En el año 2020, a raíz de los ilegales e inconstitucionales Estados de Alarma declarados en España, algunos empezamos a advertir de que España estaba bajo una dictadura de carácter «posmoderna», dirigida desde el Palacio de la Moncloa.

El hecho de aprovechar un problema sanitario para otorgarse más poderes, para controlar información bajo el pretexto del bulo y para controlar los movimientos de los españoles fue razón para tales consideraciones, aunque nos llamasen «exagerados».

Fueron momentos en los que, durante unas semanas, hubo protestas y caceroladas en distintos puntos de España, que no necesariamente eran bastiones sociológicos derechistas (aunque todo empezase en la matritense calle de Núñez de Balboa).

Y sí, aún así, quisimos «hilar fino» con el término. Consideramos que el término «posmodernidad» encajaba porque se estaban siguiendo las directrices de una agenda globalista y comunistoide sin recurrir a armas, tanques y encarcelamientos (ni siquiera a otra clase de declaraciones más literales).

El caso es que, más allá de los planes de ensayo social del Gran Reseteo, la Agenda 2030 y el Partido Comunista Chino, el exceso de poder no parece ser una exageración analítico-intelectual de algunos de nosotros. Tenemos pruebas concretas y recientes.

Politización del poder judicial

Es cierto que, pese a la teoría y a las supuestas garantías constitucionales, el sistema judicial español no era lo suficientemente independiente. La partitocracia, de una u otra forma, tenía voz y voto en entidades como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El único mecanismo alternativo a los acuerdos de la partitocracia (no importa si se requerían o no proporciones parlamentarias superiores a la mitad, más uno, del total de los representantes políticos) es el acceso mediante una oposición, para otros juzgados (preparación de unas pruebas de evaluación).

No hay fórmulas de despolitización, por así entenderlo, que se basen en sistemas de elección interna o de votación abierta al estilo texano. De hecho, no olvidemos que la Fiscalía General del Estado tampoco se escapa a la periodicidad electoral, de la cual depende el poder ejecutivo.

Ahora bien, en las últimas semanas se han querido dar avances considerables, de modo que el control del poder judicial sea mucho más voraz y sencillo. Y sí, todo bajo el pretexto de «una cabezonería conservadora reacia al consenso».

Perseverancia en una estrategia de partido único

Para avanzar en lo dicho antes, el PSOE y PODEMOS quisieron que, en sede parlamentaria, se votase una reforma que redujese las proporciones necesarias para renovar ciertos órganos judiciales, las cuales les llevan a contar, sí o sí, con el segundo partido más votado, el PP.

La rebaja de los mínimos que se contemplaba facilitaría el control por parte del poder ejecutivo. Solo serían necesarios los apoyos de quienes mantienen a Pedro Sánchez en Moncloa, que son PODEMOS y movimientos nacionalistas periféricos como ERC y el brazo político de ETA (Bildu).

Empero, la semana pasada, el Tribunal Constitucional suspendió el proyecto en cuestión, gracias a un recurso de amparo que fue interpuesto por el PP. Eso sí, pese a la hipocresía y al pose, desde la izquierda se sostiene que «la derecha controla el poder judicial». Incluso hay sutilezas sobre el «muñeco de paja» de Franco.

La «democracia está secuestrada» según el PSOE, que contempla reintentar todo con otra reforma exprés antes de que finalice el presente año 2022, incluso aplicar algún «decretazo» (algo en lo que este gobierno destaca) para cesar a ciertos magistrados.

Nada de esto es de sorprender. Si una entidad gubernamental está dispuesta a controlar organismos «más o menos independientes» como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a anular la relativa autonomía de empresas con acciones financieras estatales, ¿por qué no le va a interesar la justicia?

No endiosemos la democracia

El parlamento soberano puede hacer todo lo que los representantes de la mayoría consideren útil para mantener el apoyo de la mayoría.

Pero llamar ley a cualquier cosa que decidan los representantes elegidos de la mayoría, y definir como gobierno bajo la ley todas las directrices de ellos emanadas –aun cuando sean discriminatorias a favor o en contra de algunos grupos de individuos–, no pasa de ser una broma. Se trata en realidad de un gobierno arbitrario. Es un mero juego de palabras sostener que, con tal de que una mayoría apruebe los actos del gobierno, queda a salvo el imperio de la ley.

Con esas palabras, en una conferencia pretérita, el economista austriaco Friedrich August Von Hayek advertía de los riesgos de que la regla, la norma, la autoridad y cualquier otro criterio acabasen dependiendo de la mera regla de la mayoría.

El pensador austriaco se centraba en algo muy político, pero esto guarda relación con el relativismo. En muchos aspectos de la vida cotidiana, a costa de nuestra supervivencia, prosperidad, bienestar y libertad, la legitimidad de algo no está orientada al fin último de la Verdad, basado en el Bien.

De ahí que, si la mayoría lo estipula, estemos poniendo en peligro el derecho a la vida y a la propiedad, aparte de nutrir una decadencia social muy destructiva (hedonismo, corrupción familiar, ateísmo, nihilismo, liberacionismo, irresponsabilidad…).

Con lo cual, también es posible que una mayoría parlamentaria facilite la consolidación del totalitarismo y el control de las distintas instituciones, siguiendo los guiones de cualquier dictadura socialista acontecida a lo largo de la Historia: Perú, Venezuela, Cuba, China, Alemania, etc.

Así pues, de manera no coyuntural, hemos de velar, como individuos con fuero interno, por determinadas situaciones. Mejor dicho, hemos de denunciar y reprobar la posibilidad de que buena parte de nuestro día a día esté condicionado por una mayoría, por un Estado que aplasta cada vez más a la sociedad.