Institución Futuro nos sorprende esta semana haciéndose eco de los datos recién publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con cifras de julio de 2024. El dato nacional es que en esa fecha había más de 3 millones de funcionarios en España, un nuevo máximo histórico. El desglose de los datos por comunidades autónomas resulta sin embargo, por lo que respecta a Navarra, de lo más revelador.
Atendiendo a los números absolutos, también Navarra aparece en máximos en cuanto al número de empleados públicos en nuestra comunidad. El aumento de la plantilla a sueldo de los ingresos públicos resulta espectacular. En 10 años hemos pasado de menos de 25.000 empleados públicos a más de 35.000. ¿Ha crecido la calidad de los servicios de una forma proporcional? Si lo que pueden hacer 100 empleados lo tienen que hacer 130, el gobierno está gestionando mal. La gente es muy sensible a los recortes, que es darte menos por lo mismo, pero está muy poco concienciada respecto a la mala gestión, que es darte lo mismo por más.

Generar 10.000 nóminas públicas no es un asunto menor desde el punto de vista presupuestario. Dividiendo el gasto de personal de los Presupuestos Generales de Navarra por el número de empleados públicos, tenemos una coste medio aproximado de unos 50.000 euros por cada empleado. Es decir, por 10.000 empleados más estamos pagando 500 millones anuales de euros. Se trata de una cantidad salvaje sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento llegarán las vacas flacas y bajará la recaudación. ¿Cómo se van a pagar entonces todos esos salarios? ¿A qué precio? ¿Cómo se desarticula después esa estructura fija de gasto o a qué coste hay que mantenerla para el resto de ciudadanos que no cobra de los impuestos?

Lo que también evidencian los datos es que Navarra se ha convertido en la segunda comunidad de España con más empleados públicos por habitante. Solo nos gana Extremadura. Interesa tener en cuenta este dato porque tener muchos empleados públicos no es sinónimo de calidad de vida, como pone de manifiesto estar a la par de Extremadura o Asturias. Por contra las comunidades más punteras de España, como Cataluña, Madrid y País, Vasco, tienen una proporción de empleados públicos por habitante bastante menor a la nuestra. Todo lo cual abunda en la idea de una mala gestión. Las comunidades más desarrolladas no necesitan tantos empleados públicos para ofrecer servicios similares. Necesitar cada vez más recursos para ofrecer los mismos servicios si no peores no sólo es la definición de mala gestión, es también la creación de un lastre que acabará estrangulando el crecimiento y la prosperidad de toda la comunidad, cuyos recursos acaban redirigiéndose de donde producen a financiar la mala gestión.