Puede parecer obvio que hay que perseguir a los ladrones, ¿pero lo es? Es decir, para algunas personas el robo es la propiedad. Podría pensarse que esto es una extravagancia marginal pero, ¿cuántas personas no ya en la sociedad sino hasta en el Gobierno de España y su periferia mantienen este discurso o un discurso que en último término lleva a esta misma conclusión?
El caso de la okupación es un ejemplo práctico de ello. El que okupa un piso es un ladrón, sin embargo no se le persigue. De hecho cuenta con una amplia corriente de simpatía a su favor. Esta corriente de simpatía puede ser leve, en el caso del okupa vago y maleante que destroza la convivencia y la seguridad en todo el barrio alrededor del cual se encuentra el inmueble okupado, hasta el inqui-okupa vulenerable y en riesgo de exclusión, que resulta prácticamente intocable y cuenta con un gran apoyo social.
La realidad es que entre el kinki-okupa y el inqui-okupa tan sólo existe una pequeña diferencia de matiz. Muchas veces el inqui-okupa es una persona que estando alquilada quiere gozar de los mismos derechos y la misma inamovilidad que el propietario, llegando a decir que la casa en la que lleva media vida alquilado es “su” casa. O es una persona que paga una renta vieja totalmente desfasada con grave perjuicio para el propietario, que cuando llega el momento de revisarla se niega a aceptar la revisión o a alquilar otra vivienda que se corresponda realmente con lo que puede pagar. No se queja de todo el tiempo que ha podido disfrutar de un inmueble muy por encima del precio real de mercado, sino de tener que vovler a la realidad. Por supuesto también está la persona en alquiler que por lo que sea pierde su fuente de ingresos y no puede ni seguir pagando ni buscar otro alquiler.
¿Por qué la diferencia entre el inqui-okupa y el kinki-okupa es sutil? Pues porque en cualquiera de los casos estamos ante un atentado a la propiedad. Y la alternativa al respeto a la propiedad es la violencia, la ley del más fuerte y la jungla. La civilización y la paz comienzan con el respeto a la propiedad. Si una persona okupa la casa de una persona que ha trabajado para comprar esa casa, porque el okupa no quiere trabajar para pagarse una casa, a ese okupa hay que desalojarlo sin más, o realojarlo en una cárcel para ayudarle a reflexionar. Pero si se trata de una persona que no puede pagar su alquiler por haber caído en desgracia, no es el propietario el que debe mitigar su situación. ¿Para qué paga impuestos el propietario? ¿Para qué los pagaba el propio inquilino hasta caer en una situación de vulnerabilidad? Es el estado y no el propietario el que debe hacerse cargo del problema. Si es el propietario el que debe encargarse (suponiendo que pueda) de dar techo, agua, luz y calefacción a una familia vulnerable, ¿para qué queremos al estado? ¿Para qué le pagamos impuestos? ¿Para qué pagamos también a jueces y policías?
La okupación es por tanto un caso de robo no perseguido, porque se considera progresista la okupación, porque lo que se considera un robo es la propiedad. Porque el estado cobra unos impuestos por ayudar a la gente y después no la ayuda. La ayuda consiste en que si esa persona roba una casa el estado no la persigue. Naturalmente después no hay manera de que crezca la oferta de viviendas de alquiler y los precios bajen.
¿Pero y si el okupa sale a la calle y atraca a alguien? ¿Hay que perseguirlo o tampoco entonces? ¿Por qué la propiedad de la cartera del transeunte hay que defenderla y la propiedad del piso no? ¿Por qué la propiedad de un piso es un robo y la de una cuenta corriente o un coche no? Si el dinero de la cuenta te lo gastas en un piso, ¿ya no es legítimo? ¿Ya no es un patrimonio que merezca protección?
Normalmente todo el mundo que anda atracando a otras personas por la calle se encuentra por una cosa o por otra en una situación de vulnerabilidad. O sea, que el mismo discurso que para proteger la okupación se podría esgrimir para amparar a cualquier delincuente. De hecho la izquierda presenta una clara corriente de simpatía hacia el delincuente. El delincuente no es más que la expresión de una previa injusticia social. Puesto que el delincuente en realidad es una víctima, no se le puede perseguir. Este el discurso detrás de todas esas noticias en virtud de las cuales, con la legislación vigente, tal o cual persona es detenida y vuelta a poner en la calle tras ochocientas detenciones previas, en un clima de total impunidad para el delincuente y total indefensión para su víctima y para el conjunto de la sociedad.
Y al final, ¿cuál es el resultado de desproteger al propietario de la cartera o del piso? ¿Un paraíso en la tierra? ¿Más justicia social? ¿O reyertas y barrios intransitables en los que no se puede vivir?
