La Cámara de Comptos ha publicado un informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Pamplona, analizando la cuenta general del ayuntamiento de 2018, el cumplimiento de la legalidad, la situación financiera y la aplicación de las recomendaciones emitidas en anteriores fiscalizaciones.
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Situación financiera saneada
La Cámara de Comptos concluye que la situación financiera del Ayuntamiento está saneada, de modo que consigue suficientes ingresos para hacer frente a los gastos, generando un ahorro neto que suma 15 millones. Además, el año finalizó con un superávit presupuestario ajustado de 10 millones y un remanente de tesorería para gastos generales de 15 millones. En cuanto a la deuda, a finales de 2018 sumaba 69 millones, habiéndose reducido un 5% respecto al ejercicio anterior.
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Por motivos opuestos, el informe de Comptos podría resultar sorprendente para propios y extraños. A los extraños por el hecho de que Bildu haya conseguido dejar unas cuentas saneadas dignas de un gobierno neoliberal vendido a los mercados y el capital, a los propios precisamente porque unas cuentas saneadas y equilibradas mientras hay 103.000 navarros en situación de exclusión nos colocan ante una política antisocial, fascista, retrograda e inhumana.
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Lo cierto es que unos y otros se pueden tranquilizar porque la situación saneada del Ayuntamiento no es mérito o culpa, según se mire, de Bildu, sino de las reglas fiscales del marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera impuestas desde el estado central y a éste a su vez desde Bruselas. O sea, que en las cuentas del Ayuntamiento está todo bastante bien, al menos lo que no dependía del Ayuntamiento.
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Aunque la Cámara de Comptos señala que las cuentas del Ayuntamiento expresan razonablemente la imagen fiel del patrimonio, la liquidación presupuestaria y la situación económico-financiera, no puede dejar de sorprender que al mismo tiempo detecte nada menos que 18 irregularidades, alguna de ellas como poco llamativa.
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Por ejemplo, el cuatripartito creó una sociedad pública, un “Operador energético municipal”, aunque la una vez más bendita Ley Orgánica de Estabilidad lo impedía. El cuatripartito no obstante creo la sociedad y la intentó registrar, obteniendo la negativa del Registro Mercantil el cual señaló que una sociedad de este tipo no podía ser creada por alguien sometido a un plan económico financiero como los estaba el Ayuntamiento de Pamplona. Todo ello no impidió que se hiciera una aportación de 138.000 euros a la sociedad y que se nombrase por libre designación un gerente con un sueldo equivalente al de un director de área.
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Aunque esto ya no viene incluido en el informe de Comptos, como colofón de este resumen de gestión cabría añadir que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que declaraba ilegal el atropello contra las familias de los niños escolarizados en castellano, expulsados de las escuelas infantiles Donibane y Printzearen Harresi. Aparte de evidenciarse una vez más la política lingüística impositiva del nacionalismo, las costas procesales de todos los juicios y recursos acumulados recaerá no sobre Asirón y su equipo, sino sobre los ciudadanos de Pamplona, así como las posibles indemnizaciones a las que pudieran tener derecho las familias afectadas. Al final, como de costumbre, los nacionalistas se salen con la suya aunque se salten la ley, no sólo consiguiendo sus objetivos a través de la ilegalidad sino quedando totalmente impunes y cargando sobre el conjunto de los contribuyentes las consecuencias de sus actos.
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