Hace tiempo que la independencia judicial ha colapsado en España, como en Venezuela. Aún no estamos en Venezuela pero ya están sentadas las bases para que lo estemos. Cuando uno sienta las bases para que suceda algo, lo raro es que no suceda. Así es como por ejemplo hoy tenemos la noticia de que la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional ha apartado de las deliberaciones sobre la amnistía a un magistrado que le incomodaba. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que el TC de Pumpido vaya a decir sobre la amnistía o sobre cualquier otra cosa que le interese al sanchismo? ¿Alguien duda de que el TC, llegado el caso, anularía todo el proceso sobre Begoña Gómez, sobre el hermano del presidente o sobre el propio presidente, igual que ha hecho con los condenados por corrupción del PSOE en el caso de los ERE de Andalucía? Uno no coloniza la Justicia para que sea independiente sino para ponerla a su servicio, y cuando el gobierno tiene la Justicia a su servicio el estado de derecho salta por los aires, la división de poderes desaparece y el poder ejecutivo deja de estar sometido a las leyes. ¿Cuánto tiempo puede esperarse que pase entre que el poder se encuentre por encima de la ley y que comience a volverse autoritario? El control de la Justicia por parte del gobierno no sólo significa impunidad para el gobierno, también significa que puedan ser injustamente perseguidos todos los críticos con el gobierno. No exageramos por tanto. No puedes juntar todos los ingredientes de la dictadura venezolana y esperar que te salga otra cosa que la dictadura venezolana.
Viajemos al pasado, sin embargo, desde la noticia de hoy hasta el acuerdo en junio entre el PP y el PSOE, firmado para romper el bloqueo en la renovación del CGPJ. El CGPJ, órgano del que después dependen los nombramientos en los más altos tribunales, gozaba de una mayoría conservadora, pero su renovación no se producía porque exigía una mayoría reforzada en el parlamento. Esta mayoría reforzada es la garantía de que los nombramientos tienen que ser consensuados y que por tanto no puede imponerlos ninguna de las partes. La Constitución establece este mecanismo porque es mejor una justicia con las renovaciones bloqueadas que una justicia colonizada. Feijóo vino sin embargo a romper este bloqueo mediante un acuerdo con Pedro Sánchez en virtud del cual se renovaban los miembros del CGPJ, se perdía la mayoría conservadora, se aceptaba un teórico empate entre progresistas y conservadores que le daba a Sánchez una faculta de bloqueo, y a cambio de ello el PP tan sólo obtenía una promesa de que en 6 meses el nuevo CGPJ enviaría al Congreso una propuesta de reforma de los nombramientos de modo que, de cara al futuro, se garantizara la despolitización y la independencia. ¿Qué ha sucedido ahora que han pasado 6 meses? Pues que no se ha producido esa propuesta, que el nuevo CGPJ está paralizado, que el PSOE ha incumplido el acuerdo, que a Feijóo le han vuelto a tomar el pelo, que el sanchismo tiene bloqueado el nuevo CGPJ, que se ha cumplido todo lo que vaticinábamos los medios críticos y que han hecho el ridículo los medios que por convicción o sumisión financiera aplaudieron el allanamiento de Feijóo ante el sanchismo.
Efectivamente, ya han pasado los 6 meses desde que el PP firmó el acuerdo con Sánchez y no se ha presentado la propuesta de reforma comprometida. Como algunos denunciamos en su momento, en realidad el compromiso de que tenía que presentarse una reforma era puro humo. Por citarnos a nosotros mismos en junio: “estamos dando por hecho que dentro de 6 meses habrá una propuesta de los 20 nuevos vocales del CGPJ, pero esto también es imposible darlo por hecho. Para que haya una propuesta tiene que haber un acuerdo de 3/5 de esos vocales. O sea, que puede que haya un bloqueo. Si el sanchismo quiere habrá un bloqueo. Si pasan esos 6 meses sin una propuesta consensuada por el CGPJ tampoco está previsto nada en el acuerdo. Por tanto ni siquiera está garantizado que llegue nunca una propuesta al Congreso, donde a su vez la mayoría sanchista podrá hacer lo que quiera con esa propuesta. Todo esto, según la literalidad del pacto, es lo que el PP ha acordado a cambio de perder la mayoría conservadora del CGPJ, lo que el PP nos está vendiendo como un éxito y lo que los terminales políticos del PP están sumisamente aplaudiendo”.
Como por otra parte queda abandonado a la literalidad del acuerdo, que el nuevo CGPJ consensuara una reforma respecto a la futura forma de renovar este órgano (y asegurar su independencia) tampoco garantizaría nada. Lo que prevé el acuerdo es que esa propuesta, en su caso, llegue al Congreso, donde no sería vinculante para los partidos mayoritarios. O sea, que los firmantes ni están obligados a aprobar esa reforma cuando llegue y como llegue del CGPJ al Congreso, si algún día llega,, sino sólo a debatirla, ni tienen un plazo para hacer algo al respecto. Es decir, que el sanchismo puede hacer o no hacer lo quiera, cuando quiera, si quiere. Este es el magnífico acuerdo que Feijóo obtuvo hace 6 meses con el sanchismo, y que algunos tanto aplaudieron.
