Que el gobierno tiene que presentar unos Presupuestos Generales al Congreso no es un asunto optativo, lo impone específicamente la Constitución en su artículo 134. Por Consiguiente, Pedro Sánchez no puede no presentar unos Presupuestos. Otra cosa es que presente unos Presupuestos y no sean aprobados, en este caso, como también lo prevé la Constitución y así ha sucedido muchas veces con este y otros gobiernos, quedan prorrogados los Presupuestos anteriores, pero antes hay que presentar unos Presupuestos, se tengan o no a priori los apoyos para aprobarlos. El gobierno no puede dejar de presentar los Presupuestos para evitar que se escenifique su debilidad parlamentaria. La literalidad de la Constitución es tumbativa a este respecto: la presentación de unos Presupuestos, se aprueben o no después, es un deber insoslayable del gobierno. Lo dice la Constitución, no es una mera opinión de las tertulias, de los editoriales o de los partidos de la oposición.
Interesa tener claro lo anterior porque presentar unos Presupuestos al Congreso cada año no es por tanto una mera cuestión aconsejable, conveniente, honesta o interesante, sino una obligación legal y constitucional. No es sólo una cosa que Pedro Sánchez tendría que hacer por honestidad política porque él pedía la convocatoria de elecciones a Rajoy cuando era este quien no podía aprobar unos Presupuestos, sino que es un deber que no puede eludir. De hecho, lo que tiene que hacer Sánchez es presentar unos Presupuestos y, si le pasa como a Rajoy que no puede aprobarlos y los tiene que prorrogar, entonces por coherencia convocar elecciones, que era lo que Sánchez exigía en este supuesto cuando estaba en la oposición. Lo que pasa es que ese puente ya lo hemos cruzado hace tiempo y Sánchez también ha sido incoherente en esto. El escenario actual es distinto y más grave porque lo que plantea es ni presentar al Congreso los Presupuestos, algo que como estamos insistiendo debe hacer no por coherencia con su hemeroteca, por decencia o por conveniencia, sino por imperativo legal.
Llegados a este punto, sin embargo, nos encontramos con la subversión constitucional que puede llevar a cabo el propio Tribunal Constitucional. Cualquiera puede leer el artículo 134 de la Constitución y ver lo que dice. No es dudoso. Sin embargo, nos encontramos aquí con una cuestión de difícil solución. Quien determina lo que dice la Constitución como el sumo intérprete del texto es el Tribunal Constitucional. Por tanto, de hecho, lo que dice la Constitución no es lo que dice la Constitución, sino lo que el Tribunal Constitucional dice que dice la Constitución. El problema, por no decir el drama, es qué sucede cuando el Constitucional dice “negro” donde la Constitución literal y evidentemente dice “blanco”. Ocurre, además, que el Constitucional puede decir “negro” donde la Constitución dice “blanco” siguiendo al gobierno al decirlo. Y puede acontecer finalmente que todo esto tenga lugar después de que la mayoría de gobierno sea la misma que ha nombrado a los magistrados que ostentan la mayoría del Tribunal Constitucional. Puede suceder por si esto fuera poco que ocurra no una sino muchas veces, cada vez que el gobierno necesita al TC para acomodar a sus actos la Constitución. En definitiva, que lo que dice la Constitución no es lo que todos leemos que dice, sino lo que el TC dice que dice, y el TC dice que dice lo que el gobierno dice que dice. No es un trabalenguas, es la voladura del estado de derecho y el retrato totalitario de la España sanchista actual.
