Matar a MUFACE es la penúltima ocurrencia de la extrema izquierda española, que es ya toda la izquierda. Es decir, no hay nada a la izquierda que contrapese las ideas de la extrema izquierda. No hay otras propuestas que las propuestas de la extrema izquierda. Lo único que existe en la izquierda, de hecho, es una competición a ver quién es el que tiene las ideas más extremas. Tampoco puede resultar extraño este hecho bajo la premisa de que cuanto más de derechas es alguien, peor, y cuanto más de izquierdas mejor. Esta lógica conduce inevitablemente a que toda la izquierda se convierta en extrema izquierda. Por otro lado existe un gran vacío ideológico entre la derecha y la extrema izquierda. Si todo lo privado, la empresa, el comercio o la propiedad son malos, una sociedad mejor pasa por su erradicación. ¿Qué sociedad funciona bien y podemos tomar como modelo después de haber erradicado la propiedad, el comercio y el sector privado? Lo cierto es que no existe ninguna sociedad que después de haber hecho eso no sea una ruina y además una dictadura. Naturalmente la izquierda copia el recetario de los países que han acabado así pero al mismo tiempo niega que convertirse en uno de esos países sea su objetivo y modelo, aunque lógicamente lo uno conduzca a lo otro. ¿Pero qué pasa con MUFACE y cuál es el problema con los números?
A nadie se le escapa que meter de repente en el sistema público a los 1,5 millones de funcionarios usuarios de MUFACE puede provocar un auténtico colapso. Bastantes problemas presupuestarios, de retrasos y de falta de recursos humanos y materiales tiene ya la sanidad pública como para añadirle de sopetón una carga de trabajo extra de 1,5 millones de pacientes. Pero a esto replican los partidarios de dinamitar MUFACE que el coste para el estado de MUFACE pasará a engrosar las arcas públicas, y que la atención pública a ese 1,5 millones de funcionarios se financiará con lo que se deja de pagar a MUFACE. De este modo, afirman, no habrá ningún perjuicio para los funcionarios y los únicos que dejarán de beneficiarse del dinero público serán las malvadas empresas privadas aseguradoras contratadas por MUFACE. ¿Es sin embargo esto cierto?
Para empezar, no es verdad que no vaya a existir un perjuicio para los funcionarios en el servicio y que sea lo mismo ser atendido por la sanidad pública que por la privada. Los funcionarios, gracias a MUFACE, pueden elegir la sanidad privada, pero no tienen obligación de acudir a la sanidad privada. ¿Por qué entonces eligen abrumadoramente la sanidad privada? Evidentemente porque les ofrece un servicio mejor y más rápido. Por tanto va a haber un perjuicio al no dejarles elegir y obligarles a acudir a lo público. No digamos si encima lo público todavía se deteriora más a causa de esta avalancha repentina de funcionarios.
¿Es posible por otro lado que lo que el estado deja de pagar a las aseguradoras privadas a través de MUFACE sirva para pagar el coste en lo público de ese 1,5 millones de funcionarios? Los datos dicen más bien lo contrario. El gobierno, para financiar MUFACE, estaba proponiendo a las aseguradoras privadas el pago de una prima de 1.208 euros por persona. Las aseguradoras, por su parte, haciendo sus números pedían un mínimo de 1.279 euros por persona. El caso es que si atendemos al gasto público en salud por habitante en España, nos encontramos con que supera los 2.000 euros por persona. Es decir, prestar asistencia sanitaria a cada funcionario pasaría de costarle de media al estado 1.279 euros a costarle más de 2.000. Esa diferencia significaría al menos 1.000 millones de costo anual extra para el estado por asesinar a MUFACE.
La pregunta entonces quizá sería si, en vez de acabar con MUFACE, lo suyo no sería extender MUFACE a todos los españoles. Si la asistencia sanitaria media a cada español le costara al estado 1.279 euros en vez de 2.000, entonces hablaríamos de ahorrar casi 3.500 millones de euros en vez de gastar 1.000 millones más. Todos los españoles podrían ser atendidos por la sanidad privada en vez de por la pública y encima podrían recibir un cheque anual del estado de 721 euros, que por ejemplo serían 2.884 euros en una familia de 4 miembros. Por supuesto gestionar la realidad sería después más complejo, pero para empezar el debate no dejan de ser unos números bastante jugosos.
