La propuesta inicialmente presentada por Christine McCafferty, que entre otras había recibido la adhesión entusiasta y la colaboración del socialista Juan Moscoso, ha sido transformada ampliamente por parte del Consejo de Europa de forma que, en vez
de cercenar la objeción de conciencia, ésta ha sido ampliamente respaldada como un derecho en todos sus extremos.
El texto aprobado no sólo reconoce el derecho a la objeción de conciencia desde el título de la resolución, sino que reconoce su aplicación a todo el personal sanitario e incluso a los propios centros hospitalarios, determinando que “ninguna persona, hospital o institución, podrá ser coaccionada, responsabilizada o discriminada de cualquier manera a causa de la negativa a realizar, acoger, ayudar o someterse a un aborto, eutanasia o cualquier acto que pudiera provocar la muerte de un feto o embrión humano, por cualquier razón”.
