El ministro de hacienda Cristóbal Montoro acaba de anunciar el deseo del gobierno de promulgar una nueva ley “de transparencia de Gobierno” contra el despilfarro que, en cierto modo, recuerda a la antiquísima institución de los “juicios de residencia” una de las prácticas de la tradición política española que fueron abolidas por el liberalismo en las mismísimas Cortes de Cádiz.
Ante este hecho los carlistas nos felicitamos por esta aparente vuelta al sentido común, aunque no podemos dejar de preguntarnos: ¿por qué ha tardado la actual democracia de partidos nada menos que 34 años en darse cuenta de la necesidad de esta nueva ley?
El antiguo juicio de residencia, que obligaba a los cargos públicos a dar cuenta de posibles enriquecimientos ilícitos fue abolido para la España peninsular por los liberales hace doscientos años dando paso al periodo más corrupto de nuestra historia. Desde entonces, unas cortes vacías del sentido que tenía la soberanía social, respaldan sin la menor protesta el afán recaudatorio y el endeudamiento de los gobernantes. El sistema electoral basado en los partidos no ha servido para eliminar a los políticos malversadores o ladrones. Ni siquiera lo ha conseguido una maraña legislativa que ya recoge numerosos delitos tipificados pero que no se ha aplicado con el rigor necesario. El optimismo ingenuo de unos, unido a la pillería de otros han hecho posible esta situación que ha ido empeorando hasta el punto de levantar una ola de indignación general ante una generalizada pésima gestión de los bienes públicos.
Una vez más el tiempo nos da la razón a los partidarios de la tradición política española cuando vemos que el liberalismo, como todas las ideologías, se ve finalmente obligado a rendirse ante la realidad. Por el bien de las familias españolas, esperamos que se adopten medidas que favorezcan siempre el bien común.
