Hoy vamos a hablar de okupación. Sí, a raíz de un nuevo escenario de censura «progre» de las grandes corporaciones tecnológicas, dentro de sus compromisos con la subversión moral y el masivo desprecio hacia la propiedad privada.
Toca difundir 👇 pic.twitter.com/JkK8mlqVZe
— Unai Laño (@LanoUnai) July 3, 2022
Twitter ha censurado la cuenta de la empresa Desokupa, un medio de la sociedad que ha resuelto y seguirá resolviendo muchos escenarios de ocupación ilegal que el ordenamiento jurídico y normativo del Estado es incapaz de resolver en tiempo y forma.
Concretamente, dado que hoy, por la tarde, resolverán un problema que afecta a un matrimonio de ancianos de Fuenlabrada (Madrid) que fue engañado por una «oenegé», culpable de que su vivienda esté siendo usurpada con descaro por ciertos sujetos representativos de la «idílica multiculturalidad».
Hace un año publiqué al respecto de este matrimonio y @sanchezdelreal preguntó al Gobierno sobre su situación en el Congreso. Fueron engañados por la administración, y el CEAR. Hoy están pasando un auténtico calvario. @Vox_Fuenlabrada estará siempre con ellos. Es inadmisible https://t.co/tV058VamjU pic.twitter.com/IwuJOzTe2y
— Isabel Pérez Moñino (@Isabelperezmoi1) June 24, 2022
No obstante, el motivo de este artículo no es hacer un análisis de actualidad sobre los casos de censura tuitera o sobre el escenario de allanamiento que ha tenido lugar en el municipio fuenlabreño. Más bien, se harán unas consideraciones sobre la empresa en cuestión.
La antítesis de la inoperancia intencionada estatalista
La Carta Magna del 78″ no sirve para nada. El Derecho Penal no es eficiente en este caso. La existencia del Estado no está garantizando tranquilidad y seguridad. Nadie puede dar por seguro que sus inversiones en alquileres sean tan rentables ni que sus propiedades primarias estén a salvo cuando se veranea.
Pese a que hay agentes de policía con buenas intenciones, que hacen todo lo que pueden, resulta que no se puede desalojar una vivienda de inmediato, porque es necesaria una orden judicial, habiendo de esperar en muchas ocasiones a un pleito que no necesariamente se lleva a cabo de inmediato.
No existe nada como el «desalojo exprés» en nuestros mecanismos legales. De hecho, ya se sabe que el sistema jurídico tiende a penalizar más a quienes ejercen el derecho a la defensa propia, con o sin armas, por sí mismos o delegado en un tercero que puede ser un guardia de seguridad o un policía.
Con lo cual, es muy meritorio que existan iniciativas sociales que, sin estar sostenidas obligatoriamente con los impuestos de todos los ciudadanos, estén resultando ser muchísimo más eficaces y eficientes, con independencia de que se trate de entornos normales o altamente conflictivos.
En la primera mitad del verano de 2020, se habían recuperado ya 4800 viviendas invadidas. Y no, no ha habido necesidad de ir con fusiles de asalto ni nada similar. Simplemente ha habido agallas suficientes para hacer lo que hay que hacer.
Eso sí, a diferencia de lo que hacen algunos entes oficiales, comprometidos con la corrección política, aquí no hay miedo a señalar ciertos datos que no son sorprendentes. El pasado mes, Desokupa informaba de que siete de cada diez ocupaciones eran perpetradas por inmigrantes de determinadas procedencias.
Igualmente, han advertido de que este fenómeno no solo es que se esté dando con mayor incidencia en Cataluña y en las zonas más deprimidas de Madrid, sino que se está propagando a otras regiones como puede ser Andalucía.
Con lo cual, se puede decir que la existencia de estas aguerridas entidades es un halo de esperanza ante el enésimo fracaso estatalista, a sabiendas de que el socialismo imperante prefiere fomentar y tolerar aquello que sea contrario al derecho de propiedad.
