Cada vez es más habitual escuchar noticias de actualidad relacionadas con el allanamiento de morada de inmuebles de muy diverso tipo. La llamada «okupación» no deja de crecer. Entre el año 2017 y el año 2019 hubo un crecimiento exponencial de las denuncias, llegando valores que han permanecido constantes (siendo conscientes de que no todo está adecuadamente contabilizado).

Podríamos hablar de un aumento superior a los dos tercios en el último sexenio. De hecho, según la Fundación Civismo, podríamos ampliar los detalles y revisar lo que sería una especie de ranking autonómico. Cataluña sería líder con diferencia, aunque tampoco hay que hacer caso omiso a los episodios de territorios como Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y Vascongadas.

La legislación penal y administrativa no ha mejorado. Esto ha dado lugar a que hayan proliferado, con consolidación, grupos sociales que se encargan de lo que el Estado no es capaz de hacer. Hablamos de empresas como Desokupa, que también han hecho lo propio ayudando a canalizar la indignación por medio de los canales de las redes sociales.

Además, el asunto ha entrado de lleno en la campaña electoral de los comicios electorales municipales y autonómicos del próximo domingo 28 de mayo. Hay quienes proponen, con sensatez, que ese dinero que redistribuye coercitivamente el Estado deje de servir como sustento para cierta clase de delincuencia.

Empero, están quienes pretenden darles más y más premios. Sí, empezando con la reforma de la Ley de Vivienda, que lejos de fomentar la oferta y el libre desarrollo urbanístico (aparte de no bajar impuestos, lo cual facilitaría el ahorro y reduciría el coste artificial adicional de las hipotecas y las cuotas del alquiler).

Los propietarios pueden verse en una tremenda odisea si la enmarañada burocracia les considera como «grandes tenedores» o si se da a entender que los usurpadores «hacen uso de una vivienda habitual» bajo una supuesta «situación de vulnerabilidad social» (¿se amenazará a quienes tengan una modesta segunda propiedad?).

De hecho, desde el gobierno de coalición que perpetra constantes asaltos contra las libertades, se está pensando en considerar como «delito de odio» cualquier acción social de ayuda hacia los propietarios. Han llegado a hablar de «odio lucrativo» y a defender públicamente, con justificaciones muy descaradas a estos delincuentes.

Eso sí, cabe recordar que, en muchas ocasiones, las víctimas de estos asaltos son las clases medias así como aquellos segmentos con menor poder adquisitivo, con independencia de su vinculación con la propiedad usurpada. Esto es muy fácil de entender puesto que los inmuebles no tienen por qué estar aislados en medio de la nada.

Aunque la maldad no entiende de distancias y fronteras, hay que indicar que, en muchas ocasiones, las zonas más damnificadas por la okupación son aquellas donde hay un menor poder adquisitivo y un valor más bajo del metro cuadrado, pudiendo entrar también, en juego, el efecto llamada de las viviendas de protección (que no siempre acaban beneficiando al modesto humildes).

Quienes tienen mayor poder adquisitivo tienen menos razones para preocuparse por la inseguridad y el temor okupa (con la salvedad de que se hable de asaltos de algún gran chalé). Y, aunque no siempre, porque no se trata de establecer malos polos dicotómicos, la okupación es uno de los visos de la inseguridad que causan aquellos inmigrantes que no se adaptan.

Y sí, muchas veces, los damnificados son personas a las que les ha costado bastante esfuerzo dar la entrada hipotecaria al comprar una vivienda. Sí, personas que pueden estar muy ahogadas por la inflación y el expolio fiscal, que quisieron premiar el fruto de su propio trabajo con un inmueble para invertir o para disfrutar y descansar.

Con lo cual, una vez más, se puede decir que la inseguridad es el castigo del «wokeismo» y el socialismo a las personas de rentas más bajas. Además, las leyes tienden a premiar al que delinque, porque a la progrez imperante de turno, con maldad y sin ella, le interesa más «la reinserción de un delincuente», sin importar el dolor de las víctimas.

Pero también es cierto que la ideología imperante en los poderes públicos está en guerra contra el derecho a la propiedad. Constantemente lo atacan, ya sea con impuestos, con expropiaciones sutiles, con propaganda tipo «no tendrás nada pero serás feliz», con negativas a aliviar la asfixia de quienes quieren ser propietarios…

Así pues, del mismo modo que los regímenes comunistas tienen cuerpos parapoliciales, se puede aseverar que los entramados socialistas y comunistas del presente tienen aliados que les ayudarán a intimidar y atemorizar al propietario, a quien desearán desterrar si reivindica su más que legítimo derecho a la defensa.