Vuelve a asegurar Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, que España necesita 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener las cuentas del estado de bienestar.
No es una declaración que venga sin compañía, junto a ella llega el anuncio de que el gobierno va a simplificar los trámites para poder regularizar a 900.000 inmigrantes.
A estas declaraciones, a su vez, las acompañan las noticias de todos los días indicando una creciente inseguridad en las calles que, lo reconozca el gobierno o no, tiene mucho que ver con las oleadas de inmigración ilegal.
La pregunta es, ¿para qué hacen falta 300.000 trabajadores inmigrantes más cada año si, según el INE hay 2,7 millones de parados? Es más, teniendo en cuenta los ilegales y la proporción de parados de origen inmigrantes, hay cerca de 1,5 millones de inmigrantes parados en España. ¿Para qué necesitamos entonces otros 300.000 al año? Antes de meter 300.000 más, ¿no habría que colocar a los 1,5 millones de parados inmigrantes que tenemos ya?
Puesto que las palabras del gobierno y de Elma Saiz no tienen sentido desde el punto de vista laboral, salvo que sean muy estúpidos a lo mejor es que hay que buscar sentido a las cifras desde otro punto de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista electoral. Lo que están buscando los partidarios de la inmigración descontrolada son votantes, no trabajadores. Y si cuando llegan no tienen trabajo y dependen de una paga del gobierno, mejor aún que si encuentran trabajo, para que así dependan del gobierno, formen una bolsa millonaria de voto cautivo y voten contra los cambios y a favor de los partidos estatalistas. La situación sería muy grave porque asistiríamos a una triple voladura: la de la economía, la de la seguridad ciudadana y la de la legitimidad democrática.