A la izquierda no le gustan los paraísos fiscales ni las bajadas de impuestos. En el fondo la idea es que no debería existir un euro fuera de las arcas del gobierno. El uso que uno hace de su dinero es egoísta, mientras que el uso que el gobierno hace del dinero es altruista. No podemos dejar al criterio de cada cual que el uso de su dinero sea altruista. No podemos convertir la solidaridad en caridad, cuando es un derecho de los desfavorecidos. Así que en último término si el dinero se divide en público-altruista o privado-egoísta, la lógica es que los impuestos sean del 100% y todo el dinero sea del gobierno. Cuando se bajan los impuestos un 1% se critica que el estado haya perdido X millones para gastos sociales, pero según esa lógica todo lo que no sean impuestos del 100% es perder dinero para gasto social. ¿Para que conformarse con una fiscalidad de sólo el 99%? Aquí es cuando podemos empezar a introducir conceptos como paraíso fiscal o “guarida fiscal”.
En realidad, la Constitución debería consagrar el derecho de todo ciudadano a tener al menos 1 millón de euros en cualquier paraíso fiscal. O sea, al final sería la única forma de garantizar que el gobierno no se pudiera incautar en un momento dato de todos los ahorros de una persona. Esto ya lo hemos visto en algunos países, como cuando el gobierno argentino se apropió del dinero de los planes de pensiones privados de la gente. Otros gobernantes hispanoamericanos plantean abiertamente en el presente medidas semejantes. La cosa no sería tan preocupante si dirigentes como Petro no fueran admirados por partidos españoles de los que depende el gobierno.
Sin irnos tan lejos, hemos visto en la UE corralitos e incautaciones de depósitos de los particulares para afrontar el pago de rescates, y hemos visto también borradores de leyes de seguridad nacional que prevén la estatalización de los ahorros y los bienes de los ciudadanos. ¿Cómo podemos estar seguros de que el gobierno no nacionalice nuestro dinero?
Puede resultar provocador, pero la idea de que fuera no sólo legal, sino un derecho constitucional el poder tener hasta 1 millón de euros en cualquier país extranjero, sería una forma de garantizar la propiedad de nuestros ahorros, que el gobierno no robara nuestro dinero. ¿Por qué 1 millón de euros y no 100 o poner siquiera un límite? Viva el debate, pero con un límite de 1 millón ni siquiera se podría decir que es una medida para amparar a los ricos. Lo que se garantizaría es la propiedad de los ahorros de la gente común. ¿Dejaría de pagar impuestos entonces la gente común? Como poco, la gente debería poder llevar donde quisiera la parte de su sueldo que ya ha pagado impuestos. No sería no pagar, sino asegurar lo que ha quedado después de pagar. Y por supuesto ayudaría a no buscar una huida el tener una fiscalidad razonable, seguridad jurídica o el ver que el dinero de los impuestos que se pagan se gestiona bien. Lo que no puede ser es que el gobierno tenga en último todo el poder y el patrimonio del ciudadano común se encuentre en una situación de absoluta desprotección.