Este viernes 19 de julio, un día después del aniversario del Alzamiento Nacional que dio lugar a la Cruzada de Liberación, se vuelve a citar a los juzgados de la matritense Plaza de Castilla a Begoña Gómez, por parte del juez Peinado, para que aporte declaraciones en su imputación por tráfico de influencias y otros actos corruptos.

Tanto la imagen de la cónyuge de Pedro Sánchez caminando por los juzgados como la aparición textual nominal en hipotéticas sentencias condenatorias son dos cosas que el régimen socialista y sanchista pretende evitar a toda costa, más allá de utilizar a los típicos agitadores de los medios de comunicación afines a la causa (o controlados por los resortes institucionales de la misma).

Se tiene, a su vez, la impresión de que no hay tanto convencimiento personal sobre la inocencia y los actos moralmente impolutos. El aguerrido unísono y frío de Pedro Sánchez y de otras figuras clave del aparato partitocrático-gubernamental del PSOE es bastante evidente. Pero, aunque se fuera a la defensiva, uno debería de tener la conciencia tranquila y confiar en ser capaz de defender su verdad.

Ahora bien, quizá haya que discernir entre el corto y el largo plazo. Eso sí, el mantenimiento de una perspectiva largoplacista no implica que uno no se preocupe sobre lo que pueda ocurrir en su futuro más cercano (como ocurre en otras circunstancias cotidianas, relacionadas con la vida en sociedad del común de los mortales y con la economía familiar).

Como se ha afirmado previamente, hay mucho interés en que deje de haber trascendencia física judicial de la mujer de Pedro Sánchez. Recordemos, a su vez, que el PSOE está explorando alguna fórmula que permita archivar el caso o, como mínimo, apartar al juez Peinado, que ya ha sido apuntado por las hordas mediáticas social-comunistas.

El juez Peinado es un escollo ante unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cada vez más funcionales a Ferraz, en base a la idea de Grande-Marlaska de articular una NKVD soviética a la española. Molesta, igualmente, ante una Fiscalía General del Estado que no deja de ser, a efectos prácticos, un resorte del PSOE.

Con lo cual, si «pueden parar el sufrimiento» cuanto antes, mejor para ellos. Pero hay varios precedentes que permitirían a uno atreverse a pronosticar un escenario negativo, salvo que hubiera un cambio de rumbo político exitoso, que trascendiera la mera idea de la cortina de humo o el «ponte tú para ponerme yo siguiendo todo igual».

La separación de poderes ya no existe, a efectos prácticos, si bien es cierto que desde hace años había alguna que otra corrupción de la idea teórica del barón de Montesquieu. Todos los resortes están en manos de Ferraz y Moncloa, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dándose, en este último caso, la colaboración del Partido Popular y el beneplácito de la Comisión Europea.

Además, ya no hay ninguna clase de disimulo o escrúpulo. El Tribunal Constitucional, que se puede considerar como una clara extensión de Ferraz en la calle Domenico Scarlatti, está trasladando el mensaje de que ser militante del PSOE o muy amigo del aparato del partido es una ventaja para estar por encima del Código Penal.

El caso de los ERE, uno de los más voluminosos en cantidades, a nivel nacional, pese al constante silencio de la prensa del mainstream, ha quedado en nada. Se ha pasado de apartar a jueces independientes como Mercedes Alaya (con el sutil vistobueno del PP) a amnistiar de facto a los procesados, sugiriendo que «han sido mártires de una persecución judicial».

Encima, si ya de por sí los fondos europeos no han solucionado ningún problema macroeconómico estructural (por mero fallo sistemático de las políticas keynesianas, alejadas de la mera supresión de trabas e incentivos negativos al emprendimiento y la innovación), se ha trasladado a las «defendidas clases humildes» que es legítimo satisfacer de manera narcótica, con ese dinero, los apetitos de la casta socialista.

Con lo cual, con todo el poder judicial controlado, con una mayoría absoluta de bloque, con el control de los principales medios de comunicación y con el colaboracionismo del principal partido de la oposición política teórica (dispuesto a salvar al PSOE y a desproteger a España de las políticas deicidas, socialistas y wokeistas), ¿qué esperar?

El PSOE podría intentar, salvo un milagro en el curso de los acontecimientos, utilizar todos los resortes judiciales que estén en su mano para intentar «limpiar de pecado» a Begoña, trasladando que ha sido una víctima de un lawfare impulsado por «pequeños reductos de la ultraderecha» y alentado por los llamados «pseudomedios» (a los que se pretende perseguir bajo la excusa de la transparencia en la financiación).

Además, se trata de la persona a la que, supuestamente, el dictador posmoderno quiere más en este mundo. Ahora bien, pensemos que una hipotética entrada del PP en Moncloa tampoco sería indicio directo de nada. ¿Ha desmontado el PP los aparatos socialistas en Andalucía? ¿Ha habido una «línea roja» entre encinas contra el «chupopterismo factorial»?

Recordemos que el PP desperdició una mayoría absoluta histórica respaldada por un notorio poder autonómico y provincial para despolitizar la justicia, reformar o derogar ciertas leyes y desmontar ciertos entramados de las cloacas de la PSOE. El PP tampoco quiere «remover mucho» en el caso de los ERE y, como sabemos, también permitieron la excarcelación de etarras y no quisieron que la verdad del 11-M se supiera.

Con lo cual, cualquier cosa es de esperar. Pero hay una cosa que no se evitará: el juicio final de Dios, que no solo evaluará los supuestos patrones típicos de pecado capital que hay en las ideologías revolucionaria. Mientras tanto, hay que seguir sacudiendo conciencias en la sociedad, como ya se manifestase en noviembre de 2023 en distintos puntos de España (no solo en el derechizado Madrid).