Ya existe el derecho de rectificación y ya hay leyes contra la difamación, las amenazas, las calumnias o la vulneración del honor. Por ejemplo, Irene Montero fue condenada por llamar sin pruebas maltratador a un hombre cuya mujer había sido condenada por sustracción de menores. Interesa subrayar este hecho porque el PSOE y sus socios están hablando de poner límites a la difusión de bulos como si no existiera ya ningún tipo de límite legal contra la mentira, las falsas acusaciones o la maledicencia.
Contra la desinformación, por otro lado, seguramente el mejor remedio es tener más información, no reprimir la difusión de información. En este sentido cabe señalar la diferencia entre que algo sea falso o que sea discutible. Escuchando al gobierno y sus socios, da la impresión de que consideran falso todo lo que sea discutir y cuestionar sus premisas. Para la izquierda perseguir y reprimir a todo el que cuestiona sus premisas parece el paso siguiente a tachar de bulos y desinformación todo aquello que sea criticar sus postulados, o poner en solfa el comportamiento moral de sus dirigentes.
Desde luego continuamente se publican cosas que son inexactas, discutibles, matizables, contextualizables, oponibles a otras… El remedio es que tampoco haya trabas a que se puedan publicar las cosas que matizan, contextualizan, contradicen o se oponen a todas ellas. Es del contraste de todo ello que el ciudadano libre e informado puede obtener una conclusión más o menos fundamentada. Pero es el ciudadano el que tiene que sopesar los argumentos en favor y en contra de cada cosa que se discute y llegar a la conclusión que le parece oportuna, no el gobierno. Si el gobierno se convierte en un tutor del ciudadano, al cual considera incapaz de discernir entre las informaciones y los argumentos publicados, entonces ese gobierno no es democrático. Que la forma de gobierno se base en la libertad de voto del pueblo parte de la premisa de que la gente no es incapaz y de que es el pueblo el que tutela al gobierno y no el gobierno el que tutela al pueblo. Hay mucho más peligro en que el gobierno limite la libertad de expresión que en que se puedan publicar cosas falsas o discutibles, porque lo segundo se puede combatir simplemende publicando su refutación.
No estamos tampoco en un escenario en que el problema sea que haya una parte que tiene el monopolio de la información, de modo que esta parte pueda publicar cualquier falsedad o cualquier cosa discutible y no se pueda publicar nada que lo cuestione. O sea, en realidad estamos en un escenario que sí puede ser un poco así, pero precisamente a favor del gobierno. Es la izquierda y el aparato sanchista el que controla la abrumadora mayoría de los medios. Si de algo no se puede quejar el gobierno es de indefensión. ¿En qué clase de escenario es el gobierno jamás y por principio el indefenso? Indefensa puede estar acaso la oposición, nunca el que tiene el poder. Carece por tanto de toda justificación que la izquierda, además de tener el poder y la abrumadora mayoría de los medios, alegue indefensión para justificar medidas restrictivas de la libertad de expresión contra la escasas voces de la oposición.
Resulta de lo más preocupante observar el perfil de los partidos que con mayor ahínco están abogando por limitar la libertad de expresión. Entre la tropa sanchista que alienta las leyes mordaza tenemos gente que no condenó el bombazo contra la sede central de la ETB. Es decir, gente que consideró legítimo poner una bomba a la ETB por considerar a la ETB un nido de fascistas es la que ahora quiere legislar para determinar lo que se puede decir en los digitales o las redes sociales. El resto de medios se pueden controlar gracias a las subvenciones y la publicidad institucional.
Tampoco es casual que entre los mayores entusiastas de las leyes mordaza que prepara el PSOE se cuenten los partidos que están apoyando al régimen de Maduro y su represión del pueblo venezolano. ¿En qué momento cabe pensar que partidos que exaltan la figura de Fidel Castro, que apoyan la represión de Maduro, que hacen escraches contra las conferencias de las personas que no les gustan, o que llaman presos políticos a los asesinos de periodistas, vayan a legislar sobre los medios para otra cosa que para aplastar la libertad de expresión? ¿Qué clase de pluralismo mediático pretenden los socios de Sánchez que apoyan las leyes mordaza? ¿El pluralismo mediático y la objetividad que se puede apreciar en la ETB o en TV3?
Desde luego España tiene muchos problemas, pero no el de que los partidos en el gobierno no tengan voz para defenderse de las acusaciones o los argumentos que puedan provenir de los escasos medios ubicados en la oposición. Tampoco es el gobierno el que tiene que determinar en una democracia si es cierto o falso lo que se dice del gobierno, y reprimirlo si determina que es falso. Eso lo tiene que determinar el ciudadano después de escuchar a unos y a otros, para lo que tiene que poder escuchar a unos y a otros, y sólo en último termino, en situaciones extremas y ante la posible presencia de un delito, lo tiene que determinar la justicia, y sólo además una justicia que se pueda considerar independiente del gobierno.
Para terminar de temer lo peor, no cabe sino observar la cantidad de bulos, acusaciones sin fundamento, discursos de odio y desinformación provenientes de medios e influencers nacionalistas o izquierdistas. Si se aprobara una ley contra los bulos o los discursos de odio, serían los medios afines al sanchismo los primeros que tuvieran que estar preocupados. Por el contrario, todo el sanchismo está entusiasmado ante la idea de una ley mordaza de hierro. Consiguientemente no cabe sino pensar que las terminales mediáticas del sanchismo no conciben otra cosa que seguir gozando de total impunidad y que la mordaza sólo se aplicará a los demás. A eso no se le puede llamar de otra forma que represión de la libertad de expresión pura y dura.
