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                El 15 de febrero este periódico daba la noticia de que «el Gobierno foral hará ajustes de personal desde marzo para ahorrar 25 millones de euros».  El consejero Roberto Jiménez dijo entonces que «era una reforma abierta a la negociación».

                El 22 de febrero la presidenta Barcina hizo unas declaraciones sobre el aumento de horario de los funcionarios, y en los mimos términos que Roberto Jiménez, apostilló que esa medida  «podría ser objeto de futuras negociaciones». Y hasta ahí, todo dentro de la lógica en un proceso que se torna complejo.

                Pero el 23 de febrero,  Roberto Jiménez, en sede parlamentaria,  dijo que «para bien o para mal, el responsable de Función Pública soy yo, y los acuerdos que tienen que ir a la sesión de Gobierno, los tengo que firmar yo».  Perpleja me quedo ante tamaño exabrupto.  ¿Pero esto qué es? ¿Un chiringuito en el que cada uno defiende su metro de barra? ¿Cómo es posible que un consejero y vicepresidente del Gobierno se arrogue en exclusiva la toma de cualquier medida y/o decisión afecta a su departamento? ¿Y cómo es posible que un consejero y vicepresidente del Gobierno menosprecie una declaración de la Presidenta hecha en los mismos términos que él mismo había utilizado días antes para el mismo tema? ¿Qué pasa, que la Presidenta del Gobierno no puede mencionar la palabra «funcionario» porque es competencia de Roberto Jiménez? Que sí, que ya sabemos quién es el Consejero de Función Pública, pero el Gobierno es uno y la Presidenta lo es de todo el Gobierno, no de la parte que quiere Roberto Jiménez, porque, ¿qué será lo siguiente? ¿modificar a su antojo el  régimen de oposiciones para colocar en la administración a quienes tengan carnet del PSN-PSOE sólo porque él es el consejero de la cosa? ¡Vamos, hombre!

                «Reserva» natural;  la Laguna de Pitillas, no una consejería.