El Tribunal Administrativo de Navarra ha estimado el recurso interpuesto por la asociación cultural Pompaelo contra el Ayuntamiento de Pamplona por haber financiado ilegalmente con 6.000 euros la Korrika de 2023. En consecuencia, ha anulado esta subvención.
La decisión de pagarle 6.000 euros a la Korrika se ejecutó mediante un contrato menor de patrocinio, esquivando de este modo todas las limitaciones asociadas a la concesión de subvenciones municipales sin que se cumplieran los requisitos para ello. Pompaelo promovió un recurso de alzada al considerar que esta contratación «no se ajustaba a Derecho», y el tribunal navarro les ha dado la razón.
El tribunal determina que la ayuda a la Korrika «no cumple con los requisitos de los contratos menores», y «no se encuentra justificado el retorno publicitario», ya que «se desconoce cuál es el valor de mercado de la publicidad proporcionada por el contratista».
¿Se puede usar el dinero público para promocionar el euskera? Evidentemente sí, y es algo que de hecho se hace constantemente dentro de la ley, pero también en ocasiones como esta fuera de la ley. Pompaelo señala que «no se opone a que el Ayuntamiento financie la Korrika ni a su celebración ni a sus objetivos», sino a que se utilice el dinero de todos los pamploneses «de un modo que esquiva los controles y reglas establecidos en la normativa municipal».
La cuestión entonces es, ¿por qué Asirón financia ilegalmente algo que podría y en todo caso debería ser financiado legalmente? La clave a este respecto, según Pompaelo, es la existencia de una normativa que prohíbe la financiación de actos en los que tenga lugar la exaltación de terroristas o del terrorismo. Como todos sabemos, la Korrika se caracteriza todos los años por la presencia de carteles y eslóganes a favor de los asesinos presos de ETA, por la proliferación de sus fotos, e incluso por la participación de los etarras en la carrera en clave protaqgonista.
Según argumenta Pompaelo, «Si esta exaltación, habitual y notoria en todas las ediciones de la Korrika se puede evitar, no habría razón para que no se tramitara como cualquier otra subvención municipal, en concurrencia competitiva y con luz y taquígrafos. Si la naturaleza del acto hace que no puede evitarse, no debería ser financiada con fondos públicos».
Por el lado negativo, Pompaelo indica que cabe recurso contra esta decisión y asume que el Ayuntamiento de Pamplona la recurrirá, por lo que dado que esta asociación no cuenta con los recursos económicos que se necesitarían para asumir los gastos de ese proceso legal, anima a los partidos municipales y las entidades cívicas de Pamplona a que asuman «su parte de responsabilidad».
Efectivamente, ya la anterior legislatura de Asirón vino marcada por un rosario de ilegalidades siempre con el denominador común de favorecer a sus amigos y atropellar los derechos del resto, naturalmente con el dinero de todos, tanto a la hora de entregarlo a los suyos como a la hora de pagar los pleitos o las multas por haberlo hecho fuera de la ley. Y qué más le da todo a Asirón si sus amigos acaban recibiendo el dinero ya sea dentro o fuera de la ley, las consecuencias de hacerlo fuera de la ley no las paga él, y por lo que sea a actuar así no le ponemos la etiqueta de corrupción.
