La apuesta por la concordia fue la Constitución, no cargarse la Constitución con Puigdemont

En realidad, nadie niega que la amnistía reviente y desborde la Constitución. Es lo que dice todo el mundo menos la izquierda, y es lo que la izquierda decía hasta el 23 de julio. Si ahora dice otra cosa no es por convicción, sino por los votos que necesita Sánchez para garantizar su continuidad en el poder. O sea, que en el fondo todos sabemos que la amnistía es ilegal y desborda la Constitución. ¿O cuántos socialistas pensaban que la amnistía era constitucional antes de que Sánchez ordenara cambiar el paso? Entre los socialistas conversos a la constitucionalidad de la amnistía no hay ni uno sincero. Pero vayamos al fondo de la cuestión.

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Lo que fue una apuesta por la concordia fue la Constitución, no cargarse la Constitución. En 1978 se hizo una apuesta muy fuerte, seguramente excesiva, a favor de la reconciliación, tanto que otorgó a los nacionalistas unos poderes extraordinarios, inusitados en todos los países de nuestro entorno. La idea era que concediendo al nacionalismo una capacidad de autogestión que equivalía al paso inmediatamente anterior a la independencia se apaciguaría su agresividad. Nada más lejos de la realidad. El relato nacionalista se encuentra blindado ante los hechos objetivos. En su fraseología España tiene que ser un estado fascista opresor sea esto verdad o no, porque es lo que conviene al relato, porque es lo que permite la victimización, porque es también lo que permite la violencia contra el presunto opresor. De hecho, el nacionalismo se ha pasado décadas matando a los no nacionalistas y presentándose como víctima al mismo tiempo. No son la ikurriña o la estelada las banderas que no se pueden exhibir en la calle sin riesgo, sino la rojigualda. El problema es que la Constitución del 78 entregó a los nacionalistas un poder inmenso, empezando por el poder del dinero, sin ningún tipo de contraprestación, sin exigir nada a cambio. Los nacionalistas tomaron todo lo que la Constitución les ofrecía y a continuación, desde el primer minuto, siguieron conspirando contra la Constitución y contra España. No hubo por tanto un pacto, una mutua renuncia de máximos por la convivencia, un quid pro quo. Para los nacionalistas la Constitución fue un regalo que no les comprometía a nada. Tampoco por consiguiente corrían el riesgo de perder algo por seguir conspirando contra la Constitución y contra España. La concordia no tenía para ellos incentivos, la persistencia en el odio y la división, incluso la violencia, tampoco tenía castigo.

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Que la Constitución del 78 fue por tanto un intento colosal de apaciguar al nacionalismo no cabe duda. Una apuesta por la concordia increíble. Sin contraprestaciones. Transversal. Avalada por una gran mayoría. No como el pacto de Sánchez ahora, que ni es transversal porque corta en dos la sociedad entre izquierda y derecha, ni busca la concordia, sino que la revienta. El problema es precisamente que al punto en que estamos hemos llegado por el fracaso de la apuesta de frenar el nacionalismo por la vía del apaciguamiento: la apuesta de la Constitución del 78 ha fracasado. La salida por tanto a la crisis, porque es evidente que estamos en una crisis, no puede ser más apaciguamiento, más Constitución, más de lo mismo.  Menos aún cuando lo que aquí estamos discutiendo no es más que la investidura de un señor al que le da igual la ley, la concordía, la democracia, el apaciguamiento y el país. Lo único que se puede edificar sobre la megalomanía de Sánchez es un desastre de proporciones impredecibles.

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Por todo lo anterior, igual que no cabe dudar de que la Constitución del 78 fue una apuesta por la concordia, a estas alturas y a la vista de los resultados cabe preguntarse si fue una apuesta acertada. Y si la apuesta del 78 para apaciguar al nacionalismo ha fracasado, ¿qué sentido tiene seguir esgrimiendo la Constitución frente al nacionalismo en este momento? ¿No es cómo seguir esgrimiendo contra una enfermedad un medicamento que no está funcionando? A lo mejor hay que cambiar de medicamento.

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En este sentido, cabe pensar que la amnistía, la condonación de la deuda, la consulta o el reconocimiento nacional de tal o cual territorio no son, con ser gravísimos, más que la mitad del problema. La cuestión no es, o no sólo, que Pedro Sánchez conceda todas estas cosas a los separatistas a cambio de la presidencia, sino cómo es que puede tener el poder para hacerlo, incluso saltándose la ley, sin ningún tipo de freno ni contrapeso. Ese el auténtico problema, el auténtico peligro y el verdadero naufragio constitucional.

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Como se indicaba anteriormente, no tiene sentido ante el fracaso de la receta constitucional seguir insistiendo en la misma receta. La receta que nos ha traído hasta aquí no puede ser la que nos saque de aquí, ni para solucionar el desafío separatista, ni para impedir el establecimiento de un gobierno de corte autoritario en España. Estos dos males que nos acechan en este momento no son lo opuesto a la Constitución del 78, sino el desenlace lógico del régimen del 78. Hay que plantearse por tanto, para salir de aquí, cambios en la Constitución del 78.

