El Alcalde Asirón no tiene intención ninguna de interponer denuncia para la expulsión de los okupas de Aranzadi, según asegura haber sido informado el Grupo Municipal Socialista.
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La casa okupada en el Parque de Aranzadi no es por otro lado una chabola. Se trata de un vistoso chalet de varias alturas con jardines y hasta una fuente en la entrada. El chalet, de propiedad municipal, fue ocupado a mediados de septiembre y desde entonces el Ayuntamiento ha mostrado una flagrante pasividad, nada novedosa sin embargo en estos casos de okupación, como se ha visto con el chalet Caparroso o el Palacio del Marqués de Rozalejo. Chocante el contraste con la combatividad sin preparar en costes judiciales cuando se trata de pelear por poner una ikurriña o por no poner un retrato del jefe del estado.
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Cabe señalar que, tal como remarca el grupo socialista, las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio, según se recoge en el artículo 28 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Pública, cuestión que ignora o no practica el actual equipo de gobierno Ayuntamiento de Pamplona. Las propiedades, además, deben ser protegidas por la Administración y el Estado de Derecho como así se contempla en el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad y que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, incluyendo los contribuyentes, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
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Como es lógico una cosa es que el chalet fuera propiedad de Asirón o de Spiderman, y que con su propiedad hicieran lo que quisieran, quemarla o regalársela a sus amigos okupas. Pero es que el chalet no es suyo, sino nuestro, de todos los ciudadanos de Pamplona. Por tanto Asirón, Spiderman, Lobezno y compañía no sólo no tienen derecho a no hacer nada, sino que tienen el deber de proteger un inmueble que es de todos nosotros.
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El PSN añade a su denuncia que desde que se conoció y denunció la ocupación únicamente se han realizado 3 visitas de policía municipal para identificación de los okupantes, lo cual parece francamente insuficiente.
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La no imposición de denuncia ante la mencionada okupación, además, puede ejercer un efecto llamada a realizar este tipo de acciones en más inmuebles aún puesto que es vox populi que la okupación en Pamplona ni se impide ni se persigue.
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Como también sugiere el PSN, es además bastante evidente que la tolerancia que este equipo de gobierno está teniendo con las okupaciones no es ajena al hecho de que se trate de colectivos amigos o próximos a su ideología, lo cual supone una grave discriminación con otros colectivos, asociaciones o personas que también pueden tener necesidad de vivienda o locales.
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Finalmente, si la administración tiene inmuebles que ni necesita ni los puede proteger, que los venda. O que los rife en una lotería. Que un grupillo de kamaradas utilice un inmueble público como si fuera suyo, ¿no es al fin y al cabo una especie de privatización pero sin pagarla? Cualquier opción tendría más rentabilidad para la ciudadanía que regalárselos a los okupas.
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