Los funcionarios andan en pie de guerra porque el gobierno, haciendo económicamente inviable la concertación con las aseguradoras, quiere acabar con MUFACE, o por lo menos con la facultad que esta peculiar mutualidad de los funcionarios les otorga para poder elegir entre ser atendidos por la sanidad pública o la privada.
No menos significativo que este curioso privilegio funcionarial, en virtud del cual ellos pueden elegir si quieren sanidad pública o privada frente al resto de la población, es que efectivamente la gran mayoría de ellos, llegado el momento de elegir, prefiere acudir a la sanidad privada, concretamente el 82%. ¿Son un colectivo especial o es lo mismo que, si pudiera, elegiría también el conjunto de la población?
No deja de ser curioso que, en vez de extender el sistema de MUFACE a toda la población, para que todos podamos elegir y no sólo los funcionarios, la apuesta del gobierno sea que ya nadie pueda elegir. Por supuesto esto es un recorte y un empeoramiento de la atención. O sea, cuando se puede elegir y se elige una opción en vez de otra, es por ser la mejor. Nadie elige libremente el peor servicio. Por tanto obligar a los usuarios a elegir el peor servicio es un recorte.
¿Qué le importa por otro lado al gobierno si la gente elige la sanidad pública o la privada? Imponer que la gente tenga que ser atendida por la sanidad pública, aunque tenga un peor servicio o mayores esperas, no es perseguir el bienestar de la población sino un acto de militancia. De hecho, se coloca la ideología por encima del bienestar de la población.
Conseguir que la gente acudiera a lo público sin quitarle la libertad de elección sería por otro lado tan sencillo como lograr que lo público funcionara mejor. En tal caso todo el mundo elegiría lo público sin necesidad de que se le obligara. ¿Para qué iba nadie a contratar un seguro privado si lo público funcionara mejor? Acabar con la libertad de elección es por tanto la manera torpe y totalitaria de promover el uso de lo público. Es también la forma de evitar que se visualice cómo funciona un mismo servicio alternativo a lo público. Por lo demás, lo que le faltaba a la sanidad pública es tener que pasar a tener que atender de golpe a esos 1,5 millones extra de usuarios adicionales. Más todos aquellos usuarios no funcionarios de seguros médicos privados a los que fiscalmente se está persiguiendo. Nos encontramos en manos de odiadores de la libertad y de auténticos genios.
