discusión técnica sobre la corrupción en la democracia liberal resulta contraproducente y se convierte en un tema esotérico, de modo que no se lo entiende correctamente, y aquellos luchan honestamente contra ella lo hacen desde la ignorancia y el idealismo, mientras que los que logran entenderlo no la denuncian al beneficiarse de ese conocimiento.

Respecto a la legitimidad del sistema político, esto no es poco, al ser una discusión sobre el propio modelo aplicado. Los políticos encubren esto, ya que, si se cambia el modelo les tocaría asumir una realidad en donde este conocimiento que poseen no vale nada porque se pierde al difundirse públicamente tanto para el interés del propio Estado total, o se destruye la estructura que lo permite, para el interés de cada individuo libre y soberano.

Pero estas son solo algunas de mis reflexiones dispersas sobre el fenómeno de la corrupción.