Para comenzar el último fin de semana del presente mes de marzo, se tuvo conocimiento de una noticia en Estados Unidos que no tuvo mucha trascendencia a nivel global. Lo contrario, en verdad, con respecto a la cuestión geopolítica relacionada con Ucrania y con ese ente agresor que se denomina Kremlin, sito en Moscú.

Uno de sus cincuenta Estados, precisamente, uno situado en la zona sur, en la llamada Dixie (ese área de notoria huella conservadora que formó parte de la Confederación Americana), adoptó una medida que contribuirá a reducir muy notoriamente los ataques que el estatismo socialista perpetra contra la propiedad.

Tate Reeves, gobernador del Estado de Misisipi y miembro-representante del Partido Republicano sancionó una ley que implica la eliminación total del impuesto estatal aplicado sobre la renta de los individuos (lo que en España se viene a conocer como IRPF). De hecho, estas fueron algunas de sus palabras:

Permítanme repetirlo: Misisipi ya no gravará el trabajo, los ingresos ni la ambición de su gente. La legislación que firmo hoy nos coloca en una clase rara de estados competitivos y de élite. Solo un puñado de estados en el país no cobra impuestos sobre la renta. Hoy, Misisipi se une a ese grupo y, al hacerlo, plantamos nuestra bandera.

Así pues, se da una noticia que no solo pueda encasillarse dentro de la reacción contra el expolio fiscal y la losa burocrática del espíritu trumpista, libertario y de gurús como Elon Musk. Muchos países europeos observan cómo su presión fiscal impide a sus ciudadanos emprender en proyectos de innovación e inversión.

España es uno de ellos (de hecho se da una tendencia de pérdida de poder adquisitivo, mientras que en países como Hungría, Polonia, Rumanía e Italia viene a darse lo contrario). La inflación se mantiene en alza (lo cual repercute en distintos bienes como la alimentación, la energía y la vivienda).

Además, los tipos impositivos tanto directos como indirectos se mantienen disparados (mientras que los salarios no alcanzan, ni de lejos, los niveles nórdicos y germánicos). Uno de los ejemplos que más vendrían al caso del titular sería el IRPF. Sus tramos fiscales son los siguientes:

• Desde 0 hasta 12.450 euros: retención del 19%.
• Desde 12.450 hasta 20.199 euros: retención del 24%.
• Desde 20.200 hasta 35.199 euros: retención del 30%.
• Desde 35.200 hasta 59.999 euros: retención del 37%.
• Desde 60.000 hasta 299.999 euros: retención del 45%.
• Más de 300.000 euros: retención del 47%.

Recuérdese además que la gran mayoría de la población «contribuyente» no puede beneficiarse de deducciones fiscales significativas que pudieran guardar relación con el cuidado de niños pequeños, el pago de una hipoteca o de una cuota de alquiler o el contrato de un seguro médico.

Y no, nada de esto tiende a aliviarse en España. Justo se sigue el camino contrario, que para nada es lo correcto, ya que solo contribuye a agravar los problemas existentes (además, uno ha de recordar la suma de factores como las confiscatorias contribuciones a la fracasada Seguridad Social, que no tienen un retorno futuro garantizado).

Alguno puede decir que la noticia es irrelevante o que es de algo que está muy lejos, pero eso sería una boutade en toda regla. Se ha de contribuir, con cierto empirismo (sin aferrarnos a un utilitarismo extremo), a alimentar el debate público, a fin de sacudir conciencias.

No pocos españoles sienten indiferencia ante el expolio fiscal. Hay quienes no lo ven mal (aún no haciéndole gracia a ellos mismos soltar todo su dinero), pero otros lo tienen tan normalizado como si de ocasionales trombas de agua tormentosas o de olas de calor estivales se tratase.

Hay que dejar de concebir el IRPF y otros tributos como meras cuotas por prestación de servicio (podríamos referirnos con ello a la seguridad y las vías de transporte, por ejemplo), sino como un expolio no necesariamente redistributivo que es posible gracias a la existencia de una mafia satánica y destructiva llamada Estado, por medio del fisco (comandado por el Ministerio de Hacienda, con la Agencia Tributaria como ejecutora).

Pese a la sistemática de engaño propagandístico y ciertas promociones de mentalidad, trabajar durante una gran cantidad de días para el Estado no es ni legítimo, ni provechoso ni moral. Es un sometimiento a un atraco en toda regla, aunque se trate de ladrones de guante blanco. Y, como diría Jesús Huerta de Soto, seamos conscientes de que somos esclavos.