El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, compareció ayer en el Congreso para anunciar una serie de reformas que, a falta de mayor concreción, podrían quedarse cortas, pero que también podrían ser de gran calado y en todo caso extraordinariamente necesarias para la regeneración democrática.
Independencia judicial
El sistema judicial se encuentra quebrado, los españoles lo hemos podido comprobar a lo largo de los últimos años. El sistema vigente determina que los magistrados de los principales órganos judiciales son nombrados por los partidos políticos reflejando las mayorías parlamentarias. Así, una y otra vez hemos asistido al espectáculo de cómo la legalidad de ciertas leyes ha sido decidida por tribunales cuyos magistrados los había designado el mismo partido que había aprobado la ley discutida. O cómo un miembro de un partido era juzgado por los magistrados de un tribunal nombrados por el partido de quien estaba siendo juzgado. O bien todo al revés y quienes tenían que juzgarle habían sido designados por el partido contrario. Otrotanto se podría decir de la Fiscalía General del Estado. Gallardón anunció ayer una reforma en virtud de la cual los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano del que posteriormente depende el nombramiento de los magistrados del Supremo y el Constitucional, mayoritariamente serán nombrados por los propios jueces. Aunque parece difícil que alguien defienda todavía el actual sistema a la vista de los resultados, lo cierto es que la oposición socialista y nacionalista atacó ya ayer mismo la anunciada reforma argumentando que los tribunales, para ser democráticos, deben ser un reflejo de las mayorías parlamentarias. Como si cualquier ley que reforme el poder judicial no emanara del Parlamento y no fuera por tanto democrática. O como si la característica esencial de la Justicia no fuera la imparcialidad. Un tribunal o un jurado de personas parciales nunca tomará una decisión justa aunque sea mayoritaria. No obstante, sería bueno el consenso en esta materia para evitar que una reforma judicial acompañe a cada cambio de gobierno y una cúpula judicial permanentemente politizada por turnos. A la oposición podría ayudarle a reflexionar sobre el valor de la imparcialidad el hecho de que será el PP el que empiece a nombrar ahora a los magistrados de los próximos 4, 8 ó 12 años.
Cadena perpetua revisable
Gallardón adelantó asimismo una reforma del Código Penal que abordará la inclusión de una condena indefinida revisable para casos de especial peligrosidad y alarma social. Es decir, una cadena indefinida revisable como la de casi todos los países de Europa, para casos excepcionales, que garantice que ciertos criminales no pueden salir a la calle hasta haber dejado de ser una amenaza y si algún día dejan de ser una amenaza. No es una condenua perpetua, al ser revisable, ni se opone a la finalidad de reinserción de las penas sino que la refuerza, puesto que la idea es asegurar que ciertos criminales no salen a la calle sin estar reinsertados. La medida responde al clamor popular de una opinión pública que a menudo, frente a los criminales, en los últimos años se ha sentido desamparada e indefensa.
Aborto
La gran incógnita de las reformas anunciadas por Gallardón es la que se refiere al aborto. El ministro de Justicia ha asegurado que «se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la trataremos en esta comisión. Fue aprobada sin el consenso de los órganos consultivos. Nos inspiraremos en la doctrina defendida en el Tribunal Constitucional y por supuesto los principios anunciados por nuestro partido estarán incluidos en esta reforma«. La duda se presenta a la hora de interpretar, ante la falta de datos de que se dispone todavía, si la reforma supondría un mero retorno a la anterior ley del aborto. Es decir, el retorno desde una ley de plazos a una ley de supuestos que no puede calificarse sino de salvaje. Y es que, si mala es la actual ley del aborto, la ley anterior permitía el aborto en el supuesto de riesgo “psicológico” hasta el instante mismo del nacimiento. Es decir, que un niño nacido prematuro era más humano que un niño no prematuro. Es por ello que, siendo la anterior ley tan salvaje o más que la vigente, nuestro titular de hoy viene entre interrogantes.
27 respuestas
Solo deseo que Gallardón cumpla lo prometido ayer. ….Ya me.está bajando la tensión alta de estos últimos 8 años…
PROHIBICIÓN DE PERTENENCIA DE LOS JUECES AL OPUS DEI. «Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer a partidos políticos, sindicatos ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional» (propuesta aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 25 julio 2000, la cual, según algunos vocales, incluye al Opus Dei).
http://poderjudicial.wordpress.com
Ciudadano Caña, por lo que dice da a entender que no necesita ningún tipo de medicación para que le baje la tensión. Por el contrario algunos estamos al borde del infarto, no se si por la cantidad de políticos sinvergüenzas y asesinos, o por la cantidad de ciudadanos tontos que andan sueltos por ahí. Quizás por ambas.
