Hoy es un día feo, el día en que entra en vigor en España la nueva Ley de Eutanasia. El PP se sumó ayer a VOX presentando un recurso contra la Ley ante el Tribunal Constitucional, un tribunal fuertemente politizado que lleva 11 años sin pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Aborto de 2010. El TC no se pronuncia, pero se aplica la ley de plazos y se aplica como si el aborto fuera un derecho. La clave sin embargo, como siempre, no es ganar la batalla legal en lugar de la batalla ideológica. No obstante, algunos de los argumentos del PP apoyando el recurso merecen ser señalados.
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El PP, por ejemplo, denuncia que la nueva ley restringe «desproporcionadamente» el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, negando además ese derecho a las personas jurídicas (un hospital católico, por ejemplo). Por el contrario, El PP también se opone tajantemente a las ‘listas negras’ de objetores. Los médicos que no quieran convertirse en verdugos tendrán que inscribirse en un registro. Si alguien quisiera represaliarlos por razones ideológicas, ya tendría hecha la lista negra. Simplemente por economía de medios tendría más sentido, en todo caso, un registro de médicos dispuestos a matar a determinados pacientes. Es decir, no se crea un registro de no fontaneros para encontrar a un fontanero, sino uno de fontaneros. De este modo además se niega la objeción sobrevenida. Todo en definitiva lleva a pensar que un registro de este tipo resulta perfectamente prescindible y no tiene otro fin que intimidar o, llegado el caso, perjudicar a los médicos y profesionales de la sanidad inscritos o que desearían estar inscritos.
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El PP también denuncia la “pendiente resbaladiza” a la que abre la puerta la norma y el “contexto eutanásico” bajo el que quedan enmarcadas las personas con todo tipo de discapacidades. Si uno de los maravillosos avances del aborto es haber acabado casi con los niños con Síndrome de Down, el maravilloso avance de la muy progresista Ley de Eutanasia podría ser acabar con las personas con discapacidad. No sólo por crear un derecho a ser ejecutado por el estado que por supuesto no está en la Constitución (en la que en todo caso lo que existe es el derecho a la vida), sino por empujar indirectamente hacia la muerte a todas las personas cuya vida se empieza a etiquetar como “indigna”. Es decir, en el hecho de que una persona llegue a pensar que su vida es indigna hay una gran influencia social y cultural. La izquierda que para todo lo demás no para de minimizar el papel de la libertad frente a la educación, la cultura y el contexto social, rechaza en cambio que en la decisión de una persona de pedir la eutanasia por llegar a la conclusión de que su vida no merece la pena haya ninguna influencia ambiental. Desde luego en un país en el que se abrieran campos de exterminio para todos aquellos judíos que quisieran ingresar LIBREMENTE, nadie pensaría que los judíos gozan de un privilegio sino que tildaría de nazi al gobierno. Cambien judíos por enfermos, ancianos y discapacitados y juzguen ustedes mismos.
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Paralelamente, el PP califica como una “gran irresponsabilidad” que se defienda la eutanasia como una opción libre cuando en cambio no se ha querido desarrollar una ley de cuidados paliativos: “Si no hay alternativa, no hay libertad”, lo que efectivamente es un buen argumento.
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Nunca se insiste lo suficiente, en este sentido, que la eutanasia no tiene nada que ver con los cuidados paliativos. La alternativa a la eutanasia no tiene por qué ser el sufrimiento y el dolor. Eso sí, la alternativa más cómoda y barata para el sistema, o para algunos familiares y herederos, efectivamente es la eutanasia. No hay nadie que se oponga a los cuidados paliativos. Si en vez de ofrecerte cuidados paliativos para acabar con el dolor te ofrecen sólo la eutanasia te empujan claramente hacia la eutanasia.
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Un supuesto que no contempla la eutanasia es ayudar a morir al Chicle o a un terrorista de ETA si lo piden. Son horribles personas pero su vida es dignísima, no como los parapléjicos o los abuelos con Alzheimer.
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La Ley de Eutanasia, en definitiva, abre una puerta para que todas las personas que sientan que llevan una vida indigna por ser débiles, ancianas, estar solas, padecer una discapacidad o sufrir una enfermedad puedan pedir que el estado las ejecute. Pero es que la Ley de Eutanasia, al mismo tiempo, necesariamente empuja a creer a todas las personas débiles, ancianas, solas o enfermas que su vida es indigna. A esta pendiente la podemos llamar si queremos otro maravilloso avance que nos ofrece la izquierda, pero sería más certero considerarla como un paso más en la cultura del descarte y de la muerte.
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