Todo el mundo empieza a darse cuenta de que el gran problema económico que ahora mismo tiene España, por no decir el mundo, es la inflación. No se trata además de uno de esos problemas macroeconómicos que sólo son capaces de apreciar los economistas y que al menos a largo plazo pasan desapercibidos para la gente común, sino que la inflación provoca un empobrecimiento tangible, importante e inevitable a todas las familias del país, especialmente a las más vulnerables. A fin de cuentas las tres vías de empobrecimiento más evidentes son la factura de la luz, el precio de los combustibles y la cesta de la compra. En realidad lo más determinante es el precio de la energía y el combustible, ya que se traslada a todo lo demás. La generación, almacenamiento y distribución de cualquier bien implica gastos de energía y combustible. Los aumentos de precio en la energía y el combustible se trasladan casi automáticamente, por tanto, a todo lo demás.
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Podríamos detenernos ahora en algunas de las razones que han determinado la escasez y por tanto el encarecimiento de la energía. Desde luego la guerra en Ucrania ha exacerbado el problema pero el problema viene de mucho antes y tiene mucho que ver con la decisión de llevar a cabo una “transición energética” hacia ciertas fuentes de energía, desechando otras en su lugar, lo que ha ahora nos ha abocado a un suministro de energía más escaso, más caro y más dependiente de países como Rusia o Argelia.
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En el imaginario popular tras todo encarecimiento de precios se encuentra la maldad intrínseca de los empresarios y la crueldad del sistema capitalista. Como si cuando la gasolina costaba la mitad fuera por la bondad de los empresarios. Como si Venezuela no tuviera problemas de suministro con las mayores reservas de petróleo del mundo. O como si el gobierno no tuviera nada que ver en esto. De hecho vamos a centrarnos en el papel del gobierno.
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Recurriendo a una explicación un tanto simplificada, podríamos decir que si antes la gasolina estaba a 1 euro y ahora está a 2 euros, llenar el depósito antes nos costaba 50 euros y ahora nos cuesta 100 euros.
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Si los impuestos representan el 50% del precio de la gasolina, cuando antes llenaba el depósito el gobierno se llevaba 25 euros y ahora se lleva 50 euros.
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Si el gobierno no cobrara impuestos, llenar el depósito costaría lo mismo que cuando la gasolina estaba a 1 euro.
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Si el gobierno se limitara a cobrar los mismos 25 euros de impuestos que cobraba con la gasolina a 1 euro, la gasolina estaría a 1,5 euros en vez de a 2 euros el litro.
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¿Alguien puede cuestionar entonces que el gobierno se está forrando a costa del empobrecimiento de las familias y que el gobierno juega un papel determinante en el encarecimiento de la energía, ergo en el aumento de la inflación y del precio de todo el resto de productos?
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Como poco, el gobierno podría atenuar sustancialmente el efecto de la inflación renunciando a sus ganancias fiscales extraordinarias. O sea, no ya bajando impuestos, sino conformándose con recaudar lo mismo que cuando los combustibles costaban la mitad.
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Comenzábamos indicando que con fines explicativos estábamos simplificando y redondeando los números, pero afinemos un poco más para que no venga cualquier lacayo del gobierno en forma de agencia de verificación de datos a negar de raíz ninguna de las conclusiones anteriores.
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Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio de la gasolina en mayo de 2021 era de 1,34 euros el litro con impuestos y 0,64 sin impuestos.
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En mayo de 2022 (último dato publicado) el precio de la gasolina era de 1,91 euros con impuestos y 1,11 euros sin impuestos.
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Es decir, en mayo de 2021 el gobierno se llevaba 0,66 euros de impuestos por cada litro de gasolina y en mayo de 2022 el gobierno se lleva 0,8 euros de impuestos por cada litro de gasolina.
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Puesto que los impuestos son un porcentaje del precio de la gasolina conforme sube el precio, si el gobierno no baja el porcentaje de impuestos de hecho suben los impuestos que está cobrando sobre la gasolina.
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Afinando los datos, vemos que el gobierno no ha aumentado sus ingresos en una proporción tan alta como los precios, pero han aumentado. También vemos que la bonificación de los 20 céntimos (que luego para el gobierno son 15) en realidad sólo supone devolver lo que el gobierno está recaudando de más por la última subida de precios, como si nos hiciera un favor, pero sin hacer recortes a la recaudación.
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Cuando por consiguiente el gobierno se niega a bajar los impuestos sobre los combustibles, argumentando que entonces no hay dinero para colegios y hospitales, en realidad nos está engañando. Porque conforme sube el precio también sube la recaudación. Ni siquiera se le pide al gobierno que baje los impuestos para perder recaudación, sino tan sólo para mantenerla. Por tanto no hay que recortar ningún gasto en colegios y hospitales para bajar el precio de los combustibles. Basta con bajar los impuestos para evitar un aumento de la recaudación derivado de la subida de precios, de los que algunos impuestos son un porcentaje. Si además se recortaran gastos públicos más que discutibles, se podrían bajar los impuestos sobre los combustibles aún más. De esta forma no sólo se aliviarían algo las cuentas de las familias españolas, sino que también se ayudaría a frenar algo la subida de la inflación.
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