Políticos asesinos…..Amadeus, ¿podría ser más específico?
Muy sencillo, Ciudadano Caña. El ABORTO es un ASESINATO, indiferentemente de la edad de la chica que lo hace y de si esa chica tiene o no consentimiento de sus papás. Por lo tanto los políticos que permiten el aborto son ASESINOS. Y si encima esos políticos son hiPPócritas y mentirosos, doble crimen.
Me parece un tanto extremo no hacer ninguna diferencia. Si su mujer o hija estuvieran embarazadas y a causa de ese embarazo fueran a morir ¿las dejaría morir? ¿y se lo consultaría?
Que tu vida discurra tan apaciblemente como un río.
Que tu amanecer sea con alegría.
Que la espera de lo que buscas y deseas sea gozosa, llevadera… gratificante.
Al CGPJ le corresponder velar por el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. En suma, velar para que los Jueces y Magistrados dispongan de todos los medios necesarios para el adecuado ejercicio de su función jurisdiccional.
Para lograr este objetivo, el Consejo actúa en los siguientes campos:
-Tiene la capacidad para proponer cuantas actuaciones estime necesarias para mejorar la administración de justicia. Bien mediante la presentación de la memoria anual ante las Cortes Generales o bien dirigiéndose directamente al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencia sobre justicia, el Consejo propone la adopción de aquellas medidas e iniciativas que contribuyan al mejor funcionamiento de los órganos judiciales españoles.
-Participa en los foros en los que se toman las decisiones más relevantes que afectan a nuestra administración de justicia. Se trata de diversas comisiones de trabajo, de carácter bilateral o multilateral, donde el Consejo, el Ministerio de Justicia y las autonomías con competencias en esta materia estudian cuantas ideas puedan contribuir a la mejora del servicio público de la administración de justicia, promoviendo cuantas reformas legales resulten beneficiosas.
Por otro, la LOPJ atribuye al CGPJ competencias como autoridad que debe controlar la compatibilidad de los distintos sistemas de información existentes en la Administración de Justicia. El Consejo aprueba los programas informáticos que se utilicen en la administración de justicia, de manera que se garantice la compatibilidad entre ellos y así poder contar con un sistema judicial íntegro, coherente, robusto y estable en tiempo.
A. Autonomía económica y sobrecarga procesal. El Poder Judicial no cuenta con suficiente autonomía económica, y debe enfrentar serios límites a su capacidad de gestión, lo cual en muchas ocasiones no le permite disponer de los recursos humanos y logísticos necesarios y adecuados para emprender las importantes tareas que le han sido encomendadas. Como consecuencia de lo anterior, pero agravado por la existencia de normativa inadecuada, deficiencias en la organización del despacho y decisiones poco previsoras tomadas por otras instituciones, nuestro Poder Judicial presenta una preocupante situación de sobrecarga procesal sin contar con los recursos adecuados para ello. Lo expuesto atenta no solamente contra la celeridad de los procesos y el desarrollo de servicios de calidad, sino que incide negativamente en la credibilidad ciudadana en la institución.
B. Acceso a la justicia. Todo sistema judicial debe estar provisto de las condiciones básicas para que la ciudadanía pueda acceder a él en forma igualitaria, y al mismo tiempo debe estar en la capacidad de brindar soluciones justas desde el punto de vista individual y social. Es pues en mérito a lo expuesto que las dificultades de acceso a la justicia se convierten en preocupaciones centrales a enfrentar en un país como el nuestro, donde existen una serie de barreras geográficas, económicas, lingüísticas y culturales que afectan la condición de igualdad, la cual debe constituir el marco de actuación base de todo sistema de justicia. El acceso a la justicia es por ello todavía una asignatura pendiente en nuestro país, sobre todo si el Poder Judicial sigue contando con un escenario limitado e inadecuado en términos de recursos humanos y logísticos para garantizar la cobertura del servicio al ciudadano que lo requiera.
