En los últimos meses hablamos mucho de casos judiciales pero poco de la Justicia. O sea, está muy bien que los jueces se ocupen de Aldama, Koldo, Abalos, el Fiscal General, Begoña o el hermanísimo, pero la cuestión de fondo sigue siendo la independencia de la Justicia. Si hay personas del entorno del presidente del gobierno que están siendo juzgadas, es porque quedan todavía jueces independientes. Todas esas personas, por otro lado, podrían quedar impunes tras ser condenadas si el Tribunal Constitucional, llegado el momento, anula todas las causas. Si lo hemos visto con los ERE de Andalucia, con más razón podemos verlo con la familia del presidente. En España ya tenemos a los jueces divididos en dos: los fascistas y los nombrados por el PSOE. EL PSOE sólo reconoce como jueces independientes a los que él mismo ha nombrado. Todos los jueces no nombrados por el PSOE persiguen la corrupción del PSOE. Ninguno de los jueces nombrados por el PSOE persigue la corrupción del PSOE. Lo que sucede es que el tribunal más alto, el Constitucional, lo controlan los magistrados nombrados por el PSOE. Así pues estamos anta una cuestión de fondo esencial para el funcionamiento del estado de derecho que hay que arreglar, pero no llegando otro partido al poder y nombrando jueces y magistrados de su cuerda, sino garantizando la independencia de la Justicia, lo que nos lleva al siguiente punto a través de estas cifras.
🔴Comunicado a la Carrera Judicial sobre nombramientos discrecionales
— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) February 27, 2025
👉Existe un evidente sesgo asociativo que condiciona los nombramientos del #CGPJ, ya que no se corresponden con la realidad sociológica de la carrera judicial. El resultado es decepcionante 👇 pic.twitter.com/SJkIaYOo0K
Según denuncia la Asociación Judicial Francisco Vitoria, los datos del CGPJ señalan que hay en España 5.416 jueces en activo. De estos, el 42% no pertenecen a ninguna asociación, mientras que el 26% pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el 17% a la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), el 8% a Jueces para la Democracia (JD) y el 6% al Foro Judicial Independiente (FJI). ¿Qué es lo significativo de estas cifras? Pues que el mapa de nombramientos en los órganos de gobierno y altos tribunales no refleja en absoluto estas proporciones.
De este modo, atendiendo a los últimos nombramientos en el Tribunal Supremo, presidencias de Audiencia Provincial y salas de Tribunales Superiores de Justicia, tenemos que el 52% de los nombramientos corresponden a jueces adscritos a la APM, aunque la APM sólo representa al 26% de los jueces, o que el 26% pertenecen a la progresista Jueces para la Democracia, aunque sólo representa al 8%. Por el contrario, sólo hay un 11% de no asociados cuando hemos visto que eran el 42% de los jueces. Es decir, los nombramientos no responden a la proporcionalidad sino al color de la asociación a la que pertenecen los jueces. La Justicia no puede ser ciega si los nombramientos de los jueces tampoco lo son. Las posibilidades de un juez de obtener un puesto en un alto tribunal se disparan si pasa a formar parte de tal o cual asociación judicial.
Consideradas así las cosas, tampoco puede extrañar que aquel acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ (repartiéndoselo entre ellos a partes iguales), y para cambiar la forma de nombrar a los magistrados futuros, se haya quedado en nada ya más de 7 meses después, cuando esa reforma constaba en el acuerdo que se tendría que presentar al Congreso en 6 meses. Es decir, que el acuerdo PP-PSOE tenía dos partes: repartirse el CGPJ y aprobar una forma de nombramiento más independiente para la próxima vez. Lo primero lo han hecho, lo segundo ya lo están incumpliendo.
El resultado de aquel acuerdo, por consiguiente, es que seguimos sin tener un CGPJ independiente ni visos de tenerlo, que se lo repartieron a pachas el PP y el PSOE, y que encima se perdió la mayoría conservadora para crear un equilibrio y darle a los nombramientos progresistas una capacidad de bloqueo. Menos mal que el PP nos vendió que fue un acuerdo fantástico y que ya nos hemos olvidado de que este problema lo seguimos teniendo. ¿Cuánto queda para que a los corruptos de un partido sólo los puedan juzgar jueces nombrados por ese partido y cuál esperamos que sea entonces el resultado? ¿Hasta cuándo esperamos a este paso que las denuncias de corrupción puedan seguir teniendo algún recorrido?