https://twitter.com/S_P_Foral/status/1529151204114280448El Gobierno de Navarra y los menas de Marcilla siguen sin coordinarse, a tal punto que son casi diarios los incidentes en el centro de acogida de la localidad y los correspondientes desmentidos del gobierno foral. Ayer mismo volvieron a producirse varios incidentes en el centro con nuevas intervenciones de la policía y varios heridos.
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Cuatro detenidos en dos incidentes en el centro de menores de Marcilla https://t.co/JsEukYok7T pic.twitter.com/QfCWkImjRT
— Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) May 26, 2022
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Un vigilante, agredido en el centro de menores de Marcilla con una piedra: "Casi me matan" https://t.co/vjYQpCyahL
— Navarra.com (@navarra_com) May 25, 2022
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Los desmentidos a todos estos sucesos rayan el surrealismo, no sólo por parte del Gobierno de Navarra sino por parte también de esos tentáculos gubernamentales en que se han convertido las supuestas agencias de verificación de noticias. Los desmentidos, frente a las evidencias documentales, suelen consistir en calificar como un bulo toda una noticia por afirmar que sucede en Marcilla en vez de en Tudela o viceversa, lo que lejos de desmentir la información como mucho la matiza, y por otro lado confirma que el mal no se limita a Marcilla. O el desmentido consiste en desmentir un apuñalamiento, pero sin reconocer que sí hubo una agresión. O que los agresores no fueron tantos sino cuantos, o que no todos eran menas, o que eran latinos pero no magrebíes, o matices de ese tenor. Sin embargo toda la noticia se califica como bulo o fake news, de modo que parece que en Marcilla o en Tudela no pasa nada, cuando lo que tenemos son unas noticias básicamente ciertas, que pueden ser matizadas, y unos desmentidos sin matices totalmente alejados de la realidad. Las noticias calificadas como bulos, por tanto, se da la paradoja que se encuentran bastante más cerca de la verdad objetiva que lo que se puede leer tras pasar por el pasapuré de las supuestas agencias de verificación.
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A mayor abundamiento de todo lo anterior podría citarse este hilo de la cuenta en Twitter del Sindicato Profesional de la Policía Foral, en el que se comienza reclamando medios como los TASER a Javier Remírez, el consejero de Interior, se denuncia el deterioro de la situación que los policías forales y el resto de policías están experimentando a pie de calle, y se aportan vídeos notablemente descriptivos de la situación.
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@javierremirez @Lopez3Amparo nos gustaría saber porque siguen cogiendo polvo en un cajón los TASER y sus cámaras que llevan tiempo comprados.
Si la excusa es el tema de las grabaciones, quién les diga eso que se deje de milongas y se ponga a trabajar quehttps://t.co/wegFTylbBK— SPF (@S_P_Foral) May 24, 2022
la desprotección de l@s @policiaforal_na y NO HAN HECHO NADA NI HAN TOMADO NINGUNA MEDIDA.
Igual preguntan a la superioridad y le dicen que todo está bien, pero si preguntan a los de abajo que se juegan la cabeza, seguro que no les dicen lo mismo.
Esperaremos a la desgracia para— SPF (@S_P_Foral) May 24, 2022
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— SPF (@S_P_Foral) May 24, 2022
— SPF (@S_P_Foral) May 24, 2022
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Como se aprecia en los audios de la intervención, la policía tiene que aguantar una constante actitud acosadora, intimidatoria e insultante. Por supuesto los insultos presentan un cariz significativamente machista y homófobo. Tan llamativa como la falta de respeto hacia la policía es el aparente temor de la policía a intervenir con mayor contundencia. Salta a la vista que no temen tanto al grupo que les rodea, incluso cuando llegan más efectivos, como a sus mandos, a ciertos medios o a la clase política. Se dice que la policía no puede actuar frente a quienes alteran el orden de forma proporcional, porque entonces se produce un empate infinito. La policía tiene que poder actuar imponiendo una clara superioridad sobre el delincuente o el agitador, estableciendo un punto final en la actuación. Por el contrario, a lo que asistimos aquí más bien parece que es a una clara superioridad de los agitadores sobre la policía. Quienes se enfrentan a la policía en el vídeo saben que gozan en la práctica de impunidad. Pero esto no es un problema policial. Es un problema político, legal y judicial.
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Eso sí, si el problema no existe y los centros de acogida de menas son un remanso de paz, entonces que por lo menos trasladen el centro desde Marcilla a Gorráiz, a la dirección en la que la presidenta Chivite tiene su hogar y solaz.
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