Según Alfredo Pérez Rubalcaba, los ajustes anunciados por el nuevo ejecutivo popular “llevarán a una grave depresión económica». Lo cierto es que la afirmación de Rubalcaba podría ser más cierta dándole completamente la vuelta. Es decir, entendiendo que es la gravé depresión económica la que conduce a tener que realizar los ajustes.
¿Qué fue primero?
Retrocediendo en el tiempo hasta el comienzo de la crisis, es fácil recordar que la primera reacción del gobierno ante el cambio de ciclo fue no reconocerlo. No interesaba porque mediaban entonces las elecciones generales de marzo del año 2008. Una vez superada la cita con las urnas, el gobierno socialista sí reconoció la crisis y su respuesta fue tirar de manual keynesiano: más gasto público para compensar el descenso de actividad del sector privado. El resultado fue el Plan E, dotado con 33.000 millones de euros, que de tan publicitado resulta ahora imposible de olvidarlo. La consecuencia, como también todo el mundo recuerda, no fue una reactivación de la economía ni una disminución del paro sino un déficit público en 2010 superior al 9%. Este déficit abrumador marca el crash de la deuda pública española y, en último término, la pseudoquiebra e intervención exterior de nuestro estado.
El ajuste viene después
Es por tanto después de la crisis y después de una política keynesiana de gasto desaforado cuando viene el colapso de la deuda pública española en los mercados y la necesidad de recortar los gastos. La necesidad de recortar el gasto no llega entonces como una opción sino como una obligación. Por una parte porque no tenemos dinero para mantener nuestros gastos por nosotros mismos (de hecho ingresamos mucho menos de lo que gastamos); por otro lado, porque nadie nos presta puesto que nadie se fía de un deudor que gasta mucho más de lo que ingresa.
Llegan las subidas de impuestos
Al mismo tiempo, el año se despide con el anuncio por parte del gobierno de Mariano Rajoy de una nueva congelación del salario de los funcionarios, la ampliación de su jornada laboral y la suspensión de la reposición de plazas en la administración hasta nueva orden. Pero estas medidas llegan acompañadas de una nueva y sifgnificativa subida de impuestos. El detonante es el hallazgo de que el déficit que deja en herencia el PSOE no es del 6% sino del 8%. A este respecto, no obstante, sí que tiene una parte de razón Alfredo Pérez Rubalcaba aunque él mismo también fuera partidario (como de hecho lo hizo) de subir los impuestos. Si el estado sube los impuestos, deja menos dinero en el bolsillo a los ciudadanos. Si los ciudadanos tienen menos dinero en el bolsillo, gastan e invierten menos y la economía se enfría, lo cual además repercute en último término en una menor recaudación. ¿Dónde está el Mariano Rajoy que, como Aznar en el 96, iba a aumentar la recaudación para pasmo de los socialistas bajando los impuestos?
Menos impuestos y más reformas
Hubo un momento al comienzo de la crisis en que el gobierno tuvo dos alternativas: pisar el freno o el acelerador del gasto. El gobierno pisó el acelerador y se equivocó. El nuevo gobierno también se enfrenta ahora a dos alternativas: sólo aumentar lo recortes o también reformar el sistema con decisión. Un cambio del sistema podría pasar no sólo por una reforma laboral (reforma del convenio colectivo, admisión de que las barreras para despedir actúan también como barreras para contratar) o por una restructuración del sistema financiero, sino además por un cambio del sistema educativo basado en la calidad y la libertad (cheque escolar), un cambio en la Justicia basado en la independencia como baluarte frente a la corrupción y el abuso de poder, la introducción de criterios de gestión privada en el sistema público y la adopción del principio de subsidiaridad del estado, el cese casi total de toda subvención (incluyendo partidos y sindicatos), la venta o cierre de todas las televisiones públicas, un cambio en el modelo de pensiones (capitalización frente a reparto, o además del reparto), cambios también en el modelo energético, una reforma del mapa municipal o incluso una reforma del mapa autonómico. Puede que no suene demasiado popular al principio, pero ninguna política que no funcione acabará siendo popular al final tampoco.
Un comentario
¿Qué ha sido de De Guindos? ¿Le habrá pasado como a Hayek tras su victoria académica sobre Keynes o se habrá caído borracho en el famoso estanque helado? ¿Estará perplejo ante la paradoja de Fisher, releyendo «Perder hasta la camiseta» de Hyman Minsky o los comentarios de Claudio Borio, William White y otros economistas del BIS redactados cuando él era Secretario de Estado con Rato? ¿Pero quién ha decidido expoliar al sufrido contribuyente medio para costear los despilfarros de la casta política? Pocos rastros de medida para transformar el aparato. Ninguna medida estructural seria ¿Querrán amarrar “antes” a los antidisturbios? Parece que no buscan otra cosa sino apretar a las clases medias con la excusa de perseguir a los ricos (con alguna excepción, para el debate mediático). Aunque esto es sólo un aperitivo de cara al 31 de marzo, el PP optó el pasado viernes por la vía “políticamente correcta de izquierdas” para corregir el déficit; ¿el PP se propone que sean los privados, que viven a su riesgo y ventura, de su empuje, de su capacidad de ahorro e inversión los que sufraguen los despilfarros públicos, que lamentablemente prosiguen?
¿Vamos a consentir como entonces que algunos se dediquen a vivir del calentamiento global mientras el endeudamiento de las familias y empresas españolas aumentaban treinta puntos entre 2000 y 2007, mucho más que el PIB y De Guindos decía que, tranquilos, que se estaba invirtiendo en bienes duraderos? Ahora, lógicamente, llevamos una temporada a plan, como decían unas conocidas esta mañana, después de los placeres del turrón (debían referirse a la dichosa Dukan, y a sus perversos efectos colaterales): unas argumentaban que la medicina acabaría matando al paciente y otras afirmaban que había que elevar la dosis. Pero no les cabía duda sobre la necesidad de terminar con los cajones de facturas, con la dilación en los pagos, con la delirante capacidad normativa de las CCAA, con los miles de cargos autonómicos y locales que cobran (y sus asesores, secretarias, móviles, ipad, sillones, grapadoras, etc.), con la politización del CGPJ, con un sistema laboral que sólo favorece a la casta sindical, con una escuela pública en manos de la marea verde, con una sanidad pública que no pivota ni sobre los médicos ni sobre los pacientes … Habría que impulsar – respetar la iniciativa privada, favorecer la capacidad de elegir, mejorar de raíz la Ley del Mecenazgo, volver a vivir según los criterios de mérito y capacidad (sin necesidad de cambiar ninguna Ley), olvidarse del Porsche Cayenne y volver coches de 1000 kg (cuanto menos emitan, mejor, pero sin caer en tonterías) y parafraseando a Garrigues: obviar los males que se derivan de la baja natalidad especialmente inquietante en Europa en donde el envejecimiento limita gravemente la solidaridad y sobre todo la vitalidad y la capacidad innovadora de una sociedad que se refugia en el más puro inmediatismo para poder seguir conviviendo con unas ideas obsoletas y agostadas; implantar la tolerancia cero frente al descenso del nivel ético y el crecimiento imparable de la corrupción; terminar con la insensibilidad frente a la desigualdad social; fortaleza frente al desprecio a la verdad y al sectarismo más burdo en todos los niveles y especialmente en el estamento político y en los medios de comunicación (y la ola que transmiten de vulgaridad y de basura en sus niveles más extremos y degradantes).