La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita para todos. Pero el pasado viernes asistimos a la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley de Igualdad de trato, confirmando la ministra Pajín que -de aprobarse la nueva ley- aquellos centros educativos que separen al alumnado en función del sexo perderán las subvenciones públicas. Es decir que muchos podremos perder el derecho consagrado en la Constitución a que nuestros hijos e hijas reciban una educación gratuita.
Esto recuerda, planteada a un nivel nacional, a la pretensión de hace 3 años de Izquierda Unida de Navarra, discutida y sabiamente rechazada en sede Parlamentaria Foral. La Ley de Igualdad de trato representa un paso más para restringir a los padres nuestro derecho a la libertad de elección en la educación de nuestros hijos, algo que tiene más tintes de totalitarismo que de progresismo.
No me parece mal, sino todo lo contrario, que la Ley Orgánica de Educación recoja que la administración actuará con atención preferente y prioritaria a los centros educativos que desarrollen el principio de coeducación entre hombres y mujeres, pues es la mayoritaria en España y es el modelo pedagógico por el que han apostado las sucesivas administraciones educativas en las últimas décadas. Esto no debe cegar a los gobernantes ante la realidad de otros modelos pedagógicos (más exitosos incluso que la educación mixta).
El dinero público no brota en el campo, sino que sale de las contribuciones privadas, de los impuestos. Y mis impuestos contribuyen sostenimiento de los costos de educación, independientemente del modelo educativo al que la Administración decida destinarlo. Por eso tengo derecho a reclamar que no se permita que la nueva Ley discrimine a mis hijos e hijas, pues muchos no podremos hacer frente al costo de la educación que hemos elegido sin esa subvención pública de la educación a la que contribuimos como cualquier otro ciudadano. Si la Constitución protege el derecho a una educación obligatoria y gratuita, ¿por qué narices tendríamos que pagar a doblón la educación de nuestros hijos los que hemos optado por el modelo diferenciado? En contra del espíritu de la nueva Ley, seremos más desiguales, desiguales por partida doble: tanto en el papel de ciudadanos contribuyentes como en el de ciudadanos beneficiarios.
Aunque me gustaría pedir que nuestros gobernantes que se den cuenta que la educación diferenciada no implica segregación ni discriminación por razón del sexo, ni impone modelos machistas, sino que es simplemente un modelo pedagógico, realmente les reclamaría algo más grande: que respeten el derecho inalienable de los padres a elegir el tipo de educación de los hijos, y que se comprometan en la defensa del derecho constitucional de la gratuidad educativa. Puede que el momento reclame un pacto desapasionado y aséptico en lo ideológico. Eso sí que sería luchar por el progreso de la sociedad.
