Los partidos políticos navarros andan perfilando estos días el nombramiento de un magistrado que ocupará un puesto en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El proceso previsto es que el Parlamento de Navarra elabore una lista con 3 nombres, entre los que el Consejo General del Poder Judicial designará al elegido. La lista con los 3 nombres incluirá a los 3 candidatos más votados por el Parlamento de Navarra. Cada partido, a su vez, puede votar a 3 candidatos.
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La nota de color en esta elección la ha puesto Bildu, que propone como magistrada del TSJN nada menos que a María Jesús Beaumont, la inefable consejera de Interior durante el mandarinato de Barkos y antigua miembro de la coordinadora que en 1996 mostraba su admiración por los “txabales” que llevaron a cabo el sabotaje de Itoiz.
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Más allá del delirante caso de Beaumont, aunque quién sabe en esta nueva normalidad precursora de la Agenda 2030 lo que resulta delirante y lo que no, el PSN ha consensuado una lista con Geroa Bai y Podemos. Entre las 3 formaciones los 3 miembros de esta lista obtendrían 22 votos frente a los 20 de los candidatos de la lista de Navarra Suma. Bildu e IE apoyan una lista alternativa en la que se encuentra Beaumont y que “no va a salir”, según publica Diario de Navarra citando fuentes socialistas.
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Si bien por un lado la noticia es lo que se refiere a los tiras y aflojas entre partidos en relación a la composición de las listas de candidatos, por otro y más profundamente la clave es sin embargo el propio método de elección de los candidatos y la politización de la Justicia.
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Que Beaumont pudiera llegar a ser magistrada del TSJN habla bien a las claras de la gravedad del problema que tenemos entre manos. Puede que la elegida no acabe siendo Beaumont, pero el procedimiento invita a pensar que será alguien igual de marcado ideológicamente sólo que en relación a alguna otra formación.
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No puede ser que los miembros de un tribunal lleven como apellido las siglas del partido que los designa y que cada partido tenga sus designados. ¿Qué pasa cuando llega al tribunal el caso de alguien del partido que ha designado al magistrado que le tiene que juzgar? ¿Qué pasa cuando llega al tribunal un rival del partido que ha designado al magistrado que le tiene que juzgar?
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La cualidad fundamental de un juez o un magistrado tiene que ser la imparcialidad. No puede ser que un árbitro sea socio del Barcelona o del Real Madrid, o declarado aficionado, simpatizante o hincha de cualquier club. Tampoco entendería nadie que hubiera árbitros nombrados por el Barcelona o el Real Madrid. Los penaltis que pitaran o no pitaran carecerían de cualquier credibilidad, carecería de sentido toda la competición.
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Como se ha explicado anteriormente, los partidos elaboran unas listas de candidatos que se votan en el Parlamento y las impone la mayoría política de cada momento, entre la que el Consejo General del Poder Judicial elige a uno de los candidatos, sin perder de vista que el propio CGPJ se encuentra a su vez formado al final por personas designadas por los partidos políticos. Hemos llegado a un punto, por otra parte, en que ya ni se guardan las formas o la apariencia de imparcialidad, designándose para puestos claves de la justicia a exministros o exconsejeros, sin el más mínimo pudor.
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Así pues, si Beaumont resultara elegida resultaría muy visible lo mal que está la situación de la Justicia, pero si Beaumont no resulta elegida no será realmente que la situación esté mucho mejor, sino únicamente que sería menos ostensible la politización del poder judicial. Urge una despolitización radical de la Justicia sólo que esa despolitización exclusivamente será posible si la promueven los partidos. Lógicamente los partidos sólo tienen esa capacidad al llegar al poder, pero como cuando llegan al poder también tienen la capacidad de nombrar a los jueces, nunca se lleva a cabo esa ansiada despolitización que todos prometen mientras están en la oposición.
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