Es una vergüenza que el Gobierno de España publique mentiras desde sus cuentas oficiales, mentiras que tienen que ser desmentidas por las notas de la comunidad, y mentiras que atentan respecto a nuestra seguridad y nuestro derecho a la intimidad. Hablamos de la nueva normativa que impone a los hoteles y a sus huéspedes, nacionales o extranjeros, una radiografía exhaustiva de su intimidad, mucho mayor que la información ya más que razonable que se requiere en la actualidad.
Sucede esto además en un momento en que se sospecha que han sido masivamente hackeados los bancos de datos de la Agencia Tributaria. No es la primera vez que sucede en el mundo. No es la primera vez que sucede en España. Y tampoco sería la primera vez que se negara una filtración así siendo real, ya sea para mantener la confianza en el sistema o para evitar que respondan políticamente los responsables de la filtración. La confidencialidad de nuestros datos parece tan dudosa como inútiles y molestas las continuas ventanas de aceptación con las que nos obligan a navegar.
Si frente a los hackers podemos tener alguna protección, frente a quien desde luego parece que no podemos tener ninguna protección es ante el gobierno. Tenemos un gobierno que no acepta preguntas en las ruedas de prensa, cuando las ofrece, o que sólo contesta preguntas pactadas con medios afines, o que contesta lo que quiere en el Congreso, pero que en cambio exige de los ciudadanos las comprobaciones más exhaustivas. orwellianas y pintorescas. Que además el gobierno se deje robar los datos que nos exige sólo sería ya la guinda de toda esta farsa.
El creciente desprecio a la intimidad de las personas por parte de los poderes del estado tiene desde luego una vertiente moral. Es un recorte como otro cualquiera de nuestros derechos y de nuestra libertad. Por alguna extraña razón, sin embargo, no nos preocupan los derechos fundamentales cuando el recorte no afecta a nuestras carteras. Todo sin embargo cuando se trata del gobierno acaba llegando a la cartera, y existen derechos importantes como la libertad de expresión, el derecho a la vida o la intimidad que experimentan constantes recortes contra los que por irresponsabilidad o comodidad nos abstenemos de protestar. Por eso y porque los medios públicos y colonizados por el gobierno desvían nuestra atención hacia otros asuntos.
Por supuesto la afectación económica de este tipo de cuestiones resulta evidente. Ya tenemos una bomba de relojería dentro del sector de la automoción, uno de los pocos segmentos de nuestra producción que habían sobrevivido en el sector industrial, ahora colocamos otra bomba suicida en el sector del turismo, una de las principales fuentes de riqueza en nuestro país.
Finalmente, no queda sino señalar la increíble brecha que se abre entre dos masas de población. Por un lado los nacionales que viven dentro de la ley y los turistas que llegan legalmente, pagando, identificados, con origen conocido y fecha de regreso, y por otro todos los ilegales que no pasan ninguna aduana, ningún control y ningún filtro. Hay una masa de personas en España que vive totalmente al margen de la ley y de cualquier control y otra masa que vive hipercontrolada, hiperobservada y sometida a un insoportable gran hermano institucional. Welcome refugees, entendiendo cualquier cosa por refugees, y tourists go home. La brecha entre esas dos masas humanas no sólo está ahí sino que no deja de aumentar. ¿Y sobre quién aumenta el gobierno el control?