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Para construir una alternativa al sanchismo hay que plantear a los españoles una alternativa de amplio consenso. Pero no se trata sólo de recabar el apoyo de una mayoría de españoles, sino de recabarla en torno a alguna propuesta que pueda solucionar eficazmente los problemas que ahora tenemos. Es más, hace falta una propuesta lo suficientemente atractiva y transversal como para que recabe el apoyo no del 50,1% de los españoles, sino de al menos un 66% de los españoles, un apoyo que permita un cambio constitucional en profundidad.

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Seguramente hay dos puntos que en este momento podrían recabar un apoyo muy mayoritario de la sociedad española y ofrecer una solución a los dos desafíos que se nos están planteando, el separatismo y el establecimiento de un poder autocrático. El primer punto sería un cambio constitucional para establecer que los jueces y magistrados sólo llegan a serlo por oposición y que las designaciones para los altos tribunales se decidan entre los propios jueces y magistrados, sin la más mínima intervención de los políticos. Los políticos sencillamente no pueden nombrar a los jueces que después les tienen que juzgar. Sin separación de poderes, como estamos viendo, no hay auténtica democracia ni freno al absolutismo, y no es posible una separación de poderes real si una de las partes puede nombrar al juez que la tiene que juzgar.

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Una segunda propuesta que podría aglutinar un amplio respaldo de los españoles sería la de cambiar el sistema electoral e implantar un sistema de doble vuelta para elegir al presidente. El presidente no sería nombrado por tanto de forma indirecta, por los oscuros pactos de los partidos en los despachos, sino elegido de forma directa por los ciudadanos. Esto dejaría sin poder al nacionalismo, que lleva condicionando durante décadas la formación de casi todos los gobiernos de España.

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Otra posible fórmula añadida sería la de introducir la posibilidad de un referéndum revocatorio, de modo que la presidencia pudiera ser sometida a referéndum a partir del primer año de mandato, o a mitad de legislatura, a petición de tantos diputados de la oposición o de un determinado número de firmas por parte de los ciudadanos.

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Obviamente todas estas propuestas tienen sus pros y sus contras, podrían desecharse en beneficio de otras propuestas distintas, habría sin duda otras propuestas alternativas, pero lo que tenemos claramente encima de la mesa en este momento son los contras de las fórmulas por las que llevamos apostando durante décadas. Hacen falta cambios, y para que haya cambios hace falta proponerlos, debatirlos y pensarlos. Si no las anteriores, puede haber otras fórmulas, pero además de protestar, que por supuesto tenemos que protestar, hay que pensar en lo que hace falta proponer, lo que tenemos que cambiar y las soluciones que pueden ser lo bastante transversales como para recabar un amplio consenso social.

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3 respuestas

  1. buff ¡Son tantas cosas que cambiar solamente en la ley electoral!
    Dos tercios menos de Senadores
    Un tercio menos de diputados en los parlamentos regionales
    Eliminar todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes
    Eliminar todos los parlamentos de las diputaciones
    Dos legislaturas máximas para el presidente nacional y el de un parlamento regional. Tres legislaturas máximo para un alcalde
    Imposibilidad de ocupar dos puestos de elección popular. Hoy me he enterado que la alcaldesa de Toledo es Diputada en las Cortes…¡Con un par! Toledo tiene 80.000 habitantes nada mas ni nada menos pero la tía es diputa en las cortes
    Edad legal para votar; 18-75 años
    Todo aquel que reciba una ayuda del estado como VIVIENDA SOCIAL, RGI o similar sin derecho al voto
    Además del sistema de doble vuelta, marcar el 5% de los votos emitidos para poder entrar en el reparto de escaño (con está última nos quitamos a PODEMOS en Valencia y Madrid por ejemplo), Hay una propuesta de reforma para el parlamento europeo en ese mismo sentido que de momento no sale porque el PNV se quedaría fuera al no tener el 3.5% de los votos emitidos es decir unos 750.000, de hecho es España es el único parlamento que no lo ha aprobado y está pendiente de esa aprobación, se cree que se quiere aguantar para que no se haga efectiva antes de las del 2024

  2. sobre los jueces y fiscales además de eliminar lo del por el cuarto turno también obligar a renunciar a la carrera jurídica en cuanto se presenten a unc argo electroal ojo se presenten no cuando salgan elegidos.
    Modificar el sistema de oposición mediante selección de temas por un bombo (eso no solo es tercermundista sino que evita que entren los más inteligentes)

  3. Las medidas que se proponen son interesantes, pero el problema es que tanto la Constitución como el resto de instituciones de este Régimen salido de la Transición son de inspiración masónica y tuteladas por quienes no quisieron la continuidad del anterior Régimen …
    Eso hay que explicarlo para comprender bien por qué estamos ahora así

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