Esta situación, unida a una manera de configurar las actuaciones y resoluciones judiciales todavía bastante lejana de su posible comprensión por la ciudadanía, y a una insuficiente atención al público, llevan a que el ciudadano o ciudadana perciban el acceso a nuestro Poder Judicial como algo difícil, costoso, lejano a su domicilio o a su centro de trabajo, y con reglas y pautas incomprensibles. A ello se suma una limitada predictibilidad en las decisiones judiciales, una insuficiente motivación y una ausencia de efectividad en el cumplimiento de las sentencias, circunstancias que no solamente afectan la credibilidad institucional, sino que también crean un clima más propicio para que se generen situaciones de corrupción.
C. Corrupción. Es innegable que existen casos y circuitos de corrupción de diverso tipo dentro del Poder Judicial, sin que ello implique de manera alguna emprender una persecución irrazonable contra juzgadores, auxiliares jurisdiccionales, o funcionarios y servidores administrativos. Toda actuación en este sentido deberá fundarse en elementos suficientes que avalen la investigación y eventualmente una sanción, no debiendo por ello dejar de reconocerse la labor de quienes desempeñan con probidad las atribuciones que les han sido confiadas.
Los objetivos estratégicos:
a. Promover reformas normativas que fortalezcan el posicionamiento institucional ante los órganos del Estado.
b. Desarrollar una política de recursos humanos y logísticos que permita prestar un servicio de justicia más oportuno y eficiente.
c. Crear condiciones para un adecuado y universal acceso a la justicia a través del establecimiento de una política de ampliación y mejora de la cobertura de los servicios judiciales, y de fortalecimiento de capacidades del personal judicial y administrativo responsable de la prestación del servicio.
d. Establecer políticas anticorrupción permanentes y coordinadas que consoliden una práctica ética y tranparente de la administración de justicia.
1. Desarrollar e institucionalizar una relación sistémica entre las áreas de planificación, presupuesto y administración.
2. Mejorar los procedimientos de recolección de estadística y realizar una auditoría de los diversos sistemas.
3. Mejorar en la configuración de los procedimientos de trabajo.
4. Optimizar los procesos de control.
5. Mejorar los servicios judiciales comunes.
6. Introducir, reconocer y replicar las buenas prácticas.
7. Proponer una nueva organización para el despacho judicial.
8. Fortalecer las capacidades de los jueces, personal administrativo y demás personal del Poder Judicial.
9. Lograr el apoyo de la cooperación técnica internacional.
Prestar tutela judicial accesible, efectiva, sin dilación y con todas las
garantías, en estricta conformidad con la Constitución, los instrumentos
internacionales y demás normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo
siempre excelencia en la calidad de atención a todos los usuarios y usuarias.
Los objetivos generales que orientan el desarrollo del Plan, y que permitirán aproximar el sistema de justicia a la visión deseada y descrita anteriormente son los siguientes:
– Conseguir una Administración de Justicia que garantice una tutela judicial efectiva accesible, rápida y que asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos.
– Lograr que la Administración de Justicia sea un servicio público de calidad, dotado de una organización adecuada, de profesionales altamente cualificados y de los medios materiales y técnicos precisos para desempeñar su misión de modo ágil, efectivo, accesible y atento con el ciudadano.
– Consagrar un modelo de cooperación y coordinación eficaz con todas las Instituciones involucradas en el ámbito de la Justicia y con la comunidad internacional en su conjunto.
Lo verdaderamente extremo y propio de demagogos es, Ciudadano Caña, poner el ejemplo que usted me dice. Pero de acuerdo, le contestaré.
En el caso de que mi esposa o mi hija estuviesen embarazas y su vida corriese peligro y partiendo de la premisa de que toda persona tiene la misma dignidad ¿porqué matar al niño que está en el vientre en vez de morir la mamá?.
El problema quizás sea que en realidad no creemos que exista vida desde el momento de la concepción.
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez (Madrid, 11 de diciembre de 1958) es un político español, miembro del Partido Popular y Ministro de Justicia del Gobierno de España desde el 22 de diciembre de 2011. Anteriormente fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y alcalde de Madrid entre 2003 y 2011.
Es un gran político y sabrá preservar la independencia de judicial y regular el aborto con responsabilidad.
El contexto social en que vivimos en la actualidad, no se puede decir que sea exactamente igual al de hace veinte años. Es por eso que quisiera reflexionar un poco sobre algunas características del mundo actual; en donde el primer aspecto a destacar es que la esperanza del desarrollo, tan viva, aparece en la actualidad muy lejana a la realidad.
Es urgente el contribuir a resolver el retraso económico de los pueblos pobres, de proveerlos de infraestructura y de asistirlos en el proceso de industrialización.