Entre los asuntos de las vacaciones del verano que no deben pasarnos inadvertidos sin duda debemos contar el del peculiar reparto de los dineros de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Pamplona. Asirón, según es costumbre y vuelve a denunciar UPN, ha prescindido una vez más del criterio de la audiencia para repartir nada menos que 600.000 euros en publicidad institucional. ¿Y cuál es el criterio si no es el de la audiencia? Pues el del euskera. El euskera es la forma de repartir el dinero a los amigos sin que parezca que se les reparte por amigos, sino por euskaldunes, sólo que casualmente los amigos son euskaldunes.
Para que el dinero de los pamploneses llegue a quien debe, el Ayuntamiento ha eliminado también el criterio de alcanzar un mínimo de audiencia del 5%. Por lo visto, la finalidad de un anuncio público no es que la gente lo vea, sino que el dinerito no se reparta de forma proporcional y que de este modo a los colegas les llegue más dinero del que les toca. Según CIES, por ejemplo, Gara tiene 5.000 lectores en Pamplona y Berria 2.000, motivo por el cual resultan mucho más favorecidos por el reparto de Bildu que por uno basado en los criterios objetivos de audiencia.
UPN también denuncia que Bildu elimina en parte de los contratos el requisito de que el medio tenga al menos sede social en Navarra. Así, eliminando el requisito del domicilio y relativizando el de audiencia, se garantiza el flujo de dinero a cabeceras como las citadas Gara o Berria. Esto sin embargo, sigue denunciando UPN, a diferencia de los medios en euskera no se hace en la categoría de medios impresos general, evitando que puedan acceder medios nacionales. No sólo es que el dinero se va a los amigos de Bildu, es que ni siquiera se queda en Navarra.
Esta forma de proceder de Bildu desde luego no es nueva, interesando recordar que ya en 2020, en relación a la anterior legislatura de Asirón, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) condenó al Ayuntamiento de Pamplona a indemnizar con 40.000 euros al periódico digital Navarra.com, por haberlo vetado en la contratación de la publicidad institucional entre los años 2016 y 2019. Total qué le importa a Asirón, si aquí nadie tiene que devolver nada y nadie paga nada de su bolsillo.
Lo que en cualquier caso se pone una vez de manifiesto es el estercolero en que se han convertido la política lingüística y la publicidad institucional. La mejor política lingüística es la libertad y la publicidad institucional es con frecuencia, en el mejor de los casos, inútil, y en el peor una forma de adoctrinamiento y desinformación gubernamental, cuando no una forma de practicar el amiguismo presupuestario y de tener comprados a los medios atados al poder por la subvención.
