Que haya un asesino de la ETA en el consejo de administración de Sunsundegui, representando a los trabajadores, siendo además Sunsundegui una empresa sobre la que se ha derramado una increíble lluvia de millones de dinero público para sostenerla, es una noticia triste e indignante a partes iguales. La pregunta además es, ¿no pudo hacer nada al respecto el Gobierno de Navarra? ¿Cómo toleró aquella ofensa para las víctimas?
Lo que ahora pone sobre la mesa UPN es una evidencia documental de que si el asesino de Ulayar acabó en el consejo de administración de Sunsundegui fue porque el Gobierno de Navarra no quiso actuar. El Gobierno de Navarra acordó autorizar a la sociedad pública SODENA a prestar hasta varios millones de euros a Sunsundegui, el grueso de los cuales se condicionaba a implantar una nueva dirección al frente de la empresa, cuyo consejo de administración se encontrara “consensuado con SODENA”.
Es decir, el consejo de administración de Sunsundegui tenía que consensuarse con SODENA. Por consiguiente, sin la aprobación de SODENA no podía conformarse el consejo de administración. De este modo, apelando a esta cláusula, el asesino de Ulayar no podía pasar a formar parte del consejo de administración sin el consentimiento de SODENA.
Entonces, ¿no quiso o no pudo el Gobierno de Navarra frenar la llegada del asesino al consejo de admnistración y evitar este ultraje a las víctimas y a todo el conjunto de la sociedad? A la vista de las evidencias documentales parece que no es que no pudiera. Será que entonces no quiso. Y la silla de Chivite, ¿de quién depende? A lo mejor la respuesta nos ayuda a entender. La responsabilidad en todo caso es descomunal.