Las recientes decisiones judiciales, que han establecido que en los espacios tutelados por los poderes públicos no se pueden exhibir símbolos políticos privados, han reabierto el debate en torno al alcance y contenido del principio de neutralidad de los poderes públicos.
Se trata de una materia que debería ser pacífica debido a la claridad con la que nuestro modelo constitucional y su desarrollo legislativo se han manifestado en este terreno.
Durante años, diferentes fuerzas políticas han utilizado el escaparate que les brindan las Instituciones Públicas para lanzar sus proclamas ideológicas, empañando la neutralidad de nuestra administración. Utilizan el poder para imponer a los ciudadanos su ideología por medio de la Administración Pública. Lazos Amarillos, banderas preconstitucionales o simbología de lobbies políticos son algunos ejemplos.
La significación de las administraciones con uno u otro ideario implica la discriminación del resto de la ciudadanía, es decir, no se identifica con la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las Administraciones o Poderes Públicos constituidos en el Estado español.
Así, en esa línea, se han expresado desde el Instituto Ordo Iuris, centro jurídico contrarrevolucionario polaco que ha llegado a hacerse eco de las manifestaciones de la ingeniería social revolucionaria (no deja de ser una modalidad de socialismo, algo de lo que siempre hay que ser consciente) en España y pretende seguir expandiendo su labor por distintos puntos del orbe europeo.
Esa razón les ha llevado a abrir una petición, con un informe jurídico adjunto, de carácter digital, que puede FIRMARSE AQUÍ. En la misma se pide a los componentes del Estado que cesen en sus pretensiones de imposición de dogmas «progres», socialistas o relacionados con los paganos nacionalismos periféricos.
