La impunidad de la casta política y los 162.000 muertos del COVID

Poco se ha puesto el foco estos días en un estudio publicado por la prestigiosa publicación The Lancet en el que se vierten tanto las cifras reales de muertos por COVID basadas en el exceso de mortalidad (y no en las muertes reconocidas oficialmente), como los fallos cometidos por la OMS y los diversos gobiernos a lo largo de la pandemia. Tal vez se haya hablado poco de ello porque tanto la OMS como casi todos los gobiernos en el estudio quedan mal.

En el caso de España, para empezar nos encontramos con una cifra real de fallecidos que se estima en unas 162.000 personas, frente a las 98.900 reconocidas oficialmente. El momento más crítico para esta disparidad seguramente fue el comienzo de la pandemia, cuando con las UCIs saturadas ni siquiera existían test para poder diagnosticar el COVID a los pacientes.

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Más allá de una cifra tan atroz, el gobierno español comparte los mismos errores achacables a la mayoría de los gobiernos, como haber actuado tarde o haber fallado lamentablemente en la comunicación.

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A la cabeza de las críticas se encuentra la OMS, acrónimo de Organización Mundial de la Sinrazón, entre cuyos fallos se cuenta muy principalmente el haber tardado un mundo en reconocer que el COVID era un virus que se transmitía por el aire. No en vano The Lancet acusa a los gobiernos de haber llevado a cabo una malísima política de información, o de desinformación en la medida en que su información se basaba en criterios equivocados publicados por la OMS.

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En el caso de España, todos recordamos el empecinamiento del gobierno en no adoptar ninguna medida hasta celebrar el 8M, ceguera precedida de un negacionismo que le llevó incluso a tachar de xenófobos a todos los que advertían del peligro que llegaba de China. O los meses que el gobierno se pasó desaconsejando la mascarilla para, a continuación, pasar a imponerla como obligatoria. Por no mencionar la aplicación inicial de cuarentenas inversas, totalmente contrarias a la lógica de una cuarentena, por las que se recomendaba a quienes habían estado con contagiados que siguieran haciendo vida laboral, familiar y social con toda normalidad y sin tomar ninguna precaución hasta que tuvieran algún síntoma. Todo esto costó vidas en un contexto de 162.000 muertos, y aquí no ha rodado ninguna cabeza, aquí no se ha asumido ninguna responsabilidad política ni penal, ni por los fallecimientos ni por haber declarado estados de alarma ilegales o cerrado el parlamento. Claramente se aprovechó la pandemia para suspender la democracia y gobernar con mano de hierro. 162.000 muertos después todo lo hemos asumido con normalidad, todo lo hemos dejado pasar.

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Naturalmente muchas de esas muertes fueron inevitables, pero otras no. Si las mascarillas salvaron vidas, recomendar no llevarlas tuvo que costarlas. O cuando el gobierno dijo que no había que llevarlas, o cuando dijo que había que llevarlas, es evidente que en algún momento el gobierno se equivocó. Tampoco vale esconderse para todo detrás de la OMS. Si lo que dice la OMS no tiene sentido o resulta contradictorio, no se justifica seguir ciegamente a la OMS. Por otro lado, tampoco la OMS ha respondido por ninguno de sus errores. Nos encontramos ante una catástrofe sanitaria sin precedentes en la era moderna, plagada de errores en la gestión, por la que sin embargo las responsabilidades políticas asumidas son cercanas a cero. Si algo ha quedado demostrado es hasta qué punto la casta política global puede hacer las cosas mal sin tener que responder por su gestión.

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Del origen del virus, por otro lado, ni se ha sabido más ni se ha exigido saber más, cuestión de la que no parece casual el hecho de que China, una vez más, ande detrás. Tratándose de China nadie se atreve a pedir ninguna aclaración. Como ya estamos en la siguiente crisis, todo lo que no se aclaró en su momento ya no se aclarará jamás. Todas las responsabilidades que no se depuraron entonces no se depurarán jamás.

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Respecto a la conclusión de The Lancet en lo tocante a la funesta comunicación de los gobiernos en la pandemia, con instrucciones contradictorias cuando no totalmente falsas y equivocadas, con la gravedad de contar con un sello oficial detrás, a lo que hemos asistido no es sólo a la total impunidad a cuenta de toda esa desinformación y las vidas que costó, sino al intento por parte del gobierno de convertirse en un censor e inquisidor de la libertad de expresión, cuando el que peor información y más peligrosa estaba dando a lo largo de la pandemia solía ser él.

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Podríamos concluir que la pandemia ha pasado por el mundo y por el país dejando en muchas familias luto y devastación, por no mencionar todas las consecuencias económicas que todavía arrastra la economía global. No obstante, si algún segmento de la población ha mostrado una inmunidad total a la pandemia ha sido la clase política. No a nivel médico pero sí a nivel político. Si esto no ha pasado factura a los políticos, ¿qué esperamos que se la pueda pasar? Si algo podemos concluir es que de esta los políticos salen más impunes y poderosos. Y eso significa que todos los demás salimos con menor autonomía y menor libertad.

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