¿Cuál es el límite de lo que podemos llegar a ver en el futuro sanchista? No es ya que el Fiscal General del Estado se encuentre imputado y no pase nada, sino qué puede suceder si -como parece previsible- resulta condenado. Desde luego pocas posibilidades tiene de no ser condenado teniendo defensores como Bolaños, que después de decir que había estudiado detenidamente el caso compareció para confirmar todos los hechos de los que el Fiscal ha sido acusado. O sea, la defensa de Bolaños no fue negar las acusaciones, sino confirmarlas, tratando no obstante de justificar el comportamiento del Fiscal diciendo que la información que había revelado ilegalmente era verdad.
El problema es que si el Fiscal General ha incurrido en el comportamiento que se le atribuye es culpable, poco importa que la información ilegalmente revelada sea verdad. Es decir, lo relevante es que se haya publicado ilegalmente la información. Si la veracidad de la información justificara su publicación, a tomar por saco la revelación de secretos oficiales, el deber de confidencialidad, el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, todas las leyes de datos personales, la confidencialidad de las comunicaciones, las escuchas ilegales, los secretos de sumario o la confidencialidad en la relación medico paciente o abogado cliente.
Que Bolaños no cuestione los hechos que se le imputan al Fiscal General del Sanchismo, sino que trate de justificarlos, es el peor favor que el portavoz del gobierno le puede hacer al imputado. Al tratar de justificar los hechos los está dando por ciertos, los está confirmando, y con ello está cavando la fosa penal del Fiscal imputado. No es la primera vez que observamos en los últimos días una torpeza similar en el equipo sanchista, como cuando el inefable ministro de Transportes, Oscar Puente, confirmaba que la persona a la que Abalos, Koldo y compañía se refieren en sus conversaciones como “el one” es Pedro Sánchez. Con defensores como Puente y Bolaños no hace falta fiscal general.
¿Qué pasa entonces si el Supremo condena al Fiscal General por revelar ilegalmente información confidencial sobre la pareja de Ayuso, cosa que el dependiente Fiscal General habría hecho para “ganarle el relato” a la derecha tapando los casos de corrupción de su amo? Pues aparte de la previsible pena de cárcel, el Fiscal General quedaría inhabilitado para el ejercicio de su cargo, porque el Código Penal contempla la inhabilitación como pena añadida a la prisión por los hechos de los que se le está acusando y que ni Bolaños cuestiona que efectivamente haya cometido.
La cuestión es que siempre el Tribunal Constitucional podría llegar al rescate del Fiscal General lo mismo que a los condenados por los EREs de Andalucía. ¿Para qué ha colocado Sánchez a perfiles como el de García Ortiz al frente de la Fiscalía General o como el de Pumpido al frente del Constitucional? Pues justo para eso, para llegar hasta donde haga falta en servicio de quien les ha nombrado, ya sea en labores de defensa de los propios o en labores de ataque a los rivales políticos. No se podría descartar por tanto el indulto o la anulación de una eventual condena contra el Fiscal General del Estado. Al igual que los condenados por los ERE, el PSOE pasaría a presentarlo entonces como una víctima, un héroe injustamente perseguido, una víctima del lawfare y de los bulos de la derecha mediática, alguien que de hecho debería ser indemnizado y resarcido por el injusto daño sufrido. El problema es que los jueces y magistrados en este país ya se dividen en dos: los que condenan la corrupción del PSOE y los nombrados por el PSOE. A eso no se le puede llamar ya Justicia ni estado de derecho. ¿Dónde estará el límite de lo que podamos llegar a ver con este sanchismo? Desde luego el límite tendrá que llegar del exterior, porque no hay límites internos que el sanchismo se ponga a sí mismo.
