El discurso del PSOE no es sólo que hay un juez en un caso que es parcial contra ellos, sino que todos los jueces que no siguen las instrucciones del PSOE son parciales y están al servicio de la derecha. Esto es pasar de es que el profe me tiene manía a todos los profes que me suspenden en todos los colegios a los que voy me tienen manía. El problema con este argumento es que estamos llegando a un punto en que el PSOE ya sólo considera imparciales a los jueces nombrados por el PSOE, cosa notoriamente contradictoria, y que por otro lado sólo los jueces nombrados por el PSOE absuelven al PSOE en los casos de corrupción, como los ERE de Andalucía en el Tribunal Constitucional. En la locura en la que empezamos a estar instalados, el PSOE pretende asegurar la imparcialidad de la justicia nombrando a todos los jueces. El escenario buscado es que todos los jueces que tengan que juzgar al PSOE hayan sido nombrados por el PSOE. Esto no sólo garantiza la impunidad del PSOE sino la indefensión de todos los que no son del PSOE. Es como un partido de fútbol entre rubios y morenos en el que el árbitro lo nombran los rubios. La base de la justicia es que el juez de las partes no haya sido elegida por una de las partes. Otra cosa deja de ser justicia para ser dictadura. Se impone por tanto un plan de regeneración de la justicia que debe ser el punto uno del programa electoral de la oposición al gobierno. El programa de regeneración que debe plantear la oposición al electorado español no debe aspirar al 51% sino a dos tercios de los diputados. Necesitamos una reforma constitucional que garantice la independencia de la justicia. Sin justicia independiente no puede haber democracia ni libertad. Si no lo hemos entendido así en otro momento, tendremos que entenderlo ahora que todo esta en peligro de ser destruido.
El bochorno que estamos viviendo estas últimas horas no ya con la sospecha y la imputación de todo el entorno político y familiar de Pedro Sánchez, que ya casi forma parte del paisaje político habitual, sino hasta con la imputación del Fiscal General del Estado, convierte todo lo que está sucediendo en una situación de excepción. Puesto que el Fiscal General no ha dimitido al ser imputado por un dleito, resulta que la persona que actúa como fiscal en su proceso es su subordinada. Es un caso inédito en democracia que la fiscal de un caso esté a las ordenes del acusado, pero ya no estamos en democracia sino a poco que nos descuidemos en una era sanchista. Es delirante y absurdo, pero sobre todo es peligroso. Estamos es un proceso de demolición del estado de derecho por parte del gobierno. Podemos tomárnoslo poco en serio, pero no hay proceso de demolición del estado de derecho por parte de un gobierno que no concluya en un estado totalitario.
¿De dónde le viene al Fiscal General del Estado la confianza en su posición? ¿Por qué no ha dimitido? Todo sugiere que el fiscal acude a declarar al Supremo seguro de ser absuelto después por el Tribunal Constitucional, que anulará llegado el momento toda su causa. El gobierno convertirá entonces al Fiscal General en un mártir injustamente perseguido. Tiene para poder hacerlo toda su artillería mediática y el control del Tribunal Constitucional.
Estamos en un punto en que los únicos jueces que fallan a favor del PSOE son jueces nombrados por el PSOE. Los acusados por los ERE de Andalucía, por ejemplo, fueron condenados instancia judicial tras instancia judicial hasta llegar a un tribunal, el Constitucional, con una mayoría de magistrados nombrados por el PSOE. Es algo más que un escándalo, es un peligro descomunal. Si hay un partido que puede nombrar a los jueces que le tienen que juzgar, ese partido ya está por encima de la ley.
Respecto a la revelación de datos privados por parte del Fiscal General, el PSOE y sus altavoces mediáticos lo mismo niegan la filtración que la justifican. ¿En qué quedamos? ¿No es verdad que filtró los datos, como dicen ahora, o los filtró justificadamente para desmentir un bulo como decían al principio? Ni ellos mismos se aclaran en la versión con la que quieren defender su inocencia. Por otro lado les da igual, porque tienen ya el suficiente control de la justicia para ser ellos mismos quienes determinan la culpabilidad o la inocencia. La diferencia fundamental con otras ocasiones es precisamente esa. Que a lo que nos enfrentamos no es a casos de corrupción o prevaricación de un partido o un gobierno, cosa que ya sería grave, sino a que un gobierno haya llegado a tener el poder de absolverse a sí mismo de los casos de corrupción, abuso de poder, revelación de secretos o prevaricación que le afectan.
