El Tribunal Constitucional, cuando lo controla la izquierda, no se anda con chiquitas. Cuando lo controla la derecha, o lo que sea que hace la derecha, los recursos se guardan en la nevera durante años hasta que llega una mayoría «progresista», que los despacha en dos días naturalmente a total satisfacción de la izquierda. da igual cuál sea el asunto pero en este caso hay que hablar de la corrupción y el aborto.
El Constitucional ha rechazado el recurso contra la ley Montero del aborto que facilita más aún si cabe el aborto en España. Los dos puntos clave de esta ley eran dejar de lado a los padres para que las chicas mayores de 16 años puedan abortar libremente no ya sin su consentimiento sino siquiera sin su conocimiento, por tanto sin su posible ayuda en ese trance o consejo. El otro punto es la eliminación del plazo de 3 días de reflexión y la retirada de toda información sobre los riesgos y efectos secundarios del aborto, algo que prácticamente no pasa con ningún otro tipo de intervención médica por irrelevante que sea. Por supuesto se consagra como un derecho la eliminación de una vida humana en lo que de hecho es la imposición de una pena de muerte sin defensa y sin juicio a seres humanos inocentes, por el hecho de no ser deseados. A veces nos escandalizamos por todo lo que estamos normalizando pero la verdad es que, una vez normalizado algo como el aborto, poco nos podemos asombrar de que se pueda normalizar cualquier horror y cualquier atropello de ahí para abajo.
Asimismo es noticia que el Tribunal Constitucional ha vaciado de contenido la condena por corrupción a Magdalena Alvarez, la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra del PSOE, condenada por el caso de los ERE de Andalucía.
La sentencia del Constitucional no sólo implica la conversión de este Tribunal en una instancia de casación ante el Supremo no prevista por la Constitución, sino que pone en evidencia los problemas para condenar a los corruptos del nacionalismo y la izquierda cuando la izquierda y el nacionalismo se encuentran en el poder y lo usan para colonizar la fiscalía y los tribunales sin ningún tipo de complejo.
Evidentemente no parece muy lógico que el gobierno se dedique a indultar y amnistiar los delitos de sus socios a cambio de sus votos y no haga todo lo preciso para evitar las condenas también a sus propios condenados. El resultado de que los fiscales o los magistrados de los tribunales los nombren los propios políticos que después son juzgados, y que no exista no ya imparcialidad sino una mínima apariencia de imparcialidad siquiera, es que todo queda cubierto por la sombra de la sospecha. La división ya no es entre inocentes y culpables, sino entre amigos y enemigos del gobierno.
A lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos es a la evidencia de que en la práctica resulta casi imposible culpar por corrupción o por cualquier otro delito a nadie que sea del PSOE o un socio necesario del PSOE. O se encuentran como sea defectos que dan al traste con las causas, o el Constitucional controlado por el PSOE se convierte en tribunal de casación que corrige las condenas condenatorias de los demás tribunales contra miembros o socios del PSOE, o se cambian las leyes para que, como en el caso de la malversación, los delitos cometidos dejen de ser delito y no puedan ser condenados. En último término y si es necesario se indulta o se amnistía a los ya condenados. El caso es que la única corrupción que puede ser castigada en España es la que no cometen el PSOE y sus socios.
En España hemos llegado al extremo de revisar el delito de malversación, para favorecer al gobierno y sus socios, bajo la premisa de que si alguien hace una hoguera con 100 millones del contribuyente, pero no saca provecho particular de ello, prácticamente ya no es delito. Se considera mucho menos grave que un malversador compre indirectamente votos, u organice un referéndum ilegal para hacer una declaración de independencia, a que se compre un yate cuando en realidad comprarse un yate es mucho menos grave, peligroso para la existencia del estado, relevante para la limpieza democrática o traumático para la convivencia que todo lo otro.
Resulta muy difícil creer que en España la Justicia es igual para todos y que los políticos tienen que cumplir las leyes igual que el resto de los españoles. Que el estado es igual de implacable con un autónomo o con un contribuyente que tiene un pleito con Hacienda que con un golpista o un corrupto. Y que la Justicia no sólo no es igual para los políticos que para el resto, sino que tampoco es igual para los políticos del PSOE y sus socios que para el resto de políticos. De un árbitro que sólo pitara penaltis a favor del Real Madrid o que sólo pitara penaltis a favor del Barcelona cabría dudar, pero si ese árbitro además lo ha nombrado el Real Madrid o el Barcelona entonces ya no cabe dudar.
Este es el estado de la Justicia en España y el motivo por el que la despolitización de la Justicia es en este momento una absoluta emergencia nacional. Por esto mismo resultan particularmente preocupantes las noticias de que Feijóo, cediendo a la presión, podría llegar a un acuerdo inminente con Sánchez para entregar el último vestigio de independencia judicial. ¿En qué planeta vive Feijóo? ¿No es capaz de ver el cuadro general? ¿Todavía no percibe la gravedad de la amenaza que tenemos que enfrentar?
