O tienes una Justicia independiente o no tienes estado de derecho ni democracia. La cosa es así de sencilla. Por esa razón puede decirse que hace ya bastante que la democracia y el estado de derecho hacen aguas en España. El último episodio de esta crisis es la renovación de los órganos judiciales, y como toda crisis es una oportunidad, tenemos una ocasión estuopenda para decidir si tomamos el camino hacia una Justicia independiente, o hacia una Justicia totalmente sometida al gobierno, sin separación de poderes y sin estado real de derecho.
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El mantra del gobierno y de sus socios es que el PP se niega, de manera hasta sediciosa, en renovar el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde el año 2018. Pero evidentemente eso no es verdad. Es decir, el PP podría presentar hoy mismo una lista de candidatos por los que votaría entusiasmado a favor, pero son el PSOE y sus socios los que no aprobarían esa lista. Si no sería sedición que el PSOE y sus socios no aprobaran y bloquearan la lista del PP, obviamente tampoco es sedición ni bloqueo que el PP no apruebe la lista del PSOE y sus socios.
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La situación de bloqueo se genera porque la Ley Orgánica del Poder Judicial exige una mayoría de tres quintos (210 diputados) para nombrar a los magistrados del CGPJ, y el PSOE y sus socios no tienen esos 210 diputados. Nasturalmente no es casual que la ley exija esa mayoría de tres quintos, se trata precisamente de que el nombramiento pueda bloquearse si no hay un amplio consenso sobre los candidatos, evitando en lo posible que se trate de candidatos de partido, por tanto parciales, por tanto contrarios a la exigencia fundamental de cualquier juez o magistrado que es la de que sea imparcial. El Real Madrid no puede jugar un partido dirigido por un árbitro nombrado por el Real Madrid. Esto, bastante de sentido común, es precisamente lo que se trata de evitar a nivel judicial. La ley asume, con razón, que por malo que sea el bloqueo es mejor que una Justicia sometida y parcial.
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Desde luego puede suceder, como ahora, que los partidos resulten incapaces de alcanzar un consenso y no pacten una lista de candidatos independientes. En tal caso hay dos opciones. Primera deponer esa actitud y abrirse a una negociación de perfiles independientes. Si, como parece el caso, los partidos no son capaces de ello, la segunda opción sería consensuar un cambio legal para que sean los propios jueces los que elijan a los magistrados de los más altos órganos. Esto es lo que de hecho prometen todos los partidos cuando están en la oposición, incluido Pedro Sánchez. Bloquear la renovación no sólo es negarse a aprobar una lista de consenso, también lo es negarse a cambiar el sistema para romper el desbloqueo por la vía de devolver el poder a los jueces, garantizando su independencia.
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🔴Cuando @sanchezcastejon decía: «Yo no estoy de acuerdo que los partidos políticos decidamos el órgano de gobierno de los jueces. Estoy dispuesto a RENUNCIAR»
Pero Sánchez ha nombrado 10 jueces chavistas, nacionalistas para SOMETER al @PoderJudicialEs‼️pic.twitter.com/tke3ZdGuj5
— María de Tabarnia 🖤🇪🇸 (@MariaTabarnia) November 14, 2018
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Existe un agravante sobre toda esta cuestión y es que, increíblemente, los partidos disputan sobre el nombramiento de los 20 miembros del CGPJ pero el artículo 122 de la Constitución dice otra cosa.
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De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros
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La Constitución dice que de los 20 miembros del CGPJ los políticos sólo podrán nombrar a 8, cuatro el Congreso y cuatro el Senado, y que los otros 12 han de ser elegidos por los propios jueces y magistrados entre los propios jueces y magistrados. Es evidente por tanto que la Constitución no se está cumpliendo, y si el Tribunal Constitucional dice que sí se está cumpliendo y que lo blanco es negro, eso es ya que la independencia judicial hace tiempo que está en el alero. La causa de esta crisis es que no se cumple la Constitución y la solución sería que se volviera a cumplir la Constitución. Volviendo al principio del análisis, la situación de bloqueo nos coloca ante la oportunidad de salir por el camino de una Justicia más independiente o por el de una Justicia parcial. No podemos tolerar una salida hacia una Justicia aún más parcial, salvo que estemos dispuestos a tirar por la borda el estado de derecho, la democracia y la libertad.
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Un comentario
Cúmplase la Constitución y déjese elegir a los jueces sus 12 representantes, que ya son pocos.