Una de las vías que el sanchismo pretende utilizar para premiar, castigar y por tanto controlar a los medios y limitar la libertad de expresión, es la financiación pública de los medios a través de la publicidad institucional. En este sentido resulta extraordinariamente interesante lo publicado por dircomfidencial.com, explicando que el gobierno central es una de las administraciones más opacas en lo que se refiere a la transparencia de la gestión de la publicidad institucional.
La publicidad institucional es el troyano del poder en los medios de comunicación. En principio, la publicidad institucional es algo bueno. Como toda cosa mala, para venderla hace falta presentarla en un envoltorio atractivo. En el Orwell de 1984, el Ministerio de la Guerra se llama Ministerio de la Paz y el ministerio encargado de manipular la información se llama Ministerio de la Verdad. Nada de raro tiene por tanto que el sanchismo denomine a su ley mordaza como Plan de Acción por la democracia. Es primero de maipulación: no hay manera de vender el plan si lo llamas Plan Mordaza.
La idea de que la publicidad institucional es algo bueno se justifica en la necesidad de campañas destinadas a informar a la ciudadanía sobre lo mala que es la droga, la necesidad de vacunarse o que no se debe beber alcohol cuando se conduce. ¿Tienen después una incidencia real sobre la gente estas campañas sobre la violencia de género, la conducción o la droga? Sería más que discutible. Durante la pandemia del COVID, por otro lado, pudimos ver cómo la publicidad institucional recomendaba seguir haciendo normalmente vida familiar, laboral y social después de haber estado con un contagiado por COVID, o recomendaba primero no usar mascarilla y después recordaba la obligatoriedad de usarla. O sea, que la publicidad institucional oscila a menudo entre lo inútil y lo pernicioso. Y esto es sólo la cara luminosa del asunto.
La cara oscura de la publicidad institucional es que, bajo la justificación de dar publicidad a maravillosas campañas y asuntos varios, en el fondo lo que se está haciendo es usar el dinero público para financiar o dejar de financiar a ciertos medios, y por tanto para financiar o dejar de financiar ciertos mensajes desde el gobierno, según sean amigos o enemigos del gobierno.
Para evitar esto, se supone que la publicidad institucional no la puede repartir arbitrariamente el gobierno, dando el dinero público a sus aliados y quitándoselo a los críticos, sino que tiene que repartir la publicidad (y por tanto el dinero) siguiendo criterios objetivos. La audiencia, por ejemplo, suele ser el más típico. Es por esto que resulta un peligro alarmante introducir cualquier otro criterio subjetivo, como que el gobierno o un órgano dependiente del gobierno, o de la mayoría gubernamental, valore cuestiones como la veracidad o credibilidad de los contenidos. O si estos contenidos pueden ser machistas, racistas, econegacionistas, extremoderechistas o cualquier otra etiqueta que se le pueda aplicar a cualquiera subjetivamente sólo por pensar distinto de lo que dice el gobierno. Una vez más podría pensarse que es razonable excluir de la financiación pública a un medio fascista, lo que sucede es que en la realidad no hay ningún medio en España (ni en casi ninguna parte) que defienda el fascismo, y lo que sí sucede es que el gobierno llama fascista (para justificar su represión) a todo el que discute o critica cualquier actuación. Aparte de esto, si de lo que se trata es de que la gente se vacune o conduzca despacio, tampoco se entiende por qué los lectores de tal o cual medio, por tener tales o cuales ideas, no deberían vacunarse o recibir el mensaje de conducir despacio igual que todos los demás. ¿O no era esa la cuestión?
Desde luego si el criterio para dejar de insertar publicidad institucional es defender a Hitler no va a haber ningún medio que deje de recibirla, aunque sea esta la justificación (o una de ellas) de subjetivizar el reparto del dinero. ¿Dejaría de recibir en cambio dinero público un medio por difundir mensajes de apoyo a dictaduras como la castrista en Cuba o la de Maduro en Venezuela? Parece que esto en cambio no se contempla, cuando sin embargo sí que a diferencia de las dictaduras fascistas los defensores de las dictaduras comunistas proliferan peligrosamente en España.
Volviendo al principio y a la información de dircomfidencial.com, este digital señala que el gobierno central destaca por su opacidad en el reparto de la publicidad institucional. Hablamos de 90 millones de euros sólo el año pasado de los que no existe una publicación detallada y transparente respecto al reparto. Esto contrasta con transparencia en el reparto de publicidad institucional de las comunidades autónomas, empezando por Madrid o Cataluña. La Administración General del Estado se limita a emitir cada año un Informe de Publicidad y Comunicación Institucional, en el que se publica la inversión por campaña y por ministerios, pero no se desglosa el importe que recibe cada medio. Dircomfidencial.com denuncia que para conseguir información hay que solicitarla al Portal de Transparencia y esperar durante meses a que la administración conteste a esa petición. Unas veces accede a proporcionarla y otras no.
El gobierno central va a exigir a los medios transparencia respecto a su financiación pero en cambio no hay transparencia en lo que respecta a quien exige esta transparencia, que debería ser ejemplar, y que además es el principal financiador de medios en España. Y quien dice financiador, debería decir acaso controlador, particularmente si esa financiación es discrecional.
