El gobierno de Pedro Sánchez pone de manifiesto con el caso Alves que tiene un nuevo enemigo en la vida: la presunción de inocencia. Al parecer, la presunción de inocencia es ahora una cosa fascista, antidemocrática y machista. Tiene gracia por otro lado que justo quien ahora arremeta contra la presunción de inocencia sea el PSOE, con todo el entorno de Sánchez imputado y envuelto en todo tipo de acusaciones y tramas que se extienden por todo el consejo de ministros. Si alguien debería estar defendiendo en este momento la presunción de inocencia a capa y espada sería el PSOE, pero allá ellos.
De hecho, cuando decimos que el PSOE está negando la presunción de inocencia de hecho nos estamos quedando cortos. El PSOE está negando la presunción de inocencia incluso cuando la acusadora no tiene credibilidad. O sea, no es ya que la mera palabra de la acusadora presuponga la culpabilidad del acusado, es que esa presunción de culpabilidad se mantiene aún cuando las grabaciones en vídeo y las pruebas biológicas determinan la falta de credibilidad de la acusadora.
La demagogia populista del sanchismo está pretendiendo contraponer a la víctima contra el famoso, rico y poderoso, pero en realidad estamos ante un supuesto completamente distinto. Por un lado, precisamente por ser rico y famoso el acusado en este caso es más vulnerable. La fama, los programas en la tele o una cuantiosa indemnización (150.000 euros en el caso de Alves) pueden constituir el móvil de una falsa acusación más que en el caso de un anónimo particular. Precisamente al ser un caso anónimo, la que cuenta con el respaldo del poder como se está comprobando es la acusadora, y es el tribunal el que tiene que sufrir un atroz presión mediática y gubernamental. De hecho, a estas alturas es esa presión lo que a la luz de las pruebas mejor parece explicar la sentencia anterior. No sólo los cantantes o los futbolistas son víctimas propicias para esta doctrina en contra de la presunción de inocencia, también lo son los políticos o las personas relevantes a las que se pueda arruinar la carrera con este tipo de acusación. En el PSOE o Podemos parecen dar por hecho que nunca podrían ser víctimas de este tipo de acusación. Por otro lado, ya vemos cómo han actuado cuando se ha producido dentro de su entorno este tipo de acusación.
Que el punto de partida del relato sea llamar víctima a la acusadora también es una manipulación. La condición de víctima será en todo caso resultado del proceso y no su premisa. Es de la investigación de la que se deducirá o no la condición de víctima. En el caso de Alves, por ejemplo, parece que el futbolista es la víctima, que ha tenido que estar 14 meses en prisión preventiva y pagar 150.000 euros a su acusadora. Dicho esto no es que Alves sea un santo ni mucho menos, de hecho parece un sujeto moralmente detestable, pero lo que se juzgaba en el tribunal no era su santidad, sino si era culpable de una violación.
Finalmente, no podemos creer que el gobierno y sus socios sean tan tontos como para defender sin más el principio de la presunción de culpabilidad. Nosotros mismos podríamos acusar a Irene Montero de haber matado a alguien, sin señalar a quién, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, y ella no podría demostrar su inocencia. No sólo es que la presunción de culpabilidad no tiene pies ni cabeza en un mundo racional en el que quien acusa debe probar, sino que inmediatamente esta presunción se volvería atrozmente en contra de los sanchistas. Por tanto no seamos ingenuos, lo que defienden no es la presunción de culpabilidad, sino la supervisión gubernamental de las sentencias. ¿Aplicaría Irene Montero la presunción de culpabilidad a Pablo Iglesias o a sus hijos? Lo que realmente defienden es poder condenar sin pruebas a quien ellos decidan, o como reverso del verso poder absolver a todos los culpables probados que ellos determinen. No son la presunción de inocencia o la presunción de culpabilidad quienes se encuentran bajo cuestión, sino el total despotismo gubernamental.
