Parece bastante claro a estas alturas que Pedro Sánchez no tiene claro el límite entre él mismo y su cargo, entre sus intereses particulares y los de la presidencia del gobierno, entre el servicio público y su interés privado. El estado soy yo, que diría Luis XIV en su calidad de monarca absolutista. Para blindarse a sí mismo y a su entorno, Sánchez está aprobando a toda máquina y en caliente leyes ad personam. La buena práctica jurídica tiene entre sus requisitos dos principios fundamentales. El primero precisamente es no legislar en caliente, a la estela de una explosión sentimental por un hecho concreto, y el segundo no legislar ni en contra ni a favor de personas concretas. Las leyes o son generales o sirven para beneficiar o perjudicar injustamente a alguien sobre los demás. Pues bien, Pedro Sánchez destroza totalmente estos dos principios con la “Ley Begoña” y todos los cambios que pretende introducir en la legislación española. Como principio general la acusación popular es una garantía democrática frente a los abusos de poder, ya que no puede ser que el gobierno acabe convertido en el único que de hecho pueda acusarse a sí mismo. Esto equivaldría a dotar al gobierno de una impunidad absoluta una vez más al estilo de Luis XIV. Tampoco puede ser que estos cambios, malos de por sí en cualquier caso, los proponga el presidente justo cuando está teniendo problemas con la justicia su mujer. Esto ya no es sólo una mala praxis, esto es un abuso absoluto de poder.
El caso es que todo lo que estamos observando en relación con el entorno de Pedro Sánchez parte como poco de una clara incapacidad para distinguir sus intereses particulares de los su cargo. Es evidente que la mujer del presidente del gobierno no puede dedicarse a captar para terceros fondos de gobierno. La mujer del presidente del gobierno no puede ser una repartidora o conseguidora de fondos del gobierno. Si alguien no entiende este conflicto tan elemental con la ética y la prudencia no está habilitado para ser presidente del gobierno. Esto además es independiente de que Begoña Gómez sea culpable o no de los cargos que se le imputan. En ningún caso es presentable que la mujer del presidente del gobierno sea la persona con la que hay que contactar para conseguir dinero del gobierno, o que la mujer del árbitro sea la encargada de dirigir las apuestas. Si esto no es ya corrupción, es al menos abrirle las puertas de par en par para que la corrupción pueda pasar.
A la luz de todo lo que ha venido después puede parecer ahora un recuerdo insignificante, pero precisamente por ello ilustra la idea de que el descuido en lo pequeño resulta revelador, no se puede permitr y adelanta la llegada de los escándalos que pueden llegar después respecto a lo grande. No sólo es la falta de escrúpulos a la hora de permitir la actividad de su mujer como captadora de fondos del gobierno, la incapacidad para separar sus intereses privados de lo público se hizo ya patente en el caso de Pedro Sánchez con la presentación de su libro, que por otra parte ni siquiera era su libro, detalle llamativo en cualquier caso pero más tras toda la polémica sobre la auténtica autoría de su tesis. Pedro Sánchez no dudó en utilizar el cargo, los medios y la imagen de Moncloa para la publicidad de su libro. Ya estaba ahí por tanto el Sánchez que confunde el estado con su persona, que pretende aprobar leyes redactadas a la medida de sus intereses particulares y familiares para eludir la acción de la justicia, que legisla en caliente, que cambia indultos por votos, que coloniza la Justicia, que ordena y manda en la Fiscalía, que usa los medios del estado para perseguir a sus rivales políticos, y que hasta según sus socios evitó ayudar a los valencianos en la riada para “joder al PP”. ¿Dónde puede llegar una persona así a la vista de su progresión? La pregunta que debemos hacernos sin embargo no es acaso dónde puede querer llegar él, sino dónde debemos hacerle parar.
