El estado de derecho en España ni existe ya ni existe siquiera una apariencia de que exista. El gobierno puede declarar estados de alarma ilegales sin que ruede ninguna cabeza, el Tribunal Constitucional es una mera sucursal del PSOE, el gobierno sólo lleva al Congreso las leyes que puede aprobar, y lo que no puede aprobar en el Congreso lo hace sin llevarlo al Congreso, empezando por los Presupuestos, el Congreso además no es ya el lugar donde se debaten y se deciden en público las medidas que se imponen a los españoles, sino que todo se decide en Waterloo en reuniones secretas, con ex-secuestradores, fugados de la justicia y sin publicidad ni oposición.
¿Queda al menos algún atisbo de democracia en los medios de comunicación? Desde luego no en TVE, cuyo consejo de administración tomó el sanchismo al asalto la mañana después de la DANA, en vez de tomar medidas contra los efectos de la DANA. Pero el sanchismo tampoco tolera a los medios y periodistas desafectos cuando pertenecen a un medio que escapa a su control. De este modo, el gobierno pretende limitar el acceso al Congreso a los periodistas cuyos medios difundan noticias que el gobierno no considere veraces.
La noticia, contra lo que muchos observadores han señalado, no es que el gobierno vete a periodistas, que por supuesto, sino que se arrogue la facultad de determinar lo que es o no la verdad. Determinar la verdad es a menudo una cuestión complicada y en una democracia eso es algo que hacen los ciudadanos libremente después de escuchar por diversas fuentes todos los datos, o de contrastar hablando con otros ciudadanos los datos y fuentes consultadas por ellos. Lo que no puede suceder en una democracia es que la verdad la determine el gobierno, que el gobierno pueda dividir los medios entre pro-gobierno o inveraces, y que silencie a todos los medios que no sean pro-gobierno. Y las cosas inveraces que diga el gobierno y las secunden sus medios afines, ¿las va a determinar también el gobierno? En una democracia hay libertad de expresión y la verdad la determina particularmente cada ciudadano después de tratar de informarse. Cuando una información es falsa, calumniosa o infamante, lo que hace el afectado aunque sea el gobierno es acudir a los tribunales. En una democracia, además, los jueces no los nombra el gobierno, para que uno no acabe acusado por el gobierno ante un juez nombrado por el gobierno.
No es casualidad que la eurocracia davosiana esté recomendando en estos momentos de liquidación de la democracia que nos hagamos con un kit de supervivencia para tener en casa. Para imponer medidas de excepción sin que la ciudadanía se rebele, hace falta justificarlas con una situación excepcional, y diciendo a todo el mundo que tiene que tener un kit de supervivencia en casa se extiende esa sensación de excepcionalidad. Se trata de que mientras el gobierno nos roba la libertad, en vez de ir a Moncloa o a Ferraz a protestar, vayamos al súper a comprar papel higiénico, latas de fabada y agua de Solans. Hacerte mirar en otra dirección es lo primero que antes de robarte intenta el ladrón, también cuando el ladrón es el gobierno y lo robado la libertad.
