En una semana marcada entre otros asuntos por la huelga de funcionarios, más interesante que la propia y raquítica huelga ha sido el debate en torno a los asalariados públicos. Un mito que rodea a los funcionarios es el de que, al no poder ser despedidos, resulta casi imposible reducir su número. O que eliminar consejerías y ministerios apenas produce efectos sobre los gastos de personal puesto que la Administración sigue contando en plantilla con el mismo número de funcionarios.
Tales premisas que entre la población en general son un mito popular, y entre la clase gobernante una excusa para no acometer un recorte burocrático, caen sin embargo por su peso ante los datos objetivos.
Más de 1 millón de asalariados públicos no son funcionarios.
El primer dato ante el que se tambalean algunas creencias generalmente aceptadas es el hecho de que, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (editado por el Ministerio de la Presidencia), hay 1.062.094 asalariados públicos que no son funcionarios. En realidad el número sería aún mayor, puesto que el citado boletín no incluye los empleados de las empresas públicas de las comunidades autónomas. Todos estos asalariados del sector público que no son funcionarios de carrera pueden perder su puesto de trabajo como cualquier trabajador del sector privado. Existe por consiguiente un gran margen para reducir el número de personas al servicio de la burocracia de la Administración y para que la eventual eliminación de consejerías y ministerios tenga un reflejo sobre el número de asalariados públicos.
El 30% de los funcionarios se jubilará en los próximos 15 años.
Un segundo dato interesante que se acumula al anterior es el hecho, reflejado por la revista The Economist, de que en los próximos años se jubilarán cerca del 30% de los funcionarios. Si se procede a una simplificación de la burocracia estatal y no se renuevan esos puestos, se puede verificar por esta segunda vía una reducción de hasta un tercio del número de asalariados públicos.
Conclusiones.
Cae por su peso entonces, como decíamos, que reducir vicepresidencias, ministerios, consejerías o defensores del pueblo autonómicos sí reduce el número de empleados de la Administración y el gasto público. Se reduciría además extraordinariamente el gran número de personas colocadas en la Administración sin haber aprobado nunca una oposición objetiva que mida su mérito y capacidad como en el caso de los funcionarios